Margarito Salvador Zaragoza Casanova

Expediente 235/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
235/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Margarito Salvador Zaragoza Casanova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Ahora bien, de autos se advierte que obra en poder de este órgano jurisdiccional el original de la causa penal 181/2017 y dos anexos, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad; por tanto, al no ser necesaria su conservación y retención por parte de este Juzgado de Distrito, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvanse a la autoridad antes señalada, las constancias de referencia; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, por el que acusa recibo del oficio 13660/2021, el cual fue recibido en dicha dependencia el veintinueve de abril del año en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de veinte días que se otorgó al quejoso en proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior" o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país, con el fin de emplazar a juicio a la tercero interesada María Isabel Moreno Armenta, no obstante estar debidamente notificado para ello desde el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. De lo anterior, podemos advertir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Ahora, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio de la tercero interesada María Isabel Moreno Armenta. En ese sentido, en proveído de diez de marzo del año en curso, una vez agotada la búsqueda se ordenó el emplazamiento de la referida parte procesal por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de la certificación que antecede se constata que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, sin que compareciera por conducto de sus autorizados o interpósita persona a recibirlos e iniciar el trámite para su publicación, no obstante de estar legal y oportunamente notificada de lo anterior. Por otro lado, tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto del suscrito, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada María Isabel Moreno Armenta, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Margarito Salvador Zaragoza Casanova, pues con la falta de emplazamiento de la referida tercero interesada, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, , que a la letra dice: Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece. Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para acreditar la publicación de los edictos de mérito, el quejoso, por sí, o bien, por conducto de su autorizado, no manifestaron su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar a la tercero interesada María Isabel Moreno Armenta, y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, , que establece: Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por los artículos 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se ha emplazado a juicio a María Isabel Moreno Armenta, (aquí tercero interesada). En ese contexto, toda vez que del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento por edictos a dicha tercero interesada a costa del quejoso, por lo que transcurre el término de veinte días otorgados a la parte quejosa, a fin de realizar la publicación respectiva de los mismos y acreditarlo ante este órgano jurisdiccional. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

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