María Angela Tapia Domínguez
Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Angela Tapia Domínguez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de derechos. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda y anexos de cuenta presentado por ******, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 303/2022, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. Al efecto, es necesario precisar cuál es el acto reclamado por la parte quejosa, a efecto de fijar la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo. Pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el Juzgador debe tomar en consideración todos los datos emanados de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor, descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar el acto reclamado, debe atenderse a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, de la lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: I. La omisión de regularizar el procedimiento de ejecución en juicio ordinario civil 366/2018 (de desahucio), en donde figura como parte demandada, como resultado de diversas violaciones que en tal procedimiento afirma se han cometido en su contra, específicamente por el hecho de no haberle acordado favorable el recurso de reconsideración que interpuso, así como un incidente de nulidad. Respecto de tal acto reclamado, este Juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 107 fracción IV (interpretada en sentido contrario y en concordancia con la diversa fracción V de ese mismo numeral), todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Por su parte, la fracción V del numeral en comento, prevé la procedencia del amparo bi-instancial contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se advierte, las disposiciones reseñadas regulan los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta, respecto de los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial y después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación se encontraba prevista en el artículo 114 fracciones III y IV, las cuales fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que, el concepto de ejecución de imposible reparación, entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así derivó de la la jurisprudencia 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 6 (registro digital 163152), de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ese criterio, en cuanto permite la aplicación por analogía del concepto de ejecución de imposible reparación, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, a juicio de quien ahora resuelve, continúa siendo obligatorio, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, el cual prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente. Así se considera, porque en las normas insertas en los artículos 107 fracciones IV y V, de la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, se contiene la misma racionalidad jurídica inmersa en las reglas de procedencia del juicio bi-instancial, previstas en el numeral 114 fracciones III y IV, de la ley que la precedió. En efecto, los artículos 114 fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada, disponían: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: . III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.- Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación." Por su parte, el numeral 107 fracciones IV y V, de la actual ley reglamentaria, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la confrontación de los artículos transcritos, se deprende que la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, contiene la misma racionalidad jurídica que la ley que la precedió, relativa a reservar la promoción del juicio de amparo indirecto, exclusivamente contra la última resolución dictada en los procedimientos de ejecución de sentencia o de remate; y a establecer la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa, cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Pues, el artículo 114 fracción IV, de la anterior legislación, expresaba simplemente que el amparo se pediría ante el Juez de Distrito "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación", sin definir qué debía entenderse por "actos de imposible reparación", dando por supuesto su concepto esencial y dejando su cabal definición a la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se advierte, esta nueva redacción mantiene la procedencia de la vía bi-instancial contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, sólo que con una mejor técnica define qué debe entenderse por el concepto jurídico antes indeterminado relativo a los "actos de imposible reparación", precisando que tal característica les asiste a los actos dictados en juicio que afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado. Asimismo, tiene importancia destacar que el numeral 114 fracción III, de la legislación abrogada, tenía por finalidad el reservar la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el periodo de ejecución de sentencia o en el remate, hasta que se dictara la última resolución en el procedimiento respectivo; y que dicha regla general fue retomada términos similares en el artículo 107 fracción IV, de la actual Ley de Amparo, con la salvedad que, en esta disposición se precisa de manera expresa cuál o cuáles son las resoluciones que, dictadas en el periodo de ejecución de sentencia o en el procedimiento de remate, deben considerarse como definitivas para los efectos de la procedencia de la acción constitucional. Si el artículo 107 fracciones IV y V, de la Ley de Amparo en vigor, contiene la misma racionalidad jurídica derivada del numeral 114 fracciones III y IV, de la ley abrogada; entonces, el criterio jurisprudencial invocado y transcrito anteriormente no se opone a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente; aun cuando es cierto que, dicha jurisprudencia se integró durante la vigencia de la ley de la materia abrogada, no es menos veraz que, la misma continúa siendo obligatoria para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales, en términos de lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor. Atendiendo a la obligatoriedad del criterio jurisprudencial de mérito, se impone concluir que, tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes mediante el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando: a) Tengan una ejecución de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo. b) Los derechos sustantivos que se vean afectados, sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que esa afectación no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En el caso concreto, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de regularizar el procedimiento de ejecución en juicio ordinario civil **** (de desahucio), en donde la aquí quejosa **** es parte demandada, y como resultado de diversas violaciones que en tal procedimiento, afirma, se han cometido en su contra, específicamente por el hecho de no haberle acordado favorable el recurso de reconsideración que interpuso, así como un incidente de nulidad. Tal acto reclamado en esta instancia constitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque las violaciones que afirma se han cometido en su contra, al no acordarle favorable el recurso de reconsideración ni el incidente de nulidad, derivan por su desacuerdo y oposición a la planilla de liquidación presentada por su contraparte; empero, tal aspecto no es ajeno a la propia ejecución de la sentencia, por el contrario, es una consecuencia directa y necesaria de la resolución que se pretende ejecutar en el juicio de origen de desahucio. Esto es, se trata de un tópico directamente vinculado a la ejecución de la sentencia y por esa razón, solamente es impugnable al combatirse la última resolución emitida en el procedimiento relativo, que de acuerdo al artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo vigente, como se ha relatado, debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente (pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución); calidad que no le asiste al acta planteado por la impetrante. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV párrafo segundo, en concordancia con la fracción V (interpretadas en sentido contrario), de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ****, ******, por no contar con el registro de cedula profesional en el aludido sistema. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
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