Maria Anabey Criollo Dzib
Expediente 1499/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1499/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Anabey Criollo Dzib
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido.En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser DESTRUIBLE, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo.En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por MARIA ANABEY CRIOLLO DZIB, contra el acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades responsables; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1499/2021. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: "1. De la primera responsable: a) Todos los acuerdos, promociones, autos, diligencias o resoluciones dictados en el expediente 896/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JORGE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ BORGES en contra de la suscrita, ya que por la falta de notificación y emplazamiento legal se produjo como consecuencia, que la JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, tramitara el referido juicio hasta el grado de dictarse sentencia definitiva y ejecutoriada, y en el cual SE EMBARGÓ DE MANERA ILEGAL UN PREDIO DE MI PROPIEDAD, el cual consistente en el predio marcado con el número SETENTA Y CUATRO de la calle NUEVE de TINÚM, YUCATÁN, inscrito a folio electrónico número 82931. Todo esto sin que me hubiese enterado y en consecuencia sin que hubiese comparecido a dicho juicio. b) Los demás actos que se deriven o que sean consecuencia de los anteriormente mencionados. 2. De las segundas responsables: l) a) La falta de notificación y emplazamiento del juicio a la suscrita, dictado por C. Juez Segundo Mercantil del Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ordenado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil marcado con el número de expediente 896/2011, materialmente EJECUTADO DE FORMA ILEGAL, por dicho responsable. ll) Todos los autos y resoluciones notificados a la suscrita en el expediente 896/2011 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JORGE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ BORGES en contra de la suscrita, tramitado en el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. lll) La inscripción del embargo sobre el predio número SETENTA Y CUATRO de la calle NUEVE de TINÚM, YUCATÁN, inscrito a folio electrónico número 82931." . Esto es, en esencia reclama el procedimiento seguido en el Juicio Ejecutivo Mercantil 896/2011 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, promovido en su contra, alegando no haber sido llamada a dicho juicio, en el que se embargó un predio de su propiedad. Ahora bien, es menester indicar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo1, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, atento a los motivos que a continuación se exponen. Así, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa refirió en su demanda tener conocimiento del juicio promovido en su contra y demás actos, a partir del mes de abril del año en curso. Lo que incluso manifestó bajo protesta de decir verdad en la demanda que presentó con anterioridad y con la que se formó el juicio de amparo 676/2021-VII, del índice de este órgano de control constitucional, en el que se decretó la separación de juicios y derivado de ello se tramitó el diverso expediente 739/2021, instado por la propia María Anabey Criollo Dzib, lo cual constituye un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De la revisión del aludido juicio 739/2021, se aprecia que en el mismo, la quejosa se dolió de todo lo actuado en el expediente 896/2011, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, derivado del llamamiento a juicio que le fue practicado en dicho controvertido; atento a ello, se colige que tanto en el asunto que ahora se analiza, como en el diverso 739/2021, la directa quejosa se duele de los mismo actos, los que refirió haber conocido desde aquella data citada. Resulta dable citar, en el caso, la jurisprudencia con número de tesis VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199,Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." De ahí que, en el caso, deba decirse que es a partir de esta fecha que ya tenía conocimiento de los actos reclamados que por esta vía pretende reclamar, a través de un nuevo amparo, como lo pretende, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad, en este y en aquél diverso juicio. Con base en lo narrado en los párrafos que preceden, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el numeral 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Se afirma lo anterior, pues del análisis de ambas demandas de amparo, se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde abril del año en curso, e incluso, en el referido juicio de amparo 739/2021 fueron puestos a la vista de la quejosa los informes de las autoridades responsables, entre ellas, la rendida por el Juez en cuyo informe adjuntó las constancias del juicio de origen. Por lo que es evidente que a la data en que presentó la demanda de amparo, que ahora nos ocupa, ésta resulta por demás extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. "En esas condiciones, al actualizarse ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por María Anabey Criollo Dzib, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la legislación invocada. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como sus autorizados a las personas que señala con las facultades conferidas. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, las notificaciones deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del citado Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece que cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.
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