María Armida Murillo Castro

Expediente 421/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
421/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • María Armida Murillo Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    E TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE ORDENA EL ARCHIVO)

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL DE LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 22 DE JUNIO DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA.......

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de junio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Glósese el oficio de cuenta suscrito por el director general del Hospital General del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por acuerdo de siete de junio de este año, informa que la aquí quejosa María Armida Murillo Castro, se encuentra con permiso pre jubilatorio, el cual es un beneficio contractual que le permite disfrutar de licencia con goce de sueldo, hasta el momento que se formalice su jubilación por parte de la instancia correspondiente; asimismo, acompaña copia certificada de la información que refiere. Sobreseimiento por actualizarse causal de improcedencia. Del estado procesal que guardan los autos del sumario, se evidencia la actualización manifiesta de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Dicha hipótesis normativa requiere, para su actualización, el cumplimiento de tres requisitos: 1) que el acto reclamado subsista; 2) que no pueda surtir efecto legal o material; y, 3) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Como se observa, el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; esto es, cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no inciden en la esfera jurídica de la parte impetrante de garantías, en virtud del cambio sufrido del entorno jurídico en que surgió éste, lo que hará fácticamente imposible lograr los fines propuestos por el legislador para el juicio de derechos fundamentales, porque de todas formas lo que pudiera resolverse en el juicio de amparo, no trascendería en la esfera de derechos del peticionario, en relación con los efectos de una posible sentencia concesoria, dado que las condiciones u objeto del acto ya no son las mismas por las cuales se emitió, o incidían en el agraviado. Para explicación de la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es menester precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados por la parte quejosa, substancialmente se hicieron consistir en: El incumplimiento dado al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por el que se establecen las medidas preventivas que se debían implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad producida por el virus SARSCoV2 (COVID-19), mediante el cual se determinó como medida preventiva "Evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerable". Asimismo, la omisión de observar los diversos acuerdos publicados en treinta y uno de marzo y veintiuno de abril de aquél año, publicados en el Diario Oficial de la Federación, mediante los cuales se amplió el periodo de contingencia hasta quedar al día treinta de mayo de dos mil veinte. La anterior reclamación la efectuó la quejosa, argumentando que la responsable omitía considerar que padece de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiportiroidismo, osteoartrosis generalizada, artrosis de rodilla, obesidad, trastorno mixto de ansiedad y depresión, lumbalgia recurrente, desgaste y abombamiento lumbar y desgaste en cadera y otros más como problemas respiratorios y de sinusitis frecuentemente y que por tanto pertenece a la categoría de grupo vulnerable, reclamando así también, la omisión de parte de las responsables en la aplicación de las medidas preventivas derivadas del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a fin de proteger su derecho de salud a la vida. En relación con su reclamo, la impetrante explicó bajo protesta de decir verdad, que al conversar con su superior jerárquico el quince de julio de dos mil veinte y haberle solicitado que se tomaran en cuenta las condiciones de salud en las que se encontraba y pedirle se le permitiera no presentarse a laborar en el centro de trabajo, su solicitud le fue negada. Aquí, cabe acotar que mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, con las actuaciones existentes hasta esa data, consideró viable la actualización de la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio; sin embargo, contra dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo Quinto Circuito, quien revocó aquélla determinación y ordenó la devolución de los autos para que se continuara con el trámite del juicio. Derivado de lo anterior, mediante acuerdo de siete de junio del presente año, este órgano señaló hora y fecha para la audiencia constitucional y requirió a las autoridades responsables y a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, manifestaran si hasta esa data, habían cambiado las condiciones de trabajo (en relación con el acto reclamado), o bien, si se actualizaba alguna causal de improcedencia, ordenando notificar por oficio a las responsables y personalmente a la quejosa dicho acuerdo. Como consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable director General del Hospital General del Estado, con residencia en esta ciudad, se manifestó al respecto, exponiendo que María Armida Murillo Castro, actualmente se encuentra con permiso prejubilatorio, derivado del beneficio contractual que le permite disfrutar de licencia con goce de sueldo hasta el momento en que se formalice su jubilación por parte de la instancia correspondiente; derivado de lo cual invoca que se ha actualizado una causal de improcedencia, lo cual se estima fundado, empero, no en relación con la hipótesis que invoca (cesación de efectos), sino la que aquí se analiza. En efecto, de las documentales que remitió la responsable adjuntas al oficio de cuenta, a las cuales se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°., se advierte que actualmente la quejosa goza del derecho laboral que contempla el artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, consistente en licencia prejubilatoria con goce de sueldo, desde el uno de diciembre de dos mil veintiuno, a la fecha. En ese orden, es inconcuso que aunque el reclamo combatido subsiste (pues no existe constancia que demuestre lo contrario, aportada por las responsables; sin embargo, ya no surte efectos legales o materiales sobre la esfera jurídica de la quejosa. Es así, pues si bien, en el presente asunto se reclamó el incumplimiento de las medidas de prevención derivadas del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a fin de proteger el derecho de salud a la vida, relativa a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a través de la cual se determina como medida preventiva "Evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerable"; ello, en razón de que la impetrante estaba siendo obligada a acudir presencialmente a su centro de trabajo; sin embargo, en virtud de la información documentada expuesta por la responsable, se advierte que han cambiado las condiciones de trabajo, toda vez que la quejosa ya no se encuentra en calidad de trabajadora activa, pues cuenta con permiso prejubilatorio, beneficio contractual que le permite disfrutar licencia con goce de sueldo, hasta el momento que se formalice su jubilación por parte de la instancia correspondiente, por lo que ha dejado de existir el objeto de aquél reclamo constitucional. En esa medida, actualmente en nada afecta a la parte quejosa el reclamo planteado en esta instancia constitucional, de modo que al haber ocurrido una modificación en la situación contractual o entorno laboral en que surgió el reclamo, el eventual fallo concesorio que se emitiera al respecto no trascendería a la esfera jurídica actual de la parte quejosa, por haber desaparecido el objeto que se pretendía con la demanda de amparo, dado que con la licencia prejubilatoria con goce de sueldo, la quejosa no está sujeta actualmente a las condiciones laborales de trabajadora activa; de ahí, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis número 2ª./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, los actos que combate, ya no le causan perjuicio alguno, por lo que resulta innecesario analizar si son o no constitucionalmente válidos. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de esa misma Ley, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Es pertinente destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causa; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional - nueve horas con treinta y un minutos del ocho de julio de dos mil veintidós-. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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