María Angélica Salazar Medina
Expediente 416/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Angélica Salazar Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El veinticuatro de mayo dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. sÍ se tramitó incidente de suspensión en el presente asunto en el que se concedió la suspensión definitiva. Sí se exhibió el billete de depósito número N 864986, para que para que surtiera efectos la suspensión definitiva. Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 9640 y anexos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución pronunciada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada al resolver el amparo en revisión administrativo 53/2022, interpuesto por María Angélica Salazar Medina (quejosa), contra la sentencia autorizada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, de la que se aprecia que confirmó la sentencia; acúsese el recibo de estilo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Por otra parte, del estado de autos se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito número N 864986, para que para que surtiera efectos la suspensión definitiva; consecuentemente hágase del conocimiento al quejoso que, una vez que transcurran los seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, quedara a su disposición el documento aludido para que solicite su devolución dentro del plazo de dos años, en un horario de doce a catorce horas, en día hábil; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno, el tomo de pruebas que en su momento adjunto en apoyó a su informe justificado. Notifíquese personalmente. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El diez de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 4516. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por la que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autorizada de la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del once de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El diecisiete de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 774. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por María del Carmen Bernal Lastiri, autorizada de la parte quejosa, por la que interponen recurso de revisión; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos; distribúyase entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, en turno, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/4952/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 416/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido el mismo día a este órgano jurisdiccional cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, María Angélica Salazar Medina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno con sede en Guadalupe, Zacatecas. Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno con sede en Guadalupe, Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La falta de llamamiento a la controversia agraria 920/2018. Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se registró el expediente con el consecutivo 416/2021 que le correspondió y se previno a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado. Satisfecho lo anterior, en auto de diez de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados y dar intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el trámite del juicio, se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: La falta de llamamiento a la controversia agraria 920/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrada y Actuaria del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno con sede en Guadalupe, Zacatecas, dado que así lo expresaron en su informe justificado. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió la responsable citada en primer término; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto que en el presente juicio biinstancial se impugna. CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". En el caso a estudio, la Magistrada y Actuaria del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno con sede en Guadalupe, Zacatecas, así como la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, afirman que se actualiza de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por estimar que el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo de la impetrante, en los términos de la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia. Es fundada la hipótesis de improcedencia alegada. Para demostrar lo anterior, es oportuno citar la literalidad del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Por su parte, la fracción I del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucional dispone: "ARTICULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De la interpretación en conjunto de los dispositivos legales antes citados, se obtiene en lo que aquí interesa, que el ejercicio de la acción constitucional está reservado para quien resienta una afectación en su esfera jurídica, respecto de un derecho del que aduce ser titular o se vea afectado algún interés jurídico o legítimo, con motivo de un acto de autoridad. En relación a ello, conviene decir que del numeral 5 precitado, se desprende uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, esto es, el de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual también se encuentra contenido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho principio rector consiste en que el juicio de control constitucional sólo puede iniciarse por aquella persona que resiente un menoscabo en sus derechos subjetivos, es decir, quien directamente le está afectando el acto de autoridad que se reclama. Entonces, de lo anterior se evidencia que, a efecto de que resulte procedente el juicio de amparo, se requiere que la parte quejosa resienta una afectación en los derechos de los que aduce ser titular por parte de la autoridad responsable, configurándose en ese momento el interés jurídico que lo facultará para accionar el juicio de control constitucional en su defensa. Ahora bien, en lo que aquí importa, el interés jurídico debe entenderse como la titularidad que corresponde al quejoso en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho