María Ángela Rojas Rodríguez

Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
482/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • María Ángela Rojas Rodríguez
  • Juez Décimo Primero Civil Especializado En Materia Mercantil. Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que obran documentos originales en el cuaderno en que se provee; en consecuencia, y en cumplimiento a la fracción III del artículo 20 del citado acuerdo, se requiere a la parte quejosa María Angela Rojas Rodríguez, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dichos documentos, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas junto con el expediente. Por otra parte, de autos se advierte que obra un tomo de prueba formado con motivo de las copias certificadas del expediente ********************, allegadas por el Juez Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, al rendir su informe justificado. En atención a lo expuesto, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, ya no es necesaria su conservación y retención; por ello, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvase a la autoridad judicial en cita el tomo de prueba en comento. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal efecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte tercero interesada, por el cual solicita se declare firme la sentencia interlocutoria que negó la suspensión definitiva y se comunique lo anterior a la responsable para dar continuidad al procedimiento de origen. En ese sentido, y atendiendo al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió la resolución interlocutoria de doce de julio de dos mil veintiuno, en la que se negó la suspensión definitiva; por tanto comuníquese lo anterior a la autoridad responsable Juez Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, con sede en esta ciudad. Por otra parte, toda vez que solicita copia certificada de la sentencia definitiva dictada en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, con copia certificada del escrito que se atiende, provéase lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional, y por resolución incidental de doce de julio de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 21 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Se ordena estampar en las carátulas del original y duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Finalmente, en atención a la copia certificada del ocurso de cuenta, atento a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa, copia certificada de la determinación judicial que señala, previa toma de razón que por su recibo obre en autos; en la inteligencia de que quién se presente a recibirla, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual previo cotejo que con su original se realice, será glosada en autos para constancia. Por tanto, hágase saber al ocursante que deberá generar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ" para el trámite correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    S e n t e n c i a: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 482/2021-G, promovido por María Ángela Rojas Rodríguez, contra actos del Juez Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el treinta de junio de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, María Ángela Rojas Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECAMADOS: Del C. Juez Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil de esta ciudad de Tijuana Baja California, reclamo: Todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro del expediente 1072/2014, relativos al Juicio Sumario seguido por los terceros interesados Marcos González Rojas y María del Carmen Zalazar Hernández en contra del diverso tercero interesado Genaro Alarcón Llanes. La falta de emplazamiento a la suscrita quejosa al Juicio Sumario Civil iniciado por los terceros interesados Marcos González Rojas y María del Carmen Zalazar Hernández en contra del diverso tercero interesado Genaro Alarcón Llanes dentro del expediente número 1072/2014 de donde emanan los actos reclamados. La resolución consistente en la sentencia definitiva dictada dentro de los autos de donde emanan los actos reclamados expediente número 1072/2014 y en la que se resuelve entregar a los actora, hoy terceros interesados por los terceros interesados Marcos González Rojas y María del Carmen Zalazar Hernández un bien inmueble considerado como lote 3, fracción B de la manzana 255, situado al Sureste de la Colonia Buena Vista de esta Ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados ubicado sobre la Avenida Insurgentes y marcado con el numero 905-C y D, inmueble que me corresponde en posesión y propiedad. Finalmente, la orden dada para hacer entrega, desocupar o lanzar a la suscrita quejosa del bien inmueble previamente identificado y consistente en el lote 3, fracción B de la manzana 255, situado al Sureste de la Colonia Buena Vista de esta Ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados ubicado sobre la Avenida Insurgentes y marcado con el número 905-C y D, inmueble que me corresponde en posesión y propiedad. La falta de emplazamiento a la suscrita quejosa al Juicio Sumario Civil iniciado por los terceros interesados Marcos González Rojas y María del Carmen Zalazar Hernández en contra del diverso tercero interesado Genaro Alarcón Llanes. Del C. Secretario Actuario adscrito a dicho Juzgado Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil de esta ciudad de Tijuana Baja California, reclamo: La falta de emplazamiento a la suscrita quejosa en el procedimiento judicial plenamente identificado en el punto inmediato anterior. La inmediata e inminente desposesión a la suscrita quejosa del bien inmueble consistente en el lote de terreno el lote 3 Fracción B de la manzana 255 situado al Sureste de la Colonia Buena Vista de esta ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados ubicado sobre la Avenida Insurgentes y marcado con el numero 905-C y D, inmueble que me corresponde en posesión y propiedad. Finalmente, reclamo todas las consecuencias que de hecho y de derecho que se deriven de los actos reclamados señalados anteriormente. Del C. