María Angela Tapia Dominguez

Expediente 153/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
153/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • María Angela Tapia Dominguez y Otros.
  • María Angela Tapia Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. De igual forma, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión relativo transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en virtud de que en el mismo se concedió la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados. Sin embargo, respecto del duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto inciso a), fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General antes mencionado. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por último, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente 366/2018-3, compuestas de un legajo de pruebas que remitió el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, como complemento de su informe justificado; en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibieron los precitados anexos, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que no se agotó el recurso ordinario de defensa antes de promover el presente juicio de amparo, como se aprecia en el estudio siguiente. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado al siguiente día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, María Ángela Tapia Domínguez, por propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridad: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORA: C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. IV.- LA LEY O ACTO DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAME. Reclamo de la autoridad responsable, la sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de desahucio 366/2018-3." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad: i. La resolución interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil veintiuno emitida en el juicio especial de desahucio 366/2018-3. De tales actos, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, debido a que la quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de apelación en contra del auto reclamado antes de promover la presente demanda de amparo. Tal precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares de restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El aludido precepto estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Ahora, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Tales razones dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J.44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, el quejoso tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. En relación al tema, los artículos 385, 386 y 422, fracción I del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, prevén: "Artículo 385.- Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste." (Lo destacado es propio) "Artículo 422.- Liquidación de cantidades a que condenó la sentencia. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I. Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juzgador; más si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres días al deudor. El juzgador fallará dentro de igual término lo que estime justo y la resolución será apelable en el efecto devolutivo; (.)"(Lo destacado es propio) De la interpretación sistemática de los artículos trascritos se advierte que el recurso de apelación procede en efecto devolutivo en contra de las sentencias que tratan sobre la liquidación a que se condenó en la ejecutoria. En el caso, la quejosa reclama la interlocutoria en la cual se resolvió el incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio especial de desahucio 366/2018-3 que tiene como Litis la cuantificación del concepto de rentas adeudadas posterior a septiembre de dos mil dieciocho hasta la total desocupación del inmueble arrendado (cuatro de octubre de dos mil diecinueve) al precio pactado en el contrato de arrendamiento, como fue estipulado en el resolutivo quinto de la ejecutoria. En ese sentido, es evidente que el recurso de apelación es el medio de impugnación por el cual se puede revocar o modificar la interlocutoria reclamada, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación estatal prevé y que, en el caso en particular, tiene como finalidad que el Tribunal de Alzada analice la determinación previamente asumida, a fin de que en el supuesto de existir algún vicio en aquélla, determine lo que en derecho corresponda conforme a los artículos 385, 386 y 422, fracción I del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, aun cuando el acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación. Entonces, es claro que antes de promover el juicio de amparo indirecto, la quejosa necesariamente debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de apelación al tener como finalidad que el Tribunal de Alzada pueda revocarlo, modificarlo o confirmarlo y con ello, impedir las consecuencias de las que se aqueja. Es orientadora la tesis XXI.3o.17 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con Registro digital: 179669, que señala: "APELACIÓN. LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS EN MATERIA CIVIL POR REGLA GENERAL ADMITEN ESE RECURSO, SALVO QUE SE DICTEN ANTES DE FALLADO EL JUICIO EN LO PRINCIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). La regla establecida en el segundo párrafo del artículo 409 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, donde se indica que las sentencias dictadas en los incidentes no admitirán el recurso de apelación cuando se dicten antes de fallado el juicio en lo principal, contiene una limitante de tipo excepcional, de modo que aquellas otras resoluciones que no estén comprendidas en dicho supuesto, es decir, las que se resuelven de manera simultánea o eventualmente posterior a la sentencia definitiva, de ninguna manera estarán afectadas con tal taxativa, por lo que podrán ser apelables sin obstáculo alguno, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 386, fracción I, del propio ordenamiento adjetivo, en cuyo texto está consignado, precisamente, que pueden ser apelables cualesquiera sentencias en toda clase de juicios, a menos que en la ley haya disposición expresa en contrario." Además, la quejosa no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, a saber: 1. Atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y; 3. Si el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio de donde deriva el acto reclamado. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla (caso en el que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir el juicio de amparo). Ello, porque el acto reclamado proviene de un juicio civil en el que es la parte demandada y el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, es claro en señalar en su artículo 422, fracción I que contra la interlocutoria reclamada procede el recurso de apelación. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por lo que hace a las constancias remitidas por la autoridad responsable se ordena la apertura por cuerda separada de un tomo de pruebas. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Visto el escrito y anexos de cuenta presentado por **************, en su carácter de socio administrador de la persona moral denominado Inmobiliaria CAVS Sociedad Civil (tercero interesada), personalidad que se le reconoce en términos de la documentales que para tal efecto exhibe; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente juicio de amparo en su calidad de tercero interesada. Asimismo, se le tiene por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida ****************y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******************, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas, toda vez que no cuentan con el registro de cedula profesional en el aludido sistema. De igual manera, se le tiene por señalando el correo electrónico ***************, con número de celular ***************. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico y número telefónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la citada tercero interesada, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. De igual manera, se le tiene por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarse y valorarse en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolver el presente juicio. Finalmente, dígase a la promovente que por el momento no ha lugar a devolver las documentales que solicita, ya que si bien el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevé que no objetados en su oportunidad los documentos que se presentaren en el juicio, pueden las partes pedir en todo tiempo que se les devuelvan los originales que hubieren presentado, dejando en su lugar copia certificada, también lo es que ello implica que debe otorgarse a la contraparte un tiempo prudente para objetarlos. Notifíquese. *

  4. Incidental

    ÚNICO. Se concede a **************, la suspensión definitiva respecto de los actos que reclama a la autoridad responsable precisada en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese.

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