Maria Angelica Peniche Palma
Expediente 1611/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1611/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Angelica Peniche Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Encargada del Despacho de la Dirección General Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta; al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de dicha responsable, el que señala en su informe de cuenta, y con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, ténganse por designados como delegados de la autoridad responsable de mérito, a las personas mencionadas en su informe de ley. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, fue puesto a la vista del tercero interesado ********************, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y sus respectivos anexos, el cual le fue notificado el dieciséis de noviembre del año en curso, por lo que aún no se cumplen con los ocho días de anticipación a que contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.********************Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que el término otorgado al citado tercero interesado ********************, en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. ********************En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, hágase al referido tercero interesado, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. ********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
La Jueza declara abierta la audiencia y el Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el registro de Oficialía de Partes 15680, correspondiente al informe previo rendido por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, así como con el informe de la Directora General Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual ya obra agregado en autos. A lo anterior, la Jueza acuerda: Agréguese y téngase por rendidos en tiempo y forma los informes previos de las autoridades responsables de que se tratan, para que sean tomados en consideración al momento de resolver el presente incidente de suspensión. Abierto el período de pruebas se da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa con el escrito inicial de demanda, así como con las documentales a que hizo referencia el Juez responsable en su informe previo. A lo anterior, la Jueza acuerda, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas ofrecidas en atención a su propia naturaleza jurídica. Hecho lo anterior, se ordena cerrar este período. En el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: Vistos, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo VI-1611/2023, promovido por María Angélica Peniche Palma contra los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida y de otra autoridad, por violación a los artículos 4 y 17, Constitucionales, y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de treinta de octubre del año en curso, se ordenó tramitar por duplicado el presente incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes previos, en este día, y previo diferimiento se verificó la audiencia incidental, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO: FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y su ampliación, así como de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre ellas, los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa reclama, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria de amparo reclamó en su demanda de amparo: - El acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral familiar 229/2015, del índice de la autoridad ordenadora en donde se le requirió a efecto de que cumpla con el régimen de convivencia establecido en la sentencia definitiva. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y la Directora General Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir sus respectivos informes previos manifestaron que es cierto el acto que se les reclama. CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, esta juzgadora federal considera que debe negarse la suspensión definitiva solicitada respecto de los efectos del acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral familiar 229/2015, del índice de la autoridad ordenadora en donde se le requirió a efecto de que cumpla con el régimen de convivencia establecido en la sentencia definitiva. Al efecto, es menester precisar que en el sistema jurídico mexicano se detallan diversas prerrogativas de orden personal y social a favor de los menores de edad, tal como se aprecia del texto actual del artículo 4° Constitucional, que en lo conducente establece: "Artículo 4. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. .Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Tal disposición normativa, consagra el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral; y entre esas necesidades, se encuentra la de mantener relaciones personales y contacto directo con sus progenitores, aún en el caso de que éstos estén separados. Asimismo, se establece que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo el principio básico del interés superior del niño, el cual se define en la tesis jurisprudencial 1ª./J. 25/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: ""la expresión interés superior del niño""... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Atento a lo anterior, para poder decidir el Juzgador de amparo sobre la suspensión del acto reclamado, de acuerdo con el principio de la apariencia del buen derecho, establecido en la fracción X del artículo 107 Constitucional, debe realizar un análisis previo de las circunstancias particulares del caso, respecto a la probabilidad del derecho discutido en el juicio de amparo, lo que implica un estudio superficial de las pruebas existentes en el cuaderno incidental, que deben sopesarse de manera simultánea con el perjuicio que se pueda ocasionar al interés social o al orden público con la concesión de la medida suspensional, esto es, si el daño al interés social o al orden público es mayor al que pueda sufrir la parte quejosa, teniendo presente el interés superior de los menores. