Maria Angelina Otero Carrillo

Expediente 808/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
808/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Maria Angelina Otero Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el oficio 11210/2023 remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión, interpuesto en contra de la sentencia firmada el siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto, y se registró con el número de toca 575/2023. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el oficio 11216 remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual acusa recibo del recurso de revisión, interpuesto en contra de la sentencia firmada el siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto, y se registró con el número de toca 575/2023. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, se tiene a la Superioridad solicitando a este Juzgado Federal la constancia de notificación realizada a la parte quejosa de la sentencia recurrida, toda vez que no obra en el expediente electrónico relativo al presente juicio. En consecuencia, en virtud de que dicha notificación obra agregada en el expediente físico en que se actúa, se ordena digitalizar de inmediato la constancia de notificación personal realizada a la parte quejosa el diez de julio de dos mil veintitrés. Infórmese lo anterior del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales correspondientes, haciendo de su conocimiento que la irregularidad que informa, ha quedado debidamente subsanada. Ahora bien, en cuanto a su solicitud de que le sea remitido el original del escrito de expresión de agravios, no existiendo impedimento legal alguno, a fin de que dicha Superioridad cuente con los elementos necesarios para pronunciarse respecto al recurso de revisión en comento, tal como lo solicita, mediante oficio que para tal efecto se gire, envíese el escrito de agravios original. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, parte tercero interesada y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y Presidente de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número ********************, y se admitió a trámite la misma; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La resolución de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y Presidente de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la Junta responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral de origen, la parte actora, aquí quejosa, solicitó al Presidente responsable: ".ANTECEDENTES. 1.- Que por decreto número 397/2021 de fecha 26 de julio de 2021 y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 27 del mismo mes y año, se extingue y liquida el Instituto de Historia y Museos de Yucatán, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para los efectos de los procesos de liquidación y transferencia. 2.- En el artículo 3 del mencionado decreto se establece que los trabajadores del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, pasarán a formar parte de la SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES, para garantizar sus derechos laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo. 3.- Que igualmente en el artículo Quinto Transitorio, se establece que los acuerdos y convenios, así como los asuntos, expedientes y demás actos jurídicos pendientes y en trámite, que se encuentren bajo cualquier concepto en el Instituto de Historia y Museos de Yucatán, se transferirán y quedarán a cargo de la Secretaría de la Cultura y las Artes, a partir de la entrada en vigor de ese decreto. 4.- Asimismo, en el artículo Primero Transitorio, se establece que el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 5.- En virtud de todo lo anterior, Usted C. Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dictó un auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Instituto de Historia y Museos de Yucatán y de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. 6.- En virtud de que en la diligencia de pago y embargo la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno de Yucatán, no hizo pago de la cantidad laudada, se le embargaron diversas cuentas de cheques, las cuales informó la institución bancaria que se encuentran canceladas. En tal virtud, solicito a Usted C. Presidente que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 940 de la Ley Federal de Trabajo, el cual establece que la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas especiales, quienes deberán dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita, solicito a Usted se sirva ordenar el requerimiento de pago y embargo en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán.". 2.- Por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la Junta responsable proveyó lo relativo a la solicitud de mérito, en los siguientes términos: ".atento al contenido del memorial de cuenta, no ha lugar a requerir de pago a la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado de Yucatán, a la que le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos: gestionar y administrar los ingresos y egresos provenientes de las contribuciones locales, las participaciones federales, transferencias, reasignaciones presupuestales y apoyos extraordinarios que otorgue la federación, en los términos de las normas aplicables y los convenios relativos; lo anterior de conformidad con los artículos 2, 3, 22 fracción 11, y 31 fracción XXXIV del Código de la Administración Pública de Yucatán; la cual no ha sido demandada, mucho menos emplazada, ni escuchada, ni vencida en juicio; motivo por el cual no existe condena alguna en su contra para poder requerirla de pago.". 