Maria Angela Tapia Dominguez

Expediente 1249/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1249/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2019

Partes del expediente

  • Maria Angela Tapia Dominguez
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 7 a 12); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por María Ángela Tapia Domínguez, por propio derecho, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente en que se actúa transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes.

  2. Principal

    Vista la demanda presentada por María Ángela Tapia Domínguez por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1249/2019 y fórmese expediente. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado consistente en el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, se advierte que se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV párrafo segundo, en concordancia con la fracción V (interpretadas en sentido contrario), de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), sobre lo que interesa, dispone que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por su parte, la fracción V del numeral en comento, prevé la procedencia del amparo bi-instancial contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se advierte, las disposiciones reseñadas regulan esencialmente los dos supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta, que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, y después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación se encontraba prevista en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, el concepto de ejecución de imposible reparación, entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así deriva de la jurisprudencia P./J.108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El subrayado no forma parte del texto, fue añadido por este juzgado. Ese criterio, en cuanto permite la aplicación por analogía del concepto de ejecución de imposible reparación, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, a juicio de quien aquí resuelve, continúa siendo obligatorio, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, el cual prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente. Así se considera, en virtud que en las normas insertas en los artículos 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, contiene la misma racionalidad jurídica inmersa en las reglas de procedencia del juicio bi-instancial previstas en el numeral 114, fracciones III y IV, de la ley que la precedió. En efecto, los artículos 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada, disponían: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.]. III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación." Por su parte, el numeral 107, fracciones IV y V, de la actual ley reglamentaria, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El subrayado no forma parte del texto, fue añadido por este juzgado. De la confrontación de los artículos que quedaron transcritos, se deprende que la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, contiene la misma racionalidad jurídica que en la ley que la precedió, relativa a reservar la promoción del juicio de amparo indirecto exclusivamente contra la última resolución dictada en los procedimientos de ejecución de sentencia o de remate; y a establecer la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa, cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. A efecto de demostrar tal aserto, se considera conveniente destacar que el artículo 114 fracción IV, de la anterior legislación expresó simplemente que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación"; empero, sin definir qué debía entenderse por "actos de imposible reparación", dando por supuesto su concepto esencial y dejando su cabal definición a la jurisprudencia. A su vez, el artículo 117 fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se advierte, esta nueva redacción mantiene la procedencia de la vía bi-instancial contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, sólo que con una mejor técnica define qué debe entenderse por el concepto jurídico antes indeterminado relativo a los "actos de imposible reparación", precisando que tal característica les asiste a los actos dictados en juicio que afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado. Asimismo, tiene importancia destacar que el numeral 114 fracción III, de la legislación abrogada tenía por finalidad el reservar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en el periodo de ejecución de sentencia o en el remate, hasta que se dictara la última resolución en el procedimiento respectivo; y que dicha regla general fue retomada términos similares en el artículo 107 fracción IV, de la actual Ley de Amparo, con la salvedad de que en esta disposición se precisa de manera expresa cuál o cuáles son las resoluciones que, dictadas en el periodo de ejecución de sentencia o en el procedimiento de remate, deben considerarse como definitivas para los efectos de la procedencia de la acción constitucional. Como corolario, si en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo en vigor, se contiene la misma racionalidad jurídica que deriva del numeral 114, fracciones III y IV, de la ley abrogada; entonces cabe concluir que, el criterio jurisprudencial que quedó transcrito, no se opone a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente; de modo que aun cuando es cierto que dicha jurisprudencia se integró durante la vigencia de la ley de la materia abrogada, no es menos veraz que la misma continúa siendo obligatoria para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, en términos de lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor. En ese contexto y atendiendo a la obligatoriedad del criterio jurisprudencial de mérito, se impone concluir que tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes mediante el juicio de amparo indirecto, cuando: a) Tengan una ejecución de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo. b) Los derechos sustantivos que se vean afectados, sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que esa afectación no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En el caso concreto, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, el acto reclamado se hizo consistir en: El auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, que le ordenó el desalojo del local comercial en el juicio desahucio 366/2018. Ahora bien, el acto que se reclama en la demanda de amparo, es una consecuencia de la ejecución de la sentencia definitiva en donde se condenó a la demandada aquí quejosa, a la desocupación del inmueble ubicado en el edificio número veinticuatro de la avenida Miguel Alemán. Por lo cual el derecho subjetivo afectado (desposesión o desalojo del local comercial), no es ajena a la ejecución de la sentencia, sino que es una consecuencia directa y necearía de la sentencia que se pretende ejecutar. De ahí que, el acto reclamado se encuentra directamente vinculado a la ejecución de la sentencia, por esa razón, solamente es impugnable al combatirse la última resolución emitida en el procedimiento relativo, porque la finalidad es evitar la paralización o entorpecimiento en el procedimiento de ejecución de sentencia. Pues como antes se vio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución, la última resolución es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia de amparo, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se hará valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En consecuencia, es procedente desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV párrafo segundo, en concordancia con la fracción V (interpretadas en sentido contrario), de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Alberto Barranco Núñez y Marilú Mendoza Guzmán, en virtud de tener registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Por otra parte, téngase como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las facultades a Jenny Nallely Tacuba Gonzalez e Irma Moyao Romero, por así haberlo solicitado expresamente.

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