Maria Ciria Reyes Rosas

Expediente 1953/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1953/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Ciria Reyes Rosas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    MESA IV. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término con el que contaban las partes para que se inconformaran contra el proveído que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tal motivo y en virtud de que no interpusieron el respectivo medio de impugnación, téngase a dichas partes conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que ambos cuadernos del incidente de suspensión derivados del presente expediente, son destruibles, en un plazo de tres años en cuanto al cuaderno original. Por lo que respecta al cuaderno duplicado será destruible en un plazo de seis meses, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo. En otro orden, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    MESA IV. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el oficio remitido por la apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y un anexo que acompañó, mismos que ya obran en autos, con el cual informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, dado que mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto. Por ende, al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido o no el fallo de amparo; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva firmada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó y concedió el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte-Ha Baeza Baeza, y Zully Ariadne Tun Ávila,. Inconforme con esa determinación la parte quejosa, la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Yucatán y por Astrid Guadalupe Domínguez Pelaéz apoderada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, interpusieron el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de referencia, del cual tocó conocer por razón de turno al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, formándose el toca 132/2023. Mediante sesión ordinaria virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, resolvieron el aludido recurso, lo cual se comunicó a este Juzgado por oficio 643/2023-P.1, adjuntando la resolución en la que en ad en su primer punto resolutivo, desechó el recurso de revisión interpuesto por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, por conducto de su apoderada; en el segundo punto resolutivo, modificó la sentencia recurrida; en el tercer punto resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por Orlando Baeza Villanueva y Leidy Georgina Solis G. Cantón, contra los actos que reclamaron del Gobernador del Estado de Yucatán y de otras autoridades, todos con sede en esta ciudad de Mérida, por las razones expuestas en la sentencia recurrida; en su cuarto punto resolutivo, la justicia de la Unión determinó que la Justicia de la Unión No Ampara ni Protege, a la parte quejosa María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte Ha Baeza Baeza, y Zully Ariadne Tun Ávila, en contra de los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y otras autoridades; por los motivos y fundamentos expuestos en la sentencia sujeta a revisión y el apartado segundo del considerando sexto de dicha ejecutoria; y en el quinto punto resolutivo, la Justicia de la Unión determinó que AMPARA Y PROTEGE a María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte Ha Baeza Baeza, y Zully Ariadne Tun Ávila, consistente en el Decreto 532/2022 por el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, con motivo del inicio de su vigencia, por las razones expuestas en dicha ejecutoria; por lo que se requirió su cumplimiento al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: Efectos de la concesión: SÉPTIMO. Efectos del amparo. En atención a las consideraciones expuestas, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de las fracciones XIX y XXI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, relacionada con el numeral séptimo transitorio de la propia legislación, en las porciones normativas que precisan "Salario regulador: equivale al 85% (ochenta y cinco por ciento) del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional" y "El salario de cotización mensual en ningún caso podrá ser menor que el salario mínimo general mensual ni mayor a $43,876.35 pesos mensuales de 2022, esta cantidad se actualizará anualmente mediante el índice nacional", para el efecto de que las autoridades responsables:  No apliquen a los quejosos María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte-Ha Baeza Baeza, y Zully Ariadne Tun Ávila, las disposiciones declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; y, El otorgamiento de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, de cesantía en edad avanzada, de invalidez o de muerte cuando se coloque en el supuesto respectivo y satisfagan los requisitos necesarios, se calculará considerando el promedio mensual de todas percepciones computables al servidor público, correspondiente a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en que laboraba el trabajador, así como tomando en consideración la cuota diaria de jubilación o pensión que en ningún caso será mayor de ocho veces el salario mínimo general vigente a la fecha de jubilación, conforme a los numerales 70, 71 y 73 de la otrora Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal. En otro orden de ideas, debe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables legislativas, que en el ámbito de su competencia expidieron, aprobaron y promulgaron el decreto reclamado; sin embargo, ello no implica por parte de éstos la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 135, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad del Departamento de Asuntos Contenciosos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, y para ello, remitió el oficio número ISS/SPGF/JP/1371/2023, signado por el Jefe del Departamento de Jubilaciones y Pensiones de ese instituto, mediante el cual le informa que con relación a los aquí quejosos María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte Ha Baeza Baeza, y Zully Ariadne Tun Ávila, estará a lo dispuesto en la parte considerativa de la sentencia emitida en la sentencia de amparo. De igual forma, la autoridad en comento señaló en el oficio de mérito que hasta esa fecha, no obraba solicitud de pensión presentada ante ese departamento. En virtud de lo anterior, tal como lo desprende la información antes mencionada, se aprecia que la responsable ha dado cumplimiento a la sentencia amparadora, cuenta habida que informó que acató los efectos del fallo protector en los términos precisados en el considerando séptimo, esto es, para que no se aplique a la parte quejosa la disposición declarada inconstitucional en este asunto, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; asimismo, precisó que hasta la fecha del aludido oficio la aquí quejosa no había solicitado su pensión. De ahí, que con las actuaciones de la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe

  3. Principal

    MESA IV. Agréguense a estos autos el oficio suscrito por la apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con un anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoria. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio 643/2023-P.1, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el A.R 132/2023, relativo a los recursos de revisión interpuestos por María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Orlando Baeza Villanueva, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte Ha Baeza Baeza, Leidy Georgina Solís G Cantón y Zully Ariadne Tun Ávila, Poder Legislativo del Estado de Yucatán, por conducto de su Directora Jurídica, Gobernador del Estado, a través del Consejero Jurídico, y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a través de su apoderada, contra la sentencia firmada en este juicio; de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo, desecha el recurso de revisión interpuesto por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, por conducto de su apoderada; en el segundo punto resolutivo, se modifica la sentencia recurrida; en el tercer punto resolutivo, se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Orlando Baeza Villanueva y Leidy Georgina Solis G. Cantón, contra los actos que reclamaron del Gobernador del Estado de Yucatán y de otras autoridades, todos con sede en esta ciudad de Mérida, por las razones expuestas en la sentencia recurrida; en su cuarto punto resolutivo, la justicia de la Unión no ampara ni protege, a la parte quejosa María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte Ha Baeza Baeza, y Zully Ariadne Tun Ávila, en contra de los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y otras autoridades por los motivos y fundamentos expuestos en la sentencia sujeta a revisión y el apartado segundo del considerando sexto de dicha ejecutoria; y en el quinto punto resolutivo, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte Ha Baeza Baeza, y Zully Ariadne Tun Ávila, consistente en el Decreto 532/2022 por el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, con motivo del inicio de su vigencia, por las razones expuestas en dicha ejecutoria. Acúsese recibo vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa María Ciria Reyes Rosas, Claudio Gabriel Díaz Argáez, María Esther Frías López, Rosario Guadalupe Ramayo Medina, Martha Antonia Cruz Baas, Margarita Cruz Baas, Nicte Ha Baeza Baeza, y Zully Ariadne Tun Ávila, en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibido que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, no se requiere cumplimiento al Gobernador del Estado, al Congreso de Yucatán, Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán y el Director del Diario Oficial del Estado, todos con sede en esta ciudad, pues si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables legislativas, que en el ámbito de su competencia expidieron, aprobaron y promulgaron el decreto reclamado; sin embargo, ello no implica por parte de éstos la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 135, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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