3.- Inconforme con la anterior determinación, la parte actora, aquí quejosa, interpuso en su contra recurso de revisión, señalando como agravios: ".El Presidente de esta H. Junta, hace una inadecuada aplicación del artículo 14 Constitucional, ya que lo que se le solicita, es en virtud de que como se ha señalado, la única Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, que de acuerdo con el Código de la Administración Pública del Estado, ES LA QUE ESTÁ AUTORIZADA PARA EFECTUAR EROGACIONES CONFORME A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, es que se le requiera a la Secretaría de Administración y Finanzas (sic), para dar cumplimiento al laudo dictado y de la cual es responsable actualmente la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. De ninguna manera se está tratando de privar de sus propiedades sin haberle seguido un juicio a dicha Secretaría, sino que al ser la administradora de los recursos de todo el aparato gubernamental, incluyendo a la condenada Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán, debe de cumplimentar el laudo de referencia, con los recursos correspondientes a la Secretaría de la Cultura y las Artes, de acuerdo también al presupuesto de egresos aprobado para dicha Secretaría. De lo contrario se estarían haciendo nugatorios mis derechos, al no poder ejecutar el laudo correspondiente, ya que los recursos de la Secretaría de la Cultura y las Artes, se encuentran en poder de la ya mencionada Secretaría de Administración y Finanzas, que es la única autorizada como ya se ha señalado, para efectuar las erogaciones correspondientes a todo el aparato gubernamental del Gobierno del Estado de Yucatán.". 4.- Por auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, la Junta responsable tuvo por recibido el referido medio de impugnación, y fijó las diez horas con treinta minutos del cinco de abril del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos; la que se llevó a cabo en sus términos. 5.- Por interlocutoria de ocho de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable resolvió el recurso de revisión hecho valer, bajo los siguientes argumentos: ".En el presente caso procede resolver si el acto del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la resolución dictada el diecisiete de febrero del año dos mil veintidós, se encuentra ajustada a derecho, ya que la parte actora manifiesta que la Secretaría del Gobierno del Estado de Yucatán, es la que está autorizada para efectuar las erogaciones conforme a las ministraciones autorizadas en el presupuesto de egresos, es que se le requiera (sic) a la Secretaría de Administración y Finanzas para dar cumplimiento al laudo dictado.. Agravio que resulta ser infundado, ya que no existe disposición legal alguna que faculte al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para requerir de pago a persona moral diversa a la que se encuentra demandada y condenada en el presente expediente marcado con el número ********************; por el contrario, el actuar del C. Presidente de esta Junta Especial, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que negó la petición realizada por la parte actora de requerir de pago a la Secretaría de Administración y Finanzas, la cual es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado de Yucatán, a la que le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos: gestionar y administrar los ingresos y egresos provenientes de las contribuciones locales, las participaciones en los ingresos federales que le correspondan al Estado, las aportaciones federales, transferencias, reasignaciones presupuestales y apoyos extraordinarios que otorgue la federación, en los términos de las normas aplicables y los convenios relativos; lo anterior de conformidad con los artículos 2, 3, 22 fracción 11, y 31 fracción XXXIV del Código de la Administración Pública de Yucatán; pero que dicha dependencia no ha sido demandada, mucho menos emplazada, ni escuchada, ni vencida en juicio; motivo por el cual no existe condena alguna en su contra para poderla requerir de pago; fundamentándolo en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice.". Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. A fin de controvertir la determinación reclamada, aduce la parte quejosa que la autoridad responsable realizó una inadecuada aplicación del artículo 14 Constitucional, pues la solicitud que le realizó, fue en virtud de que la Secretaría de Administración y Finanzas, es la única que tiene la capacidad para dar cumplimiento al laudo dictado en el procedimiento de origen, al ser la administradora de los recursos de todo el apartado gubernamental. Considerar lo contrario, señala, haría nugatorios sus derechos, pues no se lograría ejecutar el laudo correspondiente. Máxime que no existe ninguna violación a los derechos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, pues aduce, lo único que solicitó es su vinculación. Resultan infundados los motivos de disenso hechos valer, por los siguientes razonamientos. En primer término, es menester destacar que la solicitud realizada por la parte impetrante del amparo a la Junta responsable, lo fue en el sentido de ordenar el requerimiento de pago y embargo a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado del Yucatán. Sin embargo, el juicio de origen fue promovido en contra del Instituto de Historia y Museos de Yucatán; el cual, mediante Decreto 397/2021 se extinguió conservando su personalidad jurídica únicamente para los efectos de los procesos de liquidación y transferencia; y se determinó que sus trabajadores pasarían a formar parte de la Secretaría de la Cultura y las Artes, a fin de garantizar sus derechos laborales. Esto es, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, no es parte del juicio laboral ******************** de origen. De ahí que, como adecuadamente lo señaló la autoridad responsable, no existe precepto legal alguno que le otorgue facultades para requerir el pago de lo laudado a persona distinta de la que fue condenada en el procedimiento laboral. Y si bien el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo establece que las autoridades laborales deberán dictar las medidas necesarias para que la ejecución de las sentencias sea pronta y expedita, lo cierto es que ello en forma alguna puede traducirse en una autorización legal para que se pueda requerir tal cumplimiento a quien no ha sido oído y vencido en juicio. Por ilustrativa, se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página ciento siete, Volumen 151-156, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, número de registro 250592, de rubro y texto: "LAUDO, EJECUCIÓN DEL, IMPROCEDENTE, EN PERSONA DISTINTA DEL DEMANDADO. Si el trabajador demanda a una persona moral, y al juicio comparece quien se ostenta como propietario de una negociación que funciona con un nombre comercial similar al de la persona moral demandada, y no se le permite intervenir en el procedimiento, el laudo que condena a la persona moral no puede jurídicamente ejecutarse en bienes del propietario de aquella negociación, porque quien no fue oído ni vencido en juicio no tiene por qué soportar las consecuencias de la condena, atentas las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales". Por otro lado, no es jurídicamente factible atender el argumento vertido por la parte quejosa, en el sentido de que no existe violación alguna a los derechos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, pues sólo se está solicitando la vinculación de dicha dependencia al cumplimiento del laudo, por ser la que tiene el manejo de los pagos y erogaciones que corresponden a la Secretaría condenada. Ello, pues tal como se estableció en párrafos precedentes, lo que solicitó a la autoridad responsable la promovente, fue que se ordenara el requerimiento de pago y embargo a la dependencia en cita. De ahí que, al no haberse puesto a consideración de la Junta responsable tal argumento al interponer el recurso de revisión que dio origen a la resolución aquí reclamada, deviene incuestionable que esa cuestión no formó parte de la litis natural, y por tanto, no puede ahora la parte quejosa traer esos aspectos al juicio constitucional, ya que no sería jurídico abordar tópicos sobre los que no tuvo la autoridad responsable oportunidad de pronunciarse, por no haberle sido planteados. Apoya la anterior consideración, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en la página mil ciento treinta y siete, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 178788, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas. Finalmente, contrario a lo señalado por el quejoso, la determinación alcanzada por la Junta responsable no trae como consecuencia que se hagan nugatorios sus derechos al no poder ejecutar el laudo correspondiente. Pues el hecho de que dicha resolución hubiere resultado adversa a sus pretensiones, no puede equiparase a que el tribunal laboral se rehusara por completo a ejecutar el laudo; dado que las autoridades jurisdiccionales deben verificar los requisitos de procedencia previstos en las leyes para la interposición de los medios de impugnación, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Máxime que la improcedencia del medio de impugnación planteado por el quejoso, en forma alguna imposibilita a la Junta responsable a continuar tomando las medidas que estime pertinentes para lograr el cumplimiento del laudo de mérito. Apoya la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, localizable en la página seiscientos noventa y nueve, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, Tomo uno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por la inconforme; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y Presidente de su adscripción; por los motivos precisados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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