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reclamo: La inmediata e inminente desposesión a la suscrita quejosa del bien inmueble consistente en el lote de terreno el lote 3 Fracción B de la manzana 255 situado al Sureste de la Colonia Buena Vista de esta ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados ubicado sobre la Avenida Insurgentes y marcado con el numero 905-C y D, inmueble que me corresponde en posesión y propiedad." Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 1, 14, párrafo y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida, se ordenó su registro con el número 482/2021; se admitió a trámite la referida demanda, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 13/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; por tratarse de un juicio de amparo, en el que se reclaman actos omisivos de autoridad responsable, cuyo domicilio y ejecución se alega, tendrá lugar en el territorio donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye:  La falta de emplazamiento al juicio Sumario Civil 1072/2014, del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil de esta ciudad; y como consecuencia todo lo actuado en dicho expediente. La orden de desposesión del bien inmueble identificado como lote 3 Fracción B de la manzana 255 situado al Sureste de la Colonia Buena Vista de esta ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados ubicado sobre la Avenida Insurgentes y marcado con el numero 905-C y D, inmueble que me corresponde en posesión y propiedad. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." La autoridad responsable rindió su informe justificado de la siguiente manera. No. Orden Nombre de autoridad responsable Sentido Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Niega Así, no son ciertos los actos que se reclamaron a la autoridad responsable Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara medios de convicción idóneos tendentes a desvirtuar dicha negativa. Sin que obste a lo anterior, las pruebas documentales aportadas por la parte quejosa al presente sumario, consistentes en constancia de notificación de los acuerdos de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, y de doce de febrero de dos mil quince; efectuada a Genaro Alarcón Llanes, dentro del juicio sumario civil 1074/2014, del índice administrativo del Juzgado Décimo Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y copias de traslado, dejada en poder de Isabel Inés Díaz Hernández; copia simple de la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil 1184/2015 del índice administrativo del Juez Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en la cual se concede a favor de Josefina Madrid Castro, la prescripción adquisitiva respecto del bien inmueble lote 03 fracción B de la manzana 255 de la colonia Buena Vista de esta ciudad, original del acuse del escrito presentado ante la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia de Tijuana Baja California, con fecha de recepción de diez de marzo de dos mil veintiuno; donde Josefina Madrid Castro, cede los derechos litigiosos a favor de María Angélica Rojas Rodríguez; y Copia simple de las credenciales de elector de Josefina Madrid Castro y María Angélica Rojas Rodríguez, pues éstos no sin idóneos ni suficientes para desvirtuar la negativa del acto atribuido a la responsable, porque de ellas no se desprende su participación. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la autoridad mencionada en el cuadro descriptivo que antecede. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Conforme a la técnica jurídica precisada al inicio del considerando que precede, deben tenerse por ciertos los actos que se reclamaron a la autoridad responsable Juez Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil dado que al rendir su informe con justificación realizó manifestaciones de las que se advierte la tramitación del juicio sumario civil 1072/2014, de ese índice. Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio sumario civil 1072/2014, las cuales tienen valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 3/99, que expresa en su rubro, lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Así, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa María Ángela Rojas Rodríguez, se ostenta como copropietaria del bien inmueble que por esta vía defiende, no obstante carece de interés jurídico en el presente juicio constitucional, dado que no exhibió algún documento fehaciente con el que acredite la causa legal del derecho de copropiedad o posesión respecto del mismo. Para evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta la porción normativa referida, cuyo texto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y en contra de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" Del citado precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Al respecto, los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República; 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley[.]". La interpretación de los referidos numerales permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que la parte quejosa tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. Ahora, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, la citada Sala indicó que deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior -dijo la Corte- porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Finalmente, el Máximo Tribunal de la Nación indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Las anteriores consideraciones, dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, en la porción normativa arriba transcrita se observan reflejadas las reformas al artículo 107 de la Constitución Federal, atinentes a que para la procedencia del juicio es requisito indispensable que la parte quejosa tenga interés jurídico o legítimo y que cualquiera de los dos se vea afectado con los actos de autoridad que reclame, introduciéndose así el término de "interés legítimo". Sin embargo, conviene acotar que en el asunto que se resuelve sólo se realizará el estudio del interés jurídico, pues el contenido de los dos primeros numerales reproducidos con antelación, aluden a que tratándose de actos judiciales como los reclamados en el presente juicio, el interés que se exige acreditar es el jurídico, esto, cuando la parte quejosa aduzca como en el caso la afectación de un derecho subjetivo de manera personal y directa por actos reclamados a una autoridad jurisdiccional. Así entonces, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí que, la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal, puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Por lo anterior, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. Deviene ilustrativo al caso, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del siguiente contenido: "INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección puede hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente". De igual forma, cobra aplicación al caso el criterio 1a. XCVII/2014 (10a.), sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", sostuvo que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo". En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica de la parte promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubo y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Asimismo, debe decirse que el interés jurídico no depende de la existencia de los actos reclamados, ni de los vicios que se atribuyan a éstos, ni de la conveniencia económica o personal que tenga la parte quejosa en que esos actos no subsistan, sino de que la parte promovente del amparo acredite que la materia de lo reclamado en el juicio constitucional le afecta su esfera jurídica, esto es, algún derecho legítimamente tutelado en su favor por la legislación. Así se desprende de la jurisprudencia I. 1o. A. J/3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". Sentadas las premisas de examen del caso, se tiene en cuenta que la parte quejosa reclama la falta de llamamiento a juicio, así como el desposeimiento del bien inmueble citado anteriormente, ya que aduce le reviste el carácter de parte procesal en el mismo; por tanto, se encuentra compelida en acreditar el derecho que dice, tiene sobre el inmueble que defiende, es decir, debe quedar debidamente demostrado su interés jurídico. Eso porque si una persona se ostenta extraña al juicio de donde provienen los actos reclamados y aduce tener un derecho de posesión, puede ser materia de protección constitucional siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho, a fin de que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que se tiene esa prerrogativa. Esto es, en aquellos supuestos en los que el gobernado, como la aquí quejosa, acuda en demanda de amparo, debe acreditar en forma fehaciente que el o los actos de autoridad reclamados vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resulta improcedente, razón por la cual, cuando algún quejoso se ostenta como tercero extraño y reclama la afectación de su derecho de posesión o propiedad, es necesario que demuestre la identidad del bien de su titularidad y de aquel que fue objeto del acto de autoridad que se reclama. Es aplicable la jurisprudencia 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "POSESIÓN PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante, lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Lo resaltado es propio. También apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la tesis P./J. 23/2014 (10a.), que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Así como por las razones que la informan, la jurisprudencia en la tesis 3a. 588/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". En la especie la quejosa, alegó que tiene un derecho de propiedad o posesión respecto del bien inmueble identificado como lote 3 Fracción B de la manzana 255 situado al sureste de la colonia Buena Vista de esta ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados ubicado sobre la Avenida Insurgentes y marcado con el numero 905-C y D, en esta ciudad. Pero no describió cuál es la causa de ese derecho ni aportó pruebas de ello, amén de que tampoco hay constancia fehaciente de la que se advierta dicho derecho. En otras palabras, dada la causa que alegó para sustentar su interés jurídico (propiedad y posesión del bien ya descrito), la impetrante debió la explicación del origen de ese derecho y aportar los medios de convicción que acreditaran: 1. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de posesión. 2. La afectación de la posesión aducida, a través de la ejecución de los actos reclamados. 3. Su condición de tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados. Pero no justificó el primer requisito, consistente en la existencia de algún título que sustente la causa legal generadora de la posesión o propiedad del bien inmueble identificado como lote 3 Fracción B de la manzana 255 situado al Sureste de la Colonia Buena Vista de esta ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados ubicado sobre la Avenida Insurgentes y marcado con el número 905-C y D, en esta ciudad, dado que no obra ninguna constancia fehaciente de la que se advierta dicha circunstancia, máxime que tampoco la parte quejosa aportó medio probatorio alguno para acreditar tal extremo. Ahora bien, con la finalidad de tener una clara comprensión del asunto y de la figura procesal con la que se ostenta la quejosa (tercero extraño en estricto sentido), es necesario plasmar una breve reseña de los antecedentes, que se obtienen del juicio sumario civil 1072/0214, de donde emanan los actos reclamados en este juicio de amparo. 1. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia en esta ciudad, Marcos González Rojas y María del Carmen Zalazar Hernández, promovieron juicio sumario civil en contra de Genaro Alarcón Llanes, en el que le reclamaron, entre otras prestaciones, la rescisión del contrato de compra venta celebrado el diez de mayo de dos mil diez, respecto del bien inmueble identificado como lote 3 Fracción B de la manzana 255 situado al Sureste de la Colonia Buena Vista de esta ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados, así como la desocupación y entrega material del inmueble materia del contrato. 2. Seguida la secuela procesal, el tres de julio de dos mil diecisiete, el juez de origen dictó sentencia definitiva en la que declaró procedentes las pretensiones de la parte actora y condenó a los codemandados Genaro Alarcón Llanes y Josefina Madrid Castro, al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato base de la acción y a la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis: 3. Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil diecisiete se tuvo a la parte demandada en lo principal, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia de tres de julio de dos mil diecisiete, el cual se admitió en efecto devolutivo, por lo que se ordenó remitir las actuaciones del citado juicio a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado para la sustanciación de los citados medios de impugnación. 4. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el toca 1519/2017, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, se resolvieron los recursos de apelación promovidos por las partes del juicio ordinario civil 1072/2014, del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, concluyendo con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Se CONFIRMA, en grado de apelación la SENTENCIA DEFINITIVA, de fecha tres de julio de dos mil diecisiete, dictada por el C. Juez Décimo Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en autos del expediente número 1072/2014, relativo al Juicio Sumario Civil, promovido por Marcos González Rojas y María del Carmen Zalazar Hernández, en contra de Genaro Alarcón Llanes y Josefina Madrid Castro. ." 5. Por auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 5816, por el cual la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, remitió el original de juicio sumario civil 1072/2014, testimonio de ejecutoria emitida en el Toca Civil 1519/2017 del índice de la Segunda Sala del citado órgano colegiado, asimismo, informó que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Josefina Madrid Castro. 6. Posteriormente, el ocho de junio de dos mil veintiuno, se dictó el auto en el que, entre otras cuestiones, se ordenó turnar los autos al actuario de su adscripción a efecto que proceda a poner en posesión material y jurídica de la actora el bien inmueble materia del juicio natural. Siendo estas actuaciones las que constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. De la narrativa anterior se advierte que la aquí quejosa María Ángela Rojas Rodríguez no es parte en el juicio de origen, esto es, no figuró como actora o demandada, en consecuencia, si acude al presente juicio de amparo, en defensa de sus derechos de propiedad o posesión, debe acreditar ser titular de ese derecho. En aras de demostrar su interés jurídico para la promoción del juicio constitucional, la amparista ofreció anexo a su demanda, los medios de convicción siguientes: 1. Constancia de notificación de los acuerdos de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, y de doce de febrero de dos mil quince; efectuada a Genaro Alarcón Llanes, dentro del juicio sumario civil 1074/2014, del índice administrativo del Juzgado Décimo Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y copias de traslado, dejada en poder de Isabel Inés Díaz Hernández. 