María Angelina Ovalle Serna

Expediente 893/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
893/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
30/10/2015

Partes del expediente

  • María Angelina Ovalle Serna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En treinta de octubre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del catorce al veintisiete de octubre del presente año, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de octubre del presente año, en el juicio de amparo 893/2015.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil quince en el que se sobreseyó este juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, y toda vez que el fallo de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primer del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 893/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada REBECA ISABEL MEDINA BECERRA, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendidos los informes justificados. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, y se da cuenta con las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda, así como las diversas documentales, que remitieron las autoridades responsables, en apoyo a su informe justificado. Al respecto, el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas que anexaron las autoridades responsables, desde este momento, dada su propia y especial naturaleza, y se tomarán en consideración al dictarse sentencia en el presente juicio de amparo; con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio. En el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, como tampoco la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción presentó pedimento. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 893/2015; y, RESULTANDO Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARÍA ANGELINA OVALLE SERNA, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades y actos, que a continuación se precisan: III. AUTORIDAD RESPONSABLE - Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas. - Oficina de Prestaciones de la Dirección General de Personal del Tecnológico Nacional de México. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. - Del Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, reclamo la falta de tramitación ante la Oficina de Prestaciones de la Dirección General de Personal del Tecnológico Nacional de México, de mi hoja única de servicios , a pesar de que ya le entregué la documentación que me requirió. - De la Oficina de Prestaciones de la Dirección General de Personal del Tecnológico Nacional de México, reclamo la falta de elaboración y envío al Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, de la Hoja Única de Servicios para que me fuera entregada. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular en auto de veintisiete de mayo de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 893/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. 3°. Ampliación de demanda. Por auto de nueve de julio de dos mil quince, se admitió la ampliación de la demanda de amparo, respecto del Director General del Tecnológico Nacional de México, con residencia en México, Distrito Federal, a quien se le solicitó informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión o la falta de elaboración y envío al Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, de la Hoja Única de Servicios para que le fuera entregada a la quejosa. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. II.2.1. Certeza: El Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció el acto reclamado. Por su parte el Director General del Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública, y la Oficina de Prestaciones, perteneciente a la Dirección de Personal, por conducto de su Director Tecnológico de México de la Secretaría de Educación Pública, ambas con sede en México, Distrito Federal, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye, en razón a que la Hoja Única de Personal solicitada por la quejosa, ya le fue entregada; sin embargo, esa negativa de la autoridad responsable queda desvirtuada, virtud a que al veintiséis de mayo del año en curso, en que la quejosa presentó ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estadso , su escrito de demanda de garantías que motivó el origen de este juicio de amparo, aún no se entregaba el documento solicitado; por lo que se tiene dicho acto como cierto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con la copia del escrito de diez de marzo del año en curso, signado por la ahora quejosa y dirigido al Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, por medio del cual se solicita la expedición de la hoja Única de Servicios. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión o la falta de elaboración y envío al Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, de la Hoja Única de Servicios para que le fuera entregada a la quejosa. Y de las constancias que remite la autoridad responsable el Director de Personal Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública, ambas con sede en México, Distrito Federal, se advierte que la Hoja Única de Personal, que solicitó la quejosa, quien la recibió el catorce de agosto del año en curso, como se advierte a foja sesenta y uno del presente juicio de amparo. De igual manera, el Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante escrito recibido el cuatro de septiembre del presente año, al que anexó la Hoja Única de Servicios y que fue recibida por la propia quejosa en la fecha antes indicada (fojas 66 a 70). Lo cual robustece la quejosa María Angelina Ovalle Serna en su escrito recibido en este Juzgado Federal el dieciocho de agosto del año que transcurre, del que se advierte, que efectivamente en la fecha mencionada le fue entregada la Hoja Única de Servicios (foja 51). Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que Hoja Única de Servicios, ya fue recibida por la aquí quejosa, lo cual constituyó el acto reclamado; por tanto, es inconcuso que ello se traduce en que la impetrante de garantías fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Motivo por el cual con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sirven de sustento a lo anterior, las Jurisprudencias de los rubros y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. " CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que pase inadvertido para quien resuelve, el contenido de la tesis del rubro JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN"; la cual contendió en la contradicción 219/2006-SS resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las tesis 2ª./J.44/2007 y 2ª./J.45/2007, en virtud de que en el presente caso el acto reclamado únicamente se hizo consistir en el acuerdo de diez de enero de dos mil catorce, en el cual se señalaron las diez horas del ocho de abril del presente año, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dictado dentro del juicio laboral 238/2013, promovido por la aquí quejosa; aduciendo que el término para señalar la fecha para la celebración de la audiencia de referencia, era excesivo, por lo que no se cumplía con los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, transgrediendo así las garantías contenidas en el artículo 17 Constitucional, la cual fue celebrada el ocho de mayo del presente año; por lo que se estima al caso concreto aplicar la tesis del rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En virtud, de que la citada tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2ª./J.45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS, promovido por MARÍA ANGELINA OVALLE SERNA, contra el acto reclamado al Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe.- DOY FE.

  3. Principal

    En siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 17647 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de septiembre de dos mil quince en consecuencia, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza las constancias que la autoridad oficiante adjunta a su comunicado, con las que se ordena dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, se imponga de su contendido y manifieste lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel augusto Castro López Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En treinta y uno de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presente autos, y tomando en consideración que mediante proveído de veinticuatro de agosto del presente año, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de Personal Técnico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública, con sede en México, Distrito Federal y se dio vista con los diversos rendidos por las demás autoridades responsables; por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dichos informes y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

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