Maria Carolina Navarrete Perez

Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
310/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • Maria Carolina Navarrete Perez
  • Fiscal Investigador del Ministerio Publico de la Fiscalia Investigadora Mixta Uno En Merida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    MESA VI. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que se inconformaran o no, con el proveído de once de julio de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Finalmente, ya que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda copia certificada del contrato de compraventa; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa, para que acuda a este Tribunal con identificación oficial vigente, a fin de recoger el documento de referencia, previa copia que deje en autos; en el entendido que de no hacerlo, dentro del plazo de noventa días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, correrá la suerte del presente juicio de amparo. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a las partes en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que hayan hecho manifestación al respecto; este órgano de control de control constitucional procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, por este órgano de control constitucional, en la que se concedió a la quejosa María Carolina Navarrete Pérez, el amparo y protección que solicitó contra los actos que reclamó del Fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como de la Directora y de los Registradores de su adscripción, todos con sede en esta ciudad de Mérida. De ahí, por ejecutoria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, que confirmó la sentencia recurrida, se requirió a las autoridades responsables para efecto de que realizaran lo siguiente: "a) La autoridad ministerial responsable deje sin efectos la determinación reclamada de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta de investigación M1/183/2018. b) Emita nueva determinación, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta sentencia, determine que carece de facultades para ordenar la cancelación o inmovilización de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los folios electrónicos 203781 y 826895, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, como es el de la posesión, ya que ello debe ser solicitado por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público ante el Juez de Control." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Directora y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad de Mérida, informaron acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo copias certificadas de diversas actuaciones, consistentes en: Copia certificada de la resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó sin efectos el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, ordenando dejar sin efectos el cierre e inmovilización de registro de la inscripción vigente de propiedad de los predios señalados por la parte quejosa. así como los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0753/2019 y INSEJUPY/INMOBF/DJ/AR/0754/2019, de los que se informa la cancelación del cierre de registro con números de inscripción 2279285 y 2279290, ordenados en autos de la carpeta de investigación M1/183/2018 Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el Juez determina que se tiene por cumplida la sentencia concesoria a la parte quejosa dictada en el presente asunto, pues en el caso, de los oficios señalados en líneas precedentes, se advierte que se dejó sin efectos el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación, así como la cancelación del cierre e inmovilización de registro de la inscripción vigente de propiedad de los predios de la aquí quejosa, motivo de los efectos de la sentencia concesoria del presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a las partes en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que hayan hecho manifestación al respecto; este órgano de control de control constitucional procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, por este órgano de control constitucional, en la que se concedió a la quejosa María Carolina Navarrete Pérez, el amparo y protección que solicitó contra los actos que reclamó del Fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como de la Directora y de los Registradores de su adscripción, todos con sede en esta ciudad de Mérida. De ahí, por ejecutoria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, que confirmó la sentencia recurrida, se requirió a las autoridades responsables para efecto de que realizaran lo siguiente: "a) La autoridad ministerial responsable deje sin efectos la determinación reclamada de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta de investigación M1/183/2018. b) Emita nueva determinación, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta sentencia, determine que carece de facultades para ordenar la cancelación o inmovilización de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los folios electrónicos 203781 y 826895, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, como es el de la posesión, ya que ello debe ser solicitado por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público ante el Juez de Control." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Directora y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad de Mérida, informaron acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo copias certificadas de diversas actuaciones, consistentes en: Copia certificada de la resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó sin efectos el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, ordenando dejar sin efectos el cierre e inmovilización de registro de la inscripción vigente de propiedad de los predios señalados por la parte quejosa. así como los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0753/2019 y INSEJUPY/INMOBF/DJ/AR/0754/2019, de los que se informa la cancelación del cierre de registro con números de inscripción 2279285 y 2279290, ordenados en autos de la carpeta de investigación M1/183/2018 Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el Juez determina que se tiene por cumplida la sentencia concesoria a la parte quejosa dictada en el presente asunto, pues en el caso, de los oficios señalados en líneas precedentes, se advierte que se dejó sin efectos el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación, así como la cancelación del cierre e inmovilización de registro de la inscripción vigente de propiedad de los predios de la aquí quejosa, motivo de los efectos de la sentencia concesoria del presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Agréguense a estos autos para que obren como correspondan los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0753/2019 y INSEJUPY/INMOBF/DJ/AR/0754/2019, suscritos por la Directora y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad de Mérida y los anexos que acompañan, de los cuales se reserva proveer lo conducente hasta que se acuerde lo relativo al estudio de cumplimiento de la sentencia concesoria en el presente asunto.

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