2. Copia simple de la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil 1184/2015 del índice administrativo del Juez Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en la cual se concede a favor de Josefina Madrid Castro, la prescripción adquisitiva respecto del bien inmueble lote 03 fracción B de la manzana 255 de la colonia Buena Vista de esta ciudad. 3. Original del acuse del escrito presentado en la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia de Tijuana Baja California, con fecha de recepción de diez de marzo de dos mil veintiuno; donde Josefina Madrid Castro, cede los derechos litigiosos a favor de María Angélica Rojas Rodríguez. 4. Copia simple de las credenciales de elector de Josefina Madrid Castro y María Angélica Rojas Rodríguez. Ahora bien, debe decirse que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa son insuficientes para demostrar su interés jurídico para promover el juicio de amparo, y así obtener la protección constitucional que pretende, como se verá a continuación: Por cuanto hace a las documentales públicas relativas a la constancia de notificación de los acuerdos de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, y de doce de febrero de dos mil quince; efectuada a Genaro Alarcón Llanes, dentro del juicio sumario civil 1074/2014, del índice administrativo del Juzgado Décimo Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y copias de traslado, dejada en poder de Isabel Inés Díaz Hernández; sólo demuestran la existencia de la notificación a dicha parte procesal de los decretos emitidos por el juez responsable, pero de ninguna manera tienen el alcance de demostrar que la quejosa, tiene respecto del inmueble que ordenó entregar en el juicio de origen a la parte vencedora, el tipo de posesión que se protege a través del juicio de amparo. Respecto de las documentales consistentes en copia simple de la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil 1184/2015 del índice administrativo del Juez Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en la cual se concede a favor de Josefina Madrid Castro, la prescripción adquisitiva respecto del bien inmueble lote 03 fracción B de la manzana 255 de la colonia Buena Vista de esta ciudad; y copia simple de las credenciales de elector de Josefina Madrid Castro y María Angélica Rojas Rodríguez, estas carecen de valor probatorio por tratarse de fotocopias simples. Lo anterior ya que por sí mismas carecen de valor probatorio pleno y sólo genera una presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sea bastante cuando no es adminiculado con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. Es aplicable la jurisprudencia que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". (Época: Octava Época. Registro: 207434. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989. Materia(s): Común. Tesis: 3a. 18. Página: 379). De ahí que las copias simples que acompañó la parte quejosa relacionadas con anterioridad, carecen de valor probatorio alguno, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que respecta al original del acuse del escrito presentado en la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia de Tijuana Baja California, con fecha de recepción de diez de marzo de dos mil veintiuno; donde Josefina Madrid Castro, cede los derechos litigiosos a favor de María Angélica Rojas Rodríguez (ahora quejosa), debe decirse que no tienen el alcance de lograr lo que pretende, esto es que se le conceda la protección constitucional en su carácter de tercero extraño en estricto sentido respecto de los autos del juicio sumario civil 1072/2014, del índice del juzgado responsable (donde no es parte), mediante el cual se le ordena a los codemandados Genaro Alarcón Llanes y Josefina Madrid Castro a hacer entrega del bien inmueble identificado como lote 3 Fracción B de la manzana 255 situado al Sureste de la Colonia Buena Vista de esta ciudad con superficie de 390.00 metros cuadrados ubicado sobre la Avenida Insurgentes y marcado con el numero 905-C y D, de esta ciudad. Se afirma lo anterior, toda vez que si bien, mediante escrito recibido el diez de marzo de dos mil veintiuno, Josefina Madrid Castro cedió los derechos litigiosos a María Ángela Rojas Rodríguez respecto al juicio ordinario civil 1184/2015, también lo es que dicha cesión de derechos hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo no había sido ratificada. En ese sentido, debe decirse que la cesión de derechos litigiosos, no puede ser considerada oponible a terceros, en virtud de que al ofrecerse como prueba para acreditar el interés en el presente juicio de amparo, debe cumplir con los requisitos que al efecto establecen los numerales 1094, en relación con el 2191, ambos del Código Civil del Estado de Baja California que disponen: "ARTICULO 1904.- Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. (.) ARTICULO 2191.