María Antonieta Valdez

Expediente 1369/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1369/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • María Antonieta Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documento. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que acuda a este órgano por la devolución de documentos originales; toda vez que estos no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta que contiene el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y las documentales anexas a su informe de ley, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" En relación con esta causal de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la 2a. XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Registro digital: 196442, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. XLVIII/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, Tipo: Aislada. "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Del estudio integral de la demanda de derechos humanos y la constancia que anexa la quejosa, se aprecia que se señala como acto reclamado: - La omisión de fijar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 103/11. El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado, existe una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. Así las cosas, de la documental anexa se advierte que según constancia de nueve de noviembre del año en curso, no fue posible llevar acabo la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no fue posible localizar los autos originales del juicio natural, a saber 103/11, por lo que se ordenó la apertura del incidente de reposición de autos. De lo anterior, puede inferirse que para que se actualice la causal de improcedencia en estudio es necesario que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte por alguna circunstancia, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen por haber dejado de existir la materia u objeto del acto. Por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional y jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria o podría en su caso, ocasionar un detrimento mayor en perjuicio del gobernado. Existen diversas razones que pueden actualizar la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como son: a) Que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encuentre incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; b) La situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o c) Por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Bajo ese contexto, si bien subsiste el antedicho acto reclamado, también lo es, que no puede tener ningún efecto jurídico, ya que el acto no puede surtir consecuencia material alguna en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional, en razón de haber dejado de existir el objeto o materia del acto aquí reclamado (omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones), dado que tal como se advierte de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, no fue posible señalar fecha para la de la audiencia 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el juicio de origen se encuentra extraviado. Se estima que en el caso la omisión de efectuar las actuaciones proclives dentro del citado juicio laboral, no puede surtir efecto legal alguno, pues jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estima violado, ya que la reactivación del juicio dependerá de la reposición de constancias. Por lo que no puede analizarse la constitucionalidad de los actos que por este vía se reclaman, ya que los efectos de una sentencia concesoria de amparo no podrían concretarse, a consecuencia del entorno en donde tuvo su origen, debido a que no existe materia para ordenar las acciones propensas al cumplimiento de las omisiones que se duele, menos aún para analizar la inconstitucionalidad. De manera que, si se estimara lo contrario y considerar que el acto originalmente reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que se estima violado sin afectar la situación jurídica actual que guarda el procedimiento de origen. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad tiene por objeto reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. De ahí que se considere que de estimarse inconstitucional el acto reclamado, no podría darse los efectos restitutorios a la parte quejosa pues la materia del mismo dejó de existir, al haberse extraviado el expediente laboral - causa generadora del derecho aquí reclamado-. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala, Novena Época Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 181/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189,Tipo: Jurisprudencia. "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por ende, el acto reclamado en este juicio de amparo no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal a que actualmente se encuentra el asunto de la Junta responsable. Cabe precisar que en caso de inconformidad con dicha actuación, la parte aquí quejosa está en aptitud de promover el medio de defensa que estime pertinente, pues el acto omisivo aquí reclamado ha dejado de tener efecto en el juicio laboral de origen. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII y 107, fracción V, este a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Audiencia constitucional sin efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada, a saber, las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta que contiene el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y las documentales anexas a su informe de ley, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" En relación con esta causal de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la 2a. XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Registro digital: 196442, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. XLVIII/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, Tipo: Aislada. "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Del estudio integral de la demanda de derechos humanos y la constancia que anexa la quejosa, se aprecia que se señala como acto reclamado: - La omisión de fijar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 103/11. El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado, existe una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. Así las cosas, de la documental anexa se advierte que según constancia de nueve de noviembre del año en curso, no fue posible llevar acabo la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no fue posible localizar los autos originales del juicio natural, a saber 103/11, por lo que se ordenó la apertura del incidente de reposición de autos. De lo anterior, puede inferirse que para que se actualice la causal de improcedencia en estudio es necesario que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte por alguna circunstancia, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen por haber dejado de existir la materia u objeto del acto. Por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional y jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria o podría en su caso, ocasionar un detrimento mayor en perjuicio del gobernado. Existen diversas razones que pueden actualizar la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como son: a) Que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encuentre incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; b) La situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o c) Por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Bajo ese contexto, si bien subsiste el antedicho acto reclamado, también lo es, que no puede tener ningún efecto jurídico, ya que el acto no puede surtir consecuencia material alguna en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional, en razón de haber dejado de existir el objeto o materia del acto aquí reclamado (omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones), dado que tal como se advierte de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, no fue posible señalar fecha para la de la audiencia 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el juicio de origen se encuentra extraviado. Se estima que en el caso la omisión de efectuar las actuaciones proclives dentro del citado juicio laboral, no puede surtir efecto legal alguno, pues jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estima violado, ya que la reactivación del juicio dependerá de la reposición de constancias. Por lo que no puede analizarse la constitucionalidad de los actos que por este vía se reclaman, ya que los efectos de una sentencia concesoria de amparo no podrían concretarse, a consecuencia del entorno en donde tuvo su origen, debido a que no existe materia para ordenar las acciones propensas al cumplimiento de las omisiones que se duele, menos aún para analizar la inconstitucionalidad. De manera que, si se estimara lo contrario y considerar que el acto originalmente reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que se estima violado sin afectar la situación jurídica actual que guarda el procedimiento de origen. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad tiene por objeto reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. De ahí que se considere que de estimarse inconstitucional el acto reclamado, no podría darse los efectos restitutorios a la parte quejosa pues la materia del mismo dejó de existir, al haberse extraviado el expediente laboral - causa generadora del derecho aquí reclamado-. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala, Novena Época Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 181/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189,Tipo: Jurisprudencia. "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por ende, el acto reclamado en este juicio de amparo no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal a que actualmente se encuentra el asunto de la Junta responsable. Cabe precisar que en caso de inconformidad con dicha actuación, la parte aquí quejosa está en aptitud de promover el medio de defensa que estime pertinente, pues el acto omisivo aquí reclamado ha dejado de tener efecto en el juicio laboral de origen. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII y 107, fracción V, este a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Audiencia constitucional sin efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada, a saber, las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María Antonieta Valdez, contra el acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirva de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérasele a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción, la intervención legal que le compete. 10. Terceros interesados. Debido a la naturaleza del acto reclamado, se advierte la inexistencia de la parte tercero interesada. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 13. Domicilio. Téngasele señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. 14. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña al escrito de demanda, así como la presuncional e instrumental de actuaciones; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de requerir a la autoridad responsable por las copias certificadas del juicio de origen, dígasele que en párrafos que antecede se proveyó al respecto. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Notificación a la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que únicamente será notificada por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de a su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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