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO"", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Asimismo, los numerales 128, fracción II, 129, fracción VIII, 139 y 147 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: .VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Tomando en cuenta lo anterior, así como las manifestaciones realizadas por la parte quejosa de donde se advierte que existe una sentencia definitiva en el procedimiento de origen en donde se estableció el régimen de convivencia entre el infante y su progenitor no custodio, además de que estas están programadas para llevarse a cabo de manera supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, procede negar la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, pues no se satisface el segundo requisito que para su concesión establece el artículo 128 de la Ley de amparo, ya que de concederse la medida cautelar se impediría que el menor de edad conviva de manera injustificada con su progenitor y con ello se pugnaría contra su interés superior y las normas de orden público y de interés social. Esto es así, porque tratándose de menores, lo que se debe privilegiar es la relación entre los progenitores y la menor de edad, con el propósito de buscar un mayor beneficio del infante. Lo anterior, se basa en que el derecho de visita y convivencia tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional de los menores adolescentes materno y paterno, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respecto a su persona e intimidad, lo que constituye una cuestión de orden público e interés social que tutela el Estado Mexicano, conforme a lo dispuesto por el artículo 4º. Constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y a los derechos de la niñez, así como los artículos 3º, 7,9,12, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que establece que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés del niño, en los juicios en los que se vean involucrados derechos de intereses de las niñas, niños, adolescentes, como el caso, debe de tenerse como presupuesto esencial el interés superior del niño. En razón de que de dicho interés, está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral de los menores que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, viven separados de uno o ambos progenitores, y el goce y disfrute de esos derechos no podrá impedirse sin justa causa; de ahí que cuando estos permanezcan al lado de su madre se actualiza su derecho natural de convivir con el progenitor que no tenga a su cargo la custodia, por tanto, el menor de edad hijo como su progenitor no custodio tienen el pleno derecho a la convivencia, por contar con la capacidad derivada de la paternidad para orientar y entender las necesidades más elementales de dicho menor, como cuidarle y aconsejarle adecuadamente, en tanto es inadmisible que solamente el padre y dicha hija guarden una gran dependencia mutua, y aun así, ello no es un hecho que impediría la convivencia periódica, constante y amplía con la progenitora, con el fin de preservar en un sano desarrollo de los infantes. Cabe citar a lo anterior, la jurisprudencia, bajo el rubro siguiente: "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN SU CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS." Asimismo, es de explorado derecho, que tratándose de controversias del orden familiar, el principio fundamental que debe tener en cuenta es el interés superior del menor, ya que se tutela la sana formación corporal, emocional y social que propicie el acercamiento, emocional y social que propicie el acercamiento de la capacidad de los menores de edad y por ende el desarrollo entre ellos y sus progenitores, por lo que a fin de salvaguardar su integridad física y psicológica en atención al principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Aplica al caso la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 2236: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE CUSTODIA DE MENORES. PARA CONCEDERLA O NEGARLA DEBE ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." Así, el régimen de convivencia y la modalidad de visitas entre el infante y su progenitor no custodio se encuentra supeditado a lo determinado por la autoridad judicial aquí responsable, por lo que la concesión de la medida cautelar solicitada implicaría una afectación al orden público y al interés social, conforme a lo establecido en los artículos 128 y 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por afectarse intereses de menores de edad, porque la sociedad está interesada en que se proporcione a los niños los satisfactores cuidados y asistencia necesaria para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social; por lo que se concluye, que debe prevalecer la decisión del juez del conocimiento al requerir a las partes el debido cumplimiento al régimen de convivencia establecido en la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario familiar 229/2015. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a María Angélica Peniche Palma, la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y Directora General Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe justificado y anexo en copia certificada, remitidos por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichas documentales a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. En otro contexto, de la revisión las constancias que la autoridad acompañó a su informe, se advierten un par de domicilios donde puede ser localizado el tercero interesado en este asunto ********************, los cuales se encuentran en la calle ********************y el siguiente en,********************. Atento a lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que se constituya en los predios señalados líneas precedentes y proceda a emplazarlo, entregándole copia simple de la demanda de amparo y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio en su carácter de tercero interesado, si así le conviniere a sus intereses. Asimismo, prevéngale para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento para que en caso de no hacerlo, las demás notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Hágasele del conocimiento del aludido tercero que la audiencia constitucional en este asunto, está señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por último, dese vista al tercero interesado de referencia, con el informe justificado señalado en líneas precedentes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Finalmente, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó a su informe de cuenta; por tanto, fórmese un cuaderno auxiliar con las referidas constancias, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado y en el expediente electrónico, lo anterior, de conformidad con el artículo 22 último párrafo y el diverso 23 ambos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesado ********************. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario que autoriza. Doy fe.
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