María Antonieta Solís del Castillo
Expediente 1874/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1874/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Antonieta Solís del Castillo
- A.C. M. S.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído dictado en este juicio el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el proveído señalado en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a la autoridad responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos el escrito de MARÍA ANTONIETA SOLÍS DEL CASTILLO, en representación de su hija menor de edad ANISA CAROLINA MELAYES SOLÍS; mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que le fueron aplicadas a la menor de edad quejosa antes referida, las dos dosis de la vacuna de Pfizer BIOnTech; circunstancia que actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público y de carácter oficioso. Por tanto, este órgano federal se encuentra obligado a tomar tal manifestación en consideración y al efecto se provee: De las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, así como la probanza que exhibió con el escrito que se acuerda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad ANISA CAROLINA MELAYES SOLÍS, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de este año, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022, lo que pone en riesgo su salud. Sin embargo, de lo manifestado por el promovente bajo protesta de decir verdad, se aprecia que a la menor quejosa ya le fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna Pfizer. Circunstancia que aconteció con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran en el estado que se encontraban anteriormente, como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. No obsta a lo anterior que el derecho que en el presente sumario se aduce violado es el relativo a la salud de una menor, circunstancia relevante a la luz del principio de interés superior de ésta; empero, tomando en consideración que el acto reclamado se delimitó al servicio prestacional relativo a la vacuna de la menor quejosa, es evidente que con la conducta desplegada por las responsables correspondientes se destruye la conducta contumaz que originó el presente sumario y, por ende, se torna improcedente la acción intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuatro minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el telegrama remitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la ciudad de México, por conducto de la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina del Abogada General, mediante el cual se pronuncia y realiza manifestaciones en torno a las facultades del Titular del ejecutivo para dar cumplimiento a la medida suspensional concedida en este incidente. Manifestaciones que se tienen vertidas únicamente para los efectos legales conducentes, ya que el seis de enero de dos mil veintidós se celebró la audiencia interlocutoria y se emitió la resolución correspondiente en el presente incidente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el Licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
VISTOS los autos incidentales, en primer término cabe precisar que en el presente asunto está involucrado una menor de edad, y siendo que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, en virtud de que darles el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos. Sin embargo, si bien es verdad que por lo regular en asuntos de índole judicial, a fin de resguardar la identidad de la menor de edad, se determina como medida para proteger la intimidad del mismo, que se suprima su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlo; lo cierto es, que en el particular, dada la materia y trascendencia del asunto, resulta indispensable que se encuentre plenamente identificada; por lo que en este caso, no se hará la supresión de su nombre. Lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento además, en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a lo anterior, a fin de resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1684/2021-IV-A, promovido por MARÍA ANTONIETA SOLÍS DEL CASTILLO, representante de su hija menor de edad ANISA CAROLINA MELAYES SOLÍS, y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, MARÍA ANTONIETA SOLÍS DEL CASTILLO, representante de su hija menor de edad ANISA CAROLINA MELAYES SOLÍS, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: ORDENADORA Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Residente en la Ciudad de México. EJECUTORAS 2. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación contra Covid-19 "Operativo Correcaminos", Con domicilio en Yucalpetén, Yucatán. 3. Delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Yucatán. 4. Gobernador del Estado de Yucatán. 5. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán. Con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. TERCERO. Mediante interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió lo relativo a la autoridades responsables locales y se difirió la audiencia únicamente por lo que respecta a las autoridades responsables foráneas, misma que se llevó a cabo el día de hoy, en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: ACTO RECLAMADO. "La exclusión y con ello la discriminación de mi hija en la aplicación de la vacuna contra el Virus SARS-COV-2, no obstante que ha quedado demostrado mundialmente que la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-COV-2 conlleva a una preservación de la vida y es segura para los seres humanos mayores de 12 años como la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Federal lo reconoció mediante comunicado No. 23/2021 de fecha 24 de junio de 2021". Asimismo, se precisa que la parte quejosa refiere dentro del apartado relativo a los actos reclamados, lo siguiente: "[.] De las autoridades ordenadoras y ejecutoras se reclama la violación a los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en contra de mi hija menor de edad Anisa Carolina Melayes Solís, por haber nacido en fecha siete de octubre del año 2005 en esta ciudad de Mérida, Yucatán, así mismo manifiesto que mi hija menor se encuentra cursando el primer grado de preparatoria. [.]". SEGUNDA. Certeza de actos. Respecto a las autoridades señaladas como responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación contra Covid-19 "Operativo Correcaminos", con domicilio en Yucalpetén, Yucatán, al momento de resolver la presente, no se tiene conocimiento de que hubiesen rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificadas, de conformidad con las constancias respectivas consistente en el acuse de recibo y boleta de notificación relativo a la entrega de los oficios correspondientes; mismo que obran en autos. Por ello, debe tenerse como cierto el acto que se les atribuye a dichas autoridades, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisiva con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado estima que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Por ende, en términos de lo previsto en el numeral 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el numeral 4° cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que las responsables dentro del ámbito de sus facultades, realicen a la brevedad, los actos necesarios para lograr la aplicación de la vacuna a la menor quejosa, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda. Considerando que, en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece; "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En la inteligencia de que las autoridades responsables señaladas deben acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se indican. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: UNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a la menor ANISA CAROLINA MELAYES SOLÍS, solicitada por conducto de su representante MARÍA ANTONIETA SOLÍS DEL CASTILLO, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación contra Covid-19 "Operativo Correcaminos", con domicilio en Yucalpetén, Yucatán, en términos de la consideración tercera de la presente interlocutoria. Notifíquese y regístrese.
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