María Amparo Corbala Moguel

Expediente 1022/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1022/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • María Amparo Corbala Moguel

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con incidente de suspensión ni obra documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe justificado de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, junto con el anexo que adjunta al mismo, consistente en copia autorizada de las constancias del expediente ********************, del índice de la responsable. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la denegación de justicia consistente en la falta de pronunciamiento de la responsable, respecto de los escritos de veintiuno y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, presentados en el expediente ********************, relativo al juicio ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia promovida por ********************. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de proveer lo solicitado en sus memoriales de veintiuno y veintidós de febrero de dos mil veintitrés; presentados en el expediente ******************** relativo al juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia promovida por ******************** en contra de la quejosa. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Jueza responsable en su informe justificado, se desprende que en fecha catorce de julio del año en curso, se tuvo por presentada a la aquí quejosa ********************, con sus diversos memoriales presentados ante la responsable, entre los cuales se encuentra los dos que son motivo de este juicio de amparo, y en relación a lo solicitado por la ocursante, proveyó los mismos, ordenando en dicho acuerdo se gire oficio a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el resolutivo quinto de la sentencia de once de octubre de dos mil veintiuno, y salvaguardarla estabilidad emocional de la adolescente con identidad reservada e iniciales ******************** Asimismo, en cuanto a la modificación solicitada por la quejosa respecto del régimen de convivencia, la responsable ordenó dar vista de esa propuesta a ********************, para los efectos legales conducentes. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable ya se pronunció respecto de las solicitudes formuladas por la aquí quejosa en sus memoriales de veintiuno y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de emitir un acuerdo, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la emisión del acuerdo respectivo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable ya emitió el acuerdo recaído a las solicitudes presentadas por la parte quejosa; de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sin que obste para lo anterior, que aún se encuentre pendiente la notificación a las partes del juicio ******************** del acuerdo en comento, pues en la especie, el acto reclamado lo constituye la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de emitir un acuerdo, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, y no el derecho de petición. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de tres días que se le concedió a las partes, en proveído de veintinueve de mayo del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que informaron las responsables; por tanto, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base en los elementos que obran en este expediente y las manifestaciones de la parte quejosa. En este sentido, se aprecia que por sentencia firmada el tres de abril del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto reclamado de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuaria de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, para su cumplimiento, en los siguientes términos: "[.] En mérito de lo anterior, lo que procede es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados por ARCADIO HUCHIM MONTALVO. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. Con fundamento en el artículo 74, fracción V, de la Ley de la materia, se precisan los efectos de la sentencia. Así, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, deje insubsistente la diligencia de emplazamiento realizada al quejoso ARCADIO HUCHIM MONTALVO, en el juicio ejecutivo mercantil 1809/2016, y como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad a esa diligencia, incluyendo el embargo sobre el bien inmueble número doscientos cincuenta y seis, de la calle ciento treinta y cinco, por cuarenta y ocho, y cuarenta y seis, letra "E", del fraccionamiento San Carlos del Sur II, de esta Ciudad; a fin de que se restablezcan las cosas al estado procesal que guardaban con anterioridad a la violación cometida y, hecho lo anterior, reponga el procedimiento respectivo y ordene emplazar al justiciable legalmente, con estricta observancia de lo dispuesto en la legislación de la materia, acorde al artículo 14 Constitucional, haciendo los ajustes de procedimiento, para que la persona con discapacidad, pueda estar debidamente representada en el procedimiento que se le instruyó, acorde a los razonamientos plasmados en esta sentencia. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de la autoridad ejecutora, al demostrarse la ilegalidad del emplazamiento. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/338, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y publicada en la página 69, tomo 83, del mes de noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento, en los términos insertos. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten las siguientes actuaciones: - Oficio 1465, de dos de mayo de dos mil veintitrés, signado por la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que informó que dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento realizada al quejoso Arcadio Huchim Montalvo, y en consecuencia todo lo actuado con posterioridad a dicho acto procedimental incluyendo el embargo judicial trabado en autos sobre el bien inmueble número doscientos cincuenta y seis, de la calle ciento treinta y cinco, por cuarenta y ocho, y cuarenta y seis, letra "E", del fraccionamiento San Carlos del Sur II, de esta Ciudad; inscrito a folio electrónico 324974, levantando el citado embargo; girando el oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán a fin de que cancelara la anotación del citado embargo, y ordenó al actuario de su adscripción y proceda a notificar el auto de exequendo al demandado en el expediente número 1809/2016 de su índice. - Oficio de fecha dos de mayo del año en curso, signado por la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que manifestó entre otras cosas, que hacía suyas las copias certificadas de la Juez de su adscripción. -Oficio 01720, de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, signado por la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que informó que en esa misma fecha, reconoció el cargo de Argelia Tuz Tun, como tutora definitiva del quejoso Arcadio Huchim Montalvo, en autos del expediente número 1809/2016 de su índice, asimismo, tuvo por contestada en tiempo la demanda instaurada en contra del citado demandado, aquí quejoso. De lo anterior, se advierte que con lo anterior, la sentencia de amparo se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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