María Adelina Llamas Rosales

Expediente 165/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
165/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2020

Partes del expediente

  • María Adelina Llamas Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese al presente expediente, el escrito presentado por Omar Valles Lavandera, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue efectuado en proveído de cinco de octubre del año en curso y, al efecto, proporciona el correo electrónico lic.omar.valles@gmail.com, a fin de que, por dicho medio, le sean remitidas las copias certificadas que solicitó en escrito presentado en este Juzgado el dos de octubre de dos mil veinte. Por tanto, como lo solicita el promovente, remítasele vía correo electrónico, copia certificada, con evidencia criptográfica, de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, así como del auto en que dicha sentencia causó ejecutoria. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa, por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado en auto de once de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia al día siguiente; esto es, el tres de abril de dos mil trece, aplicable en el presente asunto; se admite la demanda en los términos planteados; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Incidente de suspensión. Fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Informe justificado. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, manifestando categóricamente si es o no cierto el acto reclamado. Asimismo, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; de igual forma, hágaseles saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional. Apercibidas que de no cumplir, o rindan su informe fuera del término señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, consistente en $8.449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Tercero interesado. Ahora bien este Juzgado Federal se reserva de acordar a quiénes les reviste el carácter de tercer interesado en el presente juicio de amparo hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, una vez que consten en el expediente copias certificadas del juicio de origen, y analizadas, se hará el pronunciamiento de a quiénes les reviste tal carácter en el presente juicio y se ordenará su emplazamiento. Pruebas. De conformidad con el artículo 119, y 123, de la Ley de la Materia, se tiene por anunciadas las pruebas documentales, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otro lado, respecto al ofrecimiento de la prueba testimonial, se desecha de plano, toda vez que para su ofrecimiento deberán exhibirse el original y copias del cuestionario para cada una de las partes, puesto que la exhibición del cuestionario original y la presentación de las copias respectivas, son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba. Lo anterior tiene justificación con la Jurisprudencia P./J.18/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, libro 55, junio de 2018, que a la letra dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del cuestionario para cada una de las partes, al tenor del cual deberá desahogarse la prueba; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del plazo concedido la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba pericial son su oportunidad, la exhibición del cuestionario original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del cuestionario original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el cuestionario original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Por otra parte, realícese el cotejo y compulsa de las pruebas que ofreció, para que obren en el cuaderno incidental, siempre que estas sean en original o copia certificada. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, se apercibe a las partes, que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, o notorias causa de improcedencia y no la comuniquen, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por treinta, consistente en $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional), de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente corresponde, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5, de la Ley de Amparo. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Asimismo; en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y de aquéllas autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. En ese orden, tienen la obligación de recibir el oficio que se gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 245 de la Ley de Amparo. Solicitud de copias. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos; en la inteligencia de que quién se presente a recibirla(s), deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual previo cotejo que con su original se realice, será glosada en autos para constancia. Notifíquese.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo ordenado en el expediente principal, así como las copias simples de la demanda de cuenta y escrito aclaratorio, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 165/2019-E, promovido por María Adelina Llamas Rosales, contra actos de los Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y otras autoridades. Audiencia incidental. Se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Informes previos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 136, 138, 140 y 260, todos de la Ley de Amparo, aplicable en el presente asunto, pídase a la autoridad responsable el informe previo, mismo que, deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y manifestar categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados, expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional, y proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes conforme lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga, el actuario deberá hacer constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. De igual forma se le hace saber que la falta de la rendición oportuna de su informe, esto es, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se sanciona con una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, lo anterior según lo que disponen los artículos 238 y 260, fracción I, de la ley de la materia. En el entendido, que la falta de la rendición de los informes hará presumir cierto el acto reclamado, de conformidad con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y se impondrá a las autoridades responsables una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 238, en relación con el precepto 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, se les requiere para que dentro plazo anteriormente indicado, informen a este Juzgado si cuentan con firma electrónica y en su caso proporcionen una dirección de correo institucional, en el que se les realicen las notificaciones del presente juicio de amparo, de conformidad a lo que establecen los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo las notificaciones se les realizaran por medio de oficio en su residencia oficial de aquellas determinaciones que por su importancia les deban ser notificadas. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2 012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en el presente incidente de suspensión, únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Suspensión provisional. La quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentran y no se vea afectada la quejosa en la posesión del inmueble que defiende, ubicado en calle Coromuel número 5527, de la colonia Herrera, con motivo de la ejecución de sentencia dictada en el juicio civil de prescripción positiva número 405/2018, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de la ciudad de Tijuana. En ese tenor, cabe señalar que tratándose de la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. En la especie, la quejosa solicita expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de las autoridades responsables, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del dispositivo 128 de la ley de la materia. Por cuanto hace al requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, en el presente caso, se estima que con la concesión de la medida cautelar, no se sigue perjuicio al interés social, toda vez que los actos que se pretenden suspender, no se encuentran en ninguno de los supuestos del artículo 129 de la Ley de Amparo, y con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público; y, sí se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con su ejecución. Además, la quejosa acredita presuntivamente el interés jurídico con las documentales que anexó a su escrito de demanda, relativas a las constancias que acompañan la notificación practicada en los autos de la Jurisdicción voluntaria número 1914/2019-2, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de este partido judicial. De las cuales se advierte que Martina Llamas Rosales y Arturo Hernández Arellano, notifican a la ahora quejosa, en su calidad de poseedora del inmueble descrito, los siguiente: - Que mediante sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Cuarto de lo Civil con residencia en Tijuana, Baja California, dentro de los autos del expediente 405/2018, operó la prescripción positiva del inmueble identificado como lote 13, Manzana 27, de la colonia Herrera, Delegación San Antonio de los Buenos, de la ciudad de Tijuana, Baja California, con clave catastral HR-027-13, a favor de los señores MARTINA LAMAS ROSALES y GUADALUPE LLAMAS ROSALES. - Que mediante convenio de cesión de derechos fechado el tres de diciembre de dos mil dieciocho y ratificado el diez de mayo de dos mil diecinueve, Guadalupe Llamas Rosales, cedió en favor de Arturo Hernández Arellano, los derechos sobre la parte alícuota que le corresponde de dicho predio. Por ende, al estar reunidos los requisitos previstos por los artículos 128, 129, 130 y 151 de la Ley de Amparo, se concede a María Adelina Llamas Rosales, la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran en relación con el inmueble ubicado en calle Coromuel número 5527, de la colonia Herrera, también identificado como lote 13, Manzana 27, de la colonia Herrera, Delegación San Antonio de los Buenos, el cual cuenta con clave catastral HR-027-13; y no se desposea a la quejosa de dicho inmueble con motivo de alguna orden emitida por el juez responsable en el juicio del cual deriva el acto reclamado, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Asimismo, como la quejosa se ostenta en el amparo como tercero extraña al juicio natural, y solicita la suspensión para que no se lleve a cabo la inscripción de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 405/2018, del índice de la responsable; y al advertirse que también se surten los supuestos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede también la suspensión solicitada, para que no se lleve a cabo dicha inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ello también hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. No se soslaya que la quejosa exhibió, además, como prueba las siguientes documentales consistentes en: Estado de cuenta, expedido por Bancrecer Dresdner, Sociedad Anónima de Capital Variable, administradora de fondos para el retiro, a nombre de la suscrita. Estado de cuenta, expedido por HSBC Afore, Sociedad Anónima de Capital Variable., Grupo Financiero HSBC, administradora de fondos para el retiro, a nombre de la suscrita. Estado de cuenta, expedido por Afore Allianz Dresdner, Sociedad Anónima de Capital Variable, administradora de fondos para el retiro, a nombre de la suscrita. Estado de cuenta, expedido por el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, a nombre de la suscrita. Estado de cuenta, expedido por Bancrecer Dresdner, Sociedad Anónima de Capital Variable, administradora de fondos para el retiro, a nombre de la suscrita. Recibo de consulta general, expedido por el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, a nombre de la suscrita. Copia simple de un contrato privado de compraventa como vendedor Guadalupe Ayala Castro, y como comprador José Carmen Llamas Hermosillo. Copia simple de una hoja de inscripción del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Tijuana. Acta de defunción de José Carmen Llamas Hermosillo. Acta de defunción de Bernardina Rosales Bugarin. Acta de nacimiento de la suscrita. Recibo de pago por concepto del impuesto predial, expedido por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a nombre de Felipe Castro Vázquez y esposa, con la leyenda "paga José Carmen Llamas" con número de clave catastral 027-013. Constancia de pago para pavimento por autogestión, expedida por la Unidad Municipal de Urbanización del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a nombre de José Carmen Llamas. Rectificación de antecedentes, expedida por la Dirección General de Catastro del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a nombre de Felipe Castro Vázquez. Recibos de pago de gas doméstico, expedida por la Compañía de Gas de Tijuana, Sociedad Anónima, a nombre de Bernardina Rosales de Llamas. Acta de nacimiento a nombre de Jessika Janneth Llamas Rosales. Cartilla de vacunación a nombre de Jessika Janneth Llamas Rosales. Acreditación de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre der Jessika Janneth Llamas Rosales. Notificación del Instituto Federal Electoral a nombre de la suscrita. Documentales originales y en copia simple que, valoradas en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, corroboran presuntivamente la existencia del interés sus pensional de la quejosa; pues aun cuando en las mismas se acreditan solamente los hechos que refieren, esto es, relativos a los actos jurídicos que representan, y a los trámites y servicios administrativos solicitados ante las autoridades y entidades bancarias mencionadas, realizados en diversas fechas; lo cierto es que en ellas aparece como domicilio el indicado en párrafos que preceden. Sustenta lo anterior, la tesis aislada del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 457, octubre de 1992, tomo X, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INTERÉS JURÍDICO, PUEDE ACREDITARSE PRESUNTIVAMENTE. Para conocer la suspensión definitiva del acto reclamado, es suficiente que se tenga por acreditado, aparte de otros requisitos cuando menos en forma presuntiva, el interés jurídico." Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 96/97, publicada en la página 23, Tomo VI, Diciembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Materia(s): Común, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado". La suspensión concedida surte efectos desde luego, en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si a la fecha ya se ejecutaron los actos reclamados, tomando en cuenta que la medida cautelar no tiene efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Garantía De conformidad con lo dispuesto por los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, la sucesión quejosa deberá exhibir garantía por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, ante y a satisfacción de este Juzgado, en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de este auto; cantidad que se fija en uso de la facultad discrecional concedida por los numerales antes citados, en consideración que la garantía aludida es para hacer frente a los posibles daños y perjuicios que puedan causarse a la parte tercero interesada con la concesión de la suspensión. Además, con fundamento en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Actividad Administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, el cual precisa el procedimiento para la constitución y manejo de depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los órganos jurisdiccionales, en caso de presentar billete de depósito, deberá procurarse que incluya la siguiente razón, el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante; y que se autoriza al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para solicitar y recibir la información de la institución financiera que permita el control del depósito. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios adscritos a este Juzgado, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la materia. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Solicitud de copias. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos; en la inteligencia de que quién se presente a recibirla(s), deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual previo cotejo que con su original se realice, será glosada en autos para constancia. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Notifíquese.

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