previo, legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VI, segunda parte-1, julio-diciembre de 1990, página 364, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Asimismo, la diversa 1a./J.168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Además cabe destacar que, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, así como en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, pues ello implica la demostración en dicho procedimiento del derecho subjetivo que se dice afectado. Por tanto, debe decirse que, para la procedencia del juicio de amparo en torno a los actos que por esta vía se reclaman, se requiere acreditar la existencia de un interés jurídico, por el cual se afecte directamente la titularidad de la quejosa en su esfera de derechos subjetivos regulados por una norma jurídica, mediante los actos de autoridad que se impugnan, pues éstos emanan de un procedimiento jurisdiccional. En el presente juicio de amparo, la inconforme se ostenta como tercera extraña a juicio en estricto sentido y reclama la falta de llamamiento a la controversia agraria 920/2018, del índice de Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno con sede en Guadalupe, Zacatecas, por considerar que se le debió llamar al sumario por tener celebrado con el demandado José Salazar Puente, un contrato de mediería sobre las parcelas materia del procedimiento agrario. Sirve de sustento, la tesis aislada VII.2o.C.36 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de Registro 2012041, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Página 2244, Materia Común, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 "...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...", en mérito a que "...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada." Partiendo de la premisa anterior, se concluye que el presente juicio de control constitucional resulta improcedente, puesto que la justiciable fue omisa en aportar pruebas idóneas para acreditar la titularidad del derecho de posesión que aduce ostentar respecto de las parcelas 1003, 976 y 717, que en el juicio agrario de origen se ordenó hacer entrega a la actora Ma. Catalina Salazar Martínez. No es óbice para sustentar el criterio anterior, el hecho de que la inconforme haya exhibido de manera adjunta a su demanda de amparo el original del contrato de mediaría de las parcelas 976, Z5, P1/1; 717, Z5, P1/1 y 1003, Z5, P1/1 del ejido Cerrito de Dolores, cuya titularidad en calidad de poseedora aduce ostentar, debido a que éste resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico. Ello es así, debido a que el pacto celebrado entre la quejosa y José Salazar Puente, demandado en el juicio natural, es insuficiente para demostrar de manera fehaciente la titularidad del derecho que aduce ostentar la disidente en relación con las parcelas que defiende, dado que la documental descrita carece de valor probatorio pleno. En efecto, el contrato de mediería exhibido por la justiciable por sí solo resulta ineficaz para demostrar la posesión que aduce tener, toda vez que el mismo constituye un documento privado de fecha incierta que solamente produce efectos jurídicos entre las partes que lo celebraron. Sobre ese tópico, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Por tanto, para que un documento privado adquiera fecha cierta, se deben surtir los siguientes supuestos: a) su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; b) la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio; y, c) la muerte de cualquiera de los firmantes; sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no tenga alguna de esas características, no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar, por cualquier otro medio, su certeza. Así, al carecer de fecha cierta el citado contrato de mediería, no puede adquirir autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, ya que resulta imposible verificar con certeza si tal convenio es de fecha anterior o posterior al acto reclamado; de manera tal que, se insiste, la documental exhibida por la quejosa es insuficiente para acreditar su interés jurídico, máxime que no existe en autos otro elemento de prueba que, relacionado con el contrato privado antes descrito, pudiera generar convicción de que el acto que se analiza afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados de la parte quejosa. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, abril de 2008, página 11 (registro 169963), que a la letra dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito.". Sin que la documental relativa al certificado parcelario 1049011 le reporte algún beneficio, porque la misma ampara la titularidad del derecho de la quejosa respecto de la parcela 729 Z 5 P1/1, la cual no fue materia de la controversia agraria. Asimismo, las documentales consistentes en copia simple de acta de matrimonio y credenciales para votar allegadas junto con la demanda de amparo, son ineficaces para justificar el derecho de posesión que aduce tener sobre las parcelas 976, Z5, P1/1; 717, Z5, P1/1 y 1003, Z5, P1/1 del ejido Cerrito de Dolores, toda vez que lo único que acreditan, en su caso, son los datos que en ellas constan, sin que acrediten ningún derecho posesorio. En esa medida, se estima que la peticionaria fue omisa en aportar algún medio de convicción que, de manera fehaciente, demostrara la titularidad del derecho que aduce tiene sobre las parcelas que defiende. En virtud de ello, si como ha quedado precisado, la quejosa no demostró que le asiste interés jurídico para promover el juicio de amparo en que se actúa, se concluye actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Angélica Salazar Medina, contra los actos que reclamó de la Magistrada y Actuaria del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno con sede en Guadalupe, Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante María de los ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe hasta el día de hoy veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. L´DJV.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
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