María Antonia González Canché
Expediente 1196/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 34 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Antonia González Canché
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil diecinueve. Visto: toda vez que la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, devuelve el oficio 12858/2019, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, dirigido al DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON SEDE EN CANCÚN, el cual no fue entregado por la razón que aparece en el sobre y tarjeta de acuse de recibo correspondientes, siendo esta "no existe la autoridad en el domicilio que cita". Sin embargo, precisamente del sobre y tarjeta de acuse de recibo correspondientes, se advierte que la Oficialía de Partes de este Juzgado envió dicho oficio a una autoridad distinta a la ordenada; por tanto, se ordena a la Oficialía de Partes de este Juzgado reenviar el aludido oficio a la autoridad correcta. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuanta, se acuerda: agréguese a este expediente, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 225, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. Con el que esencialmente acusa recibo del diverso oficio 12855/2019, del índice de este Juzgado, mediante el cual se devolvió a dicho Juzgado el duplicado de la causa penal 50/2015-I. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo el veintiuno de marzo del año en curso, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el tres de enero de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó el presente juicio constitucional, y por la otra, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún: a) Dejara insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en la que libró orden de aprehensión en contra de MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ CANCHÉ, como probable responsable de la comisión del delito electoral federal, previsto y sancionado en el artículo 13, fracción I, (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores) de la Ley General en Materia de Delitos; y b) Emitiera otra en la que, con base en las consideraciones desarrolladas en dicha sentencia, determinara que no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito atribuido a la nombrada quejosa, concretamente, el elemento objetivo relativo a la alteración definitiva del Registro Federal de Electores, y resolviera lo que legalmente correspondiera. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo y Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Quintana Roo, ambos con sede en Cancún, su cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante oficio 118, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, remitido vía electrónica y recibido por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, comunicó que ese propio día dictó una nueva resolución de la que se desprende lo siguiente: 1.- Que con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en la que libró orden de aprehensión en contra de MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ CANCHÉ, como probable responsable de la comisión del delito electoral federal, previsto y sancionado en el artículo 13, fracción I, (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores) de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; en la causa penal 50/2015. 2.- Y el veintiocho de febrero del año en curso, emitió otra resolución en la que, con base en las consideraciones desarrolladas en la sentencia de mérito, determinó que no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito atribuido a la nombrada quejosa, concretamente, el elemento objetivo relativo a la alteración definitiva del Registro Federal de Electores, y sobreseyó la causa penal de origen. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el duplicado de la causa penal 50/2015-I, que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitió junto con su informe justificado, devuélvase a dicha autoridad el referido expediente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercero interesada.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE dos de mayo de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo el veintiuno de marzo del año en curso, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el tres de enero de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó el presente juicio constitucional, y por la otra, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún: a) Dejara insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en la que libró orden de aprehensión en contra de MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ CANCHÉ, como probable responsable de la comisión del delito electoral federal, previsto y sancionado en el artículo 13, fracción I, (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores) de la Ley General en Materia de Delitos; y b) Emitiera otra en la que, con base en las consideraciones desarrolladas en dicha sentencia, determinara que no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito atribuido a la nombrada quejosa, concretamente, el elemento objetivo relativo a la alteración definitiva del Registro Federal de Electores, y resolviera lo que legalmente correspondiera. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo y Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Quintana Roo, ambos con sede en Cancún, su cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante oficio 118, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, remitido vía electrónica y recibido por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, comunicó que ese propio día dictó una nueva resolución de la que se desprende lo siguiente: 1.- Que con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en la que libró orden de aprehensión en contra de MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ CANCHÉ, como probable responsable de la comisión del delito electoral federal, previsto y sancionado en el artículo 13, fracción I, (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores) de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; en la causa penal 50/2015. 2.- Y el veintiocho de febrero del año en curso, emitió otra resolución en la que, con base en las consideraciones desarrolladas en la sentencia de mérito, determinó que no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito atribuido a la nombrada quejosa, concretamente, el elemento objetivo relativo a la alteración definitiva del Registro Federal de Electores, y sobreseyó la causa penal de origen. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el duplicado de la causa penal 50/2015-I, que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitió junto con su informe justificado, devuélvase a dicha autoridad el referido expediente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercero interesada.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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