María Alejandra Guillén Rivera
Expediente 892/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Alejandra Guillén Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En once de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con folio 424, con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a once de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el estado, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de queja civil 143/2017, de cuyo punto resolutivo único se advierte que el Pleno del Tribunal Federal en mención, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por María Alejandra Guillén Rivera, contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por el que se desechó de plano la demanda de amparo planteada. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense los autos. En su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
En veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con un oficio registrado con el número 15584. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso contra el auto dictado en el presente juicio de amparo. NOTIFIQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. *Rosy
- Principal
El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el escrito registrado con el número 15215 y cuatro copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa María Alejandra Guillén Rivera; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintisiete de octubre pasado, por el que se desechó la demanda promovida por la ocursante contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de garantías con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
El veintisiete de octubre de dos mil dos mil diecisiete, la Secretario licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con un escrito registrado con el número de folio 14352, con anexos y cinco copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito firmado por la quejosa María Alejandra Guillén Rivera, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de diecisiete de octubre del año en curso, por el que manifiesta que el auto que reclama lo es el de treinta de agosto del año en curso, emitido en el juicio especial hipotecario 126/2012, notificado por medio de estrados al día siguiente y la fecha en que ella tuvo conocimiento de dicha resolución lo fue el veintiocho de septiembre de pasado; en atención a lo anterior, se provee: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: Del Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad: La interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio hipotecario 126/2012, promovido por Santander Hipotecario, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada, contra la ahora quejosa y Juan Antonio Varela Armendariz; en la que se determinó adjudicar el inmueble rematado y sobre el que se constituyó hipoteca, a favor del postor Saúl Ruíz Tenorio, a quien se requirió para que dentro del término de tres días hábiles debería de consignar el saldo restante que ofreció como postura, es decir, la cantidad de doscientos nueve mil doscientos veinte pesos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se declararía insubsistente la declaratoria de adjudicación hecha a su favor y perdería el depósito de cuarenta mil setecientos ochenta pesos; asimismo, que de consignarse en tiempo y forma el saldo restante, se requeriría a los demandados María Alejandra Guillén Rivera y Juan Antonio Armendariz Varela para que en tres días contado a partir del día siguiente al que se les notificara dicha determinación deberían otorgar la escritura de adjudicación a favor del citado postor Saúl Ruiz Tenorio, bajo apercibimiento que de no hacerlo se otorgaría en rebeldía. De la Central de Notificadores de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad: Ilegal notificación del auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, realizada en el juicio hipotecario 126/2012, practicada el uno de septiembre de la presente anualidad. De la notario pública número 29 licenciada Zita Lucía Arellano Zajur: La ejecución material de la interlocutoria impugnada traducida en la protocolización de la escritura pública respecto del bien inmueble rematado en el juicio hipotecario 126/2012. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Dada la lectura integral del escrito de demanda se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Alejandra Guillén Rivera, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, la conclusión de un procedimiento de remate se encuentra condicionada a que concurran dos supuestos: I. Se ordene definitivamente otorgar la escritura donde se formaliza la venta judicial de los bienes, o II. se ordene la entrega de la posesión de éstos. De manera que para que se considere definitivo el procedimiento de remate, en el estado procesal de éste debe haberse ordenado la escrituración o la entrega de la posesión del bien involucrado. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página: 1066: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio hipotecario 126/2012, pues se trata de un acto procesal tendente al remate de dichos inmuebles para el cumplimiento de la condena decretada, y en ese caso el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, el acto reclamado lo constituye la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio hipotecario 126/2012, promovido por Santander Hipotecario, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada, contra la ahora quejosa y Juan Antonio Varela Armendariz; en la que se determinó adjudicar el inmueble rematado y sobre el que se constituyó hipoteca, a favor del postor Saúl Ruíz Tenorio, a quien se requirió para que dentro del término de tres días hábiles debería de consignar el saldo restante que ofreció como postura, es decir, la cantidad de doscientos nueve mil doscientos veinte pesos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se declarará insubsistente la declaratoria de adjudicación hecha a su favor y perderá el depósito de cuarenta mil setecientos ochenta pesos; asimismo, que de consignarse en tiempo y forma el saldo restante, se requeriría a los demandados María Alejandra Guillén Rivera y Juan Antonio Armendariz Varela para que en tres días contado a partir del día siguiente al que se les notificara dicha determinación deberán otorgar la escritura de adjudicación a favor del citado postor, bajo apercibimiento que de no hacerlo se otorgaría en rebeldía . De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada emitió en el procedimiento de remate. Asimismo, que la hoy quejosa es parte demandada en el contradictorio de origen. Así, al integrarse el acto reclamado por una determinación emitida a efecto de ejecutar la sentencia definitiva, es inconcuso que forma parte del procedimiento natural en la etapa de ejecución de la condena; respecto del cual es improcedente el juicio de amparo, pues éste únicamente procede contra la última resolución que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; Sin que se advierta que en el caso se encuentren involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. A mayor abundamiento, debe decirse que en el caso que nos ocupa no se está en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque en principio la posible afectación que pudieran resentir la quejosa con la determinación reclamada, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural, por lo que el hecho de que se le haya requerido para que otorgue escritura en favor del adjudicatario del bien inmueble hipotecado, no puede implicar un acto que pueda ocasionarle una afectación a su esfera jurídica o alguno de sus derechos sustantivos. Por tanto es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Alejandra Guillén Rivera. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el juez Iván Ojeda Romo, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy.
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