María Antonieta Huerta Sabori
Expediente 1423/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Araceli Ripalda Navarro
- Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil, ciudad
- María Antonieta Huerta Sabori
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de los autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia señalada para esta fecha, en virtud de que no han mediado por lo menos ocho días entre la fecha en que se emplazó a juicio a la parte tercera interesada, y la celebración de la audiencia en comento. Al respecto es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Tomo XXI, marzo de 2005, página 1119, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, misma que es del texto y rubro siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." En consecuencia, a fin de dar margen a que se cumpla lo anterior la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con treinta y tres minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarlas y desahogarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Legajos de pruebas. Debido a la voluminosidad de las documentales exhibidas por el oficiante de referencia, se ordena formar por separado dos legajos de pruebas que se identificarán como tomo I y II, para dar mayor facilidad a su manejo. Imposibilidad para crear versión digital. Con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización de las referidas constancias, por lo que quedarán disponibles para su consulta en la secretaría de este órgano. Tercera interesada. Asimismo, de las constancias que remite la responsable, se desprende que le resulta el carácter de tercera interesada a **** en su carácter de contraparte de la parte quejosa en el juicio de origen, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, carácter que se le tiene reconocido para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso B) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en ***, ambos de esta ciudad, y proceda emplazar formalmente a la referida tercera interesada, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, auto de radicación y del presente proveído, informándole que se encuentran señaladas las diez horas con treinta y tres minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la tercera interesada y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. 2. Desechamiento respecto de la secretaria segundo adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil de esta ciudad). Al respecto, del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. 3. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, endosatario en procuración de ********************, en contra del acto atribuido al juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora. 4. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con treinta y tres minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarlas y desahogarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Legajos de pruebas. Debido a la voluminosidad de las documentales exhibidas por el oficiante de referencia, se ordena formar por separado dos legajos de pruebas que se identificarán como tomo I y II, para dar mayor facilidad a su manejo. Imposibilidad para crear versión digital. Con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización de las referidas constancias, por lo que quedarán disponibles para su consulta en la secretaría de este órgano. Tercera interesada. Asimismo, de las constancias que remite la responsable, se desprende que le resulta el carácter de tercera interesada a **** en su carácter de contraparte de la parte quejosa en el juicio de origen, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, carácter que se le tiene reconocido para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso B) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en ***, ambos de esta ciudad, y proceda emplazar formalmente a la referida tercera interesada, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, auto de radicación y del presente proveído, informándole que se encuentran señaladas las diez horas con treinta y tres minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la tercera interesada y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. 2. Desechamiento respecto de la secretaria segundo adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil de esta ciudad). Al respecto, del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de Distrito, si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Pues bien, del examen del ocurso constitucional, se advierte que la demanda intentada es improcedente y, por tanto, deberá desecharse por una parte. Los dispositivos 61, fracción XXIII, 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia determinan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La ********************, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de ******************** cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Como se puede advertir, la Ley de Amparo prevé, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como ********************; además, como cuestión adicional, precisa que en determinada situación los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, se condiciona al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, con base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Complementa las características de la ******************** en el juicio de amparo, la Jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tanto en la abrogada ley como en la nueva, la condición que define la procedencia del juicio de amparo es una función prevista en una norma jurídica, cuyo efecto repercute de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. La diferencia entre tales disposiciones, como ya quedó evidenciado, es que esa afectación puede derivar de una persona privada (un particular) y no sólo de un ente público. El Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. La Primera Sala del Máximo Tribunal, también se ha pronunciado, estableciendo que si la actuación del secretario de acuerdos sólo consistió en dar fe y autorizar el fallo de su superior, no puede considerarse como acto de autoridad en sí, y por ello el amparo es improcedente contra la reclamación de ese acto, interpretando a contrario sensu la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo; con sustento en la Tesis siguiente: "SECRETARIOS DE LOS JUZGADOS CUANDO NO OBRAN COMO AUTORIDADES. El acto que se reclama del secretario del juzgado responsable, si sólo consintió en dar fe, y autorizar el fallo de su superior, no puede considerarse como acto de autoridad en sí, y el amparo es improcedente contra el mismo, interpretando contrario sensu la fracción I, del artículo 1o., de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del artículo 73, de la misma ley, y debe sobreseerse como lo previene la fracción III del artículo 74, de la citada Ley de Amparo." En el particular, el quejoso ********************, señala como responsable a la ********************; sin embargo, conforme a lo expuesto, no le resulta el carácter de ********************. A su vez, apoya la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Novena Época, Tesis: VI.2o.C.303 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 3065, cuyo rubro y texto establecen: "SECRETARIO DE ACUERDOS. CASO EN EL QUE TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando en el juicio de garantías se cuestiona la legalidad de una omisión que se atribuye como acto reclamado al secretario de acuerdos de un órgano jurisdiccional, por incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo, tales como dar cuenta con los escritos o promociones que se le presentan dentro del término previsto para ello, o bien, asentar en autos las certificaciones que deba realizar, es inconcuso que sí le reviste el carácter de ********************, por ser un funcionario público encargado de llevar a cabo y cumplir lo ordenado por la ley, actualizándose en este supuesto un caso de excepción al criterio firme establecido en el sentido de que carece de tal carácter en aquellos casos en que únicamente interviene validando la actuación del titular de la función jurisdiccional al que se encuentra adscrito, dando fe de lo por él resuelto." Bajo ese contexto, interpretando la tesis anterior en sentido contrario y teniendo en cuenta el acto reclamado, así como los hechos que bajo protesta de decir verdad expuso el promovente, la aludida secretaria de acuerdos no puede ser considerada como ********************, pues únicamente fungió como dadora en la actuación reclamada. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, por lo que respecta al ********************, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, endosatario en procuración de ********************, en contra del acto atribuido al juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora. 4. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con treinta y tres minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 5. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 6. Apercibimiento a la ********************. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 7. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 8. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la mismas, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 9. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 10. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete. 11. Emplazamiento. Este órgano jurisdiccional se reserva proveer al respecto hasta en tanto sea rendido el informe justificado de las autoridades responsables. 12. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a la ******************** proporcionar una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación en este punto, que la parte quejosa señaló correo electrónico para efecto de establecer comunicación sobre cuestiones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. 13. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. 14. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 15. Autorizados. En cuanto a las persona que menciona en su demanda la parte promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 16. Notificación a la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de la ********************, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 17. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 18. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 19. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se de trabajo en las áreas instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 20. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 21. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 22. Copias de constancias del Expediente Electrónico. Conforme a lo previsto por el segundo párrafo del numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese ******************** a la quejosa, la ********************, y por oficio a la ********************. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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