- La enajenación de bienes inmuebles cuyo valor convencional no sea mayor de la cantidad que resulte de multiplicar por 10,000 el importe del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y la constitución o transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez o Registro Público de la Propiedad o Catastro Municipal. De los preceptos transcritos, se desprende que la cesión de derechos se actualiza cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor, asimismo que pueden otorgase en un documento privado siempre y cuando dicho acto se realice ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez o Registro Público. Lo que en el caso no acontece con el acuse del escrito presentado en la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia de Tijuana Baja California, con fecha de recepción de diez de marzo de dos mil veintiuno; donde Josefina Madrid Castro, cede los derechos litigiosos a favor de María Angélica Rojas Rodríguez, pues no se advierte que éste se haya ratificado ante la autoridad judicial. Por otra parte, aún y cuando ese acto jurídico (cesión de derechos) tuviera fecha cierta, el mismo aconteció con posterioridad al inicio, sustanciación y ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen (la cual causó ejecutoria el nueve de noviembre de dos mil dieciocho), y fue hasta el diez de marzo de dos mil veintiuno, en el que, en su caso, adquirió la calidad de cesionaria en el diverso juicio 1184/2015, mas no el derecho a poseer fundado en un título sustentado en alguna figura prevista en la ley, por tanto, es inconcuso que no acredita el derecho con el cual pretende acreditar el interés jurídico en este asunto. Por las razones jurídicas que informa, se invoca la jurisprudencia con registro digital 2020978, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." (Lo resaltado es propio). En esa tesitura, a juicio de este órgano jurisdiccional, con las documentales que exhibió la quejosa María Ángela Rojas Rodríguez no se encuentra acreditada fehacientemente la titularidad del inmueble en cuestión; razones por las cuales, se estima que no acredita su interés jurídico para la procedencia del juicio constitucional que instó. Lo hasta aquí considerado permite concluir que, al no existir pruebas idóneas que acrediten fehacientemente la titularidad del inmueble que pretende defender en el contradictorio de origen, y por ende, la causa generadora de su posesión, se estima que carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional, y obtener la protección constitucional solicitada, pues con las pruebas que ofreció a lo sumo, lo único que podría probar, en su caso, sería que con posterioridad al inicio, sustanciación y ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, en su caso, adquirió la calidad de cesionaria en el diverso juicio 1184/2015, mas no el derecho a poseer fundado en un título sustentado en alguna figura prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." (Época: Novena Época, Registro: 190785, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia ,Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 1341) En mérito de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Conviene recordar que, en los supuestos en los que se actualiza el sobreseimiento en el juicio, impide al juzgador analizar los temas de fondo planteados en la litis constitucional, a la luz de la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Asimismo, tomando en consideración la actualización de la causa de improcedencia invocada, resulta innecesario pronunciarse en torno a diversos motivos de inejercitabilidad, dado que a nada práctico conduciría, pues el sentido del fallo sería el mismo. Al respecto se cita la tesis que aparece publicada en la página doscientos treinta y tres, del Tomo XI-Marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, que literalmente establece: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimar que en el juicio de garantías se surte una casual de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin embargo, aunado al sentido de la presente resolución, tratándose de la violación al derecho humano de previa audiencia y seguridad jurídica, y al ser la parte quejosa tercero extraño, basta con que ésta exprese con claridad la causa de pedir, señalándose con precisión cuál es la lesión que dice sufrir con la emisión de los actos que reclama, para que se supla la deficiencia de la queja de conformidad con la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima acorde a la tesis jurisprudencial por contradicción 149/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de las pretensiones de las partes que promueven un determinado juicio de amparo no constituye, en sí mismo, una violación al principio pro persona o pro homine contemplado en el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, brindar una protección más amplia a las personas cuyo ámbito de protección deberá interpretarse conforme a las normas relativas a derechos humanos a la luz de nuestro texto Constitucional y los tratados internacionales en que el estado mexicano sea parte, favoreciéndolos en todo momento, ya que en todo procedimiento llevado ante las autoridades competentes existen ciertos requisitos de procedencia en el orden interno de los Estados en el que se deben ciertas garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCLXXVI/2012, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora, al no haberse atribuido vicios propios a su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 239008, consultable en el Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo que, en virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 239006, consultable en el Volumen 24, Tercera Parte, página 49, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción III, inciso b) y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Ángela Rojas Rodríguez, en contra de los actos y autoridades precisadas, así como por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese.Así lo resolvió y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano