María Alfa García Calderón

Expediente 1419/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1419/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
  • María Alfa García Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la misma causó ejecutoria. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva, se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destrucción de expedientes. Una vez que transcurran tres años de conservación, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del mencionado Acuerdo General. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1419/2022, promovido por María Alfa García Calderón, por alegada violación de los artículos 3o, fracción IV, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que quejosa reclama: El hecho de haber realizado y seguir realizando de manera verbal, con oscuridad y secrecía, todas sus actuaciones durante más de treinta y cinco años. La omisión de expedir su propio reglamento previsto en la sub fracción "C" de la fracción VI adicionada al artículo 8o, de la vigente Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante decreto legislativo número 1, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis. El acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diez, mediante el cual reforma y adiciona el "Reglamento propio de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo". SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos y/o omisiones atribuidos a una autoridad distinta a la judicial con residencia en esta ciudad, lugar donde esta potestad federal ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás, a través de su presidente Fernando Juárez Aranda, negó expresamente los actos y/o omisiones que se le atribuyen. Sin embargo, esa negativa se ve desvirtuada con las propias manifestaciones vertidas en el informe de ley, de las que se desprende que defendió la legalidad de los actos reclamados. Es aplicable el siguiente criterio: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, dicha existencia se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió junto con el informe justificado, consistentes en el acuerdo dictado en sesión de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de fecha cuatro de noviembre de dos mil diez y el Reglamento propio de la citada Comisión de Rectoría, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2o. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, la autoridad señalada como responsable al rendir su informe justificado, señaló que el juicio de amparo es improcedente -entre otras razones-, porque los actos que la quejosa le atribuye no son de aquéllos que puedan ser impugnados a través del juicio de amparo. Refiere que entre la quejosa y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la cual la Comisión de Rectoría es uno de sus órganos, conforme a la Ley Orgánica de la citada máxima casa de estudios, no existe una relación de supra a subordinación, es decir entre gobernante y gobernado, sino de coordinación derivada de una relación laboral que existe, debido a que la impetrante es una trabajadora académica de la citada universidad en cuanto patrón. Son fundados los argumentos en los que la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hace descansar la improcedencia del juicio de amparo, sin soslayar que no citó el fundamento legal en que lo sustenta; sin embargo, al ser de estudio oficioso para este órgano jurisdiccional la procedencia del juicio constitucional, se desprende que en efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1o y 5o, fracción II, del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Establecido lo anterior, en principio, es importante precisar algunos aspectos en cuanto a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. La Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5º fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que la autoridad responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto setraducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general." Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora bien, el artículo 3° constitucional, fracción VII, establece: "Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. [.] VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. [.]". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Lo anterior, fue sustentado en tres premisas: I. En términos del artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como un derecho institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; II. Dentro de estos principios está el autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano exterior; y, III. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J.19/2010, que dice: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos". Ahora, los artículos 1°, 2°, fracción I, 8°, 9°, 10 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como 18, 19 y 20, del Estatuto Universitario, señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 1o. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución de servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; dedicada a la educación media-superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria". "ARTÍCULO 2o. La Universidad gozará de autonomía, conforme a lo dispuesto en esta Ley, con atribuciones para: I. Elegir y remover libremente sus autoridades; [.]" "ARTÍCULO 8o. La autonomía de la Universidad se deposita en la comunidad universitaria, constituida por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos, alumnos; y su gobierno estará formado por: I. El Consejo Universitario; II. El Rector; III. Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; IV. El Consejo de Investigación Científica; y V. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades profesionales. VI. La Comisión de Rectoría. [.]" "ARTICULO 9o. El Consejo Universitario es la autoridad máxima del Gobierno de la Universidad, salvo las atribuciones que corresponden a la Comisión de Rectoría, y estará integrado por: I. El Rector; II. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; III. El titular del Consejo de Investigación Científica; IV. Un Consejero Profesor y un Consejero Alumno Propietarios de cada Escuela, Facultad e Institutos; V. Un Representante Propietario por cada uno de los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo de profesores y trabajadores administrativos; VI. Un Representante Propietario por todas las Casas del Estudiante; y VII. Un Representante Propietario de la Sociedad de Exalumnos Nicolaitas con derecho a voz únicamente. Por cada representante propietario habrá un suplente. El Consejo Universitario será presidido por el Rector. El Secretario de la Universidad también lo será del Consejo, teniendo derecho solamente a voz. Los períodos de trabajo, el tipo de sesiones, fechas y horario, los determinará el Estatuto Universitario y el Reglamento Interno del Consejo Universitario". "ARTÍCULO 10. La elección de Consejeros Universitarios representantes de profesores y alumnos será por mayoría y en votación por cédula. Los Consejeros Propietarios y Suplentes, durarán en su cargo dos años." De la interpretación de tales numerales se advierte la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la que se encuentra depositada entre otros órganos en el Consejo Universitario, tal autonomía se encuentra evidenciada entre otros aspectos en el poder de designar a sus autoridades universitarias. Ahora bien, a fin de advertir si en el caso, es dable estimar que la autoridad señalada como responsable Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, emite actos equivalentes a los de autoridad, conviene tener en cuenta los que la quejosa le atribuye, a saber: -El hecho de haber realizado y seguir realizando de manera verbal, con oscuridad y secrecía, todas sus actuaciones durante más de treinta y cinco años. -La omisión de expedir su propio reglamento previsto en la sub fracción "C" de la fracción VI adicionada al artículo 8o, de la vigente Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante decreto legislativo número 1, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis. -El acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diez, mediante el cual reforma y adiciona el "Reglamento propio de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo". Esto es, se trata de actos suscitados en ejercicio de sus facultades autónomas conferidas en el artículo 3 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las cuales, las universidades pueden autogobernarse y regularse, de lo que derivan las siguientes competencias: a) normativas; es decir, pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación; b) ejecutivas, inherentes al desarrollo y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artículo constitucional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, c) de supervisión, referentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad que desarrollan. Tiene aplicación la tesis 1a. XXX/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA COMISIÓN DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO CUANDO NOMBRA AL RECTOR. Si se tiene en cuenta que de la normativa que regula la organización de esa Universidad, se advierte que el mecanismo conforme al cual su Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento del rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la mencionada Universidad, es indudable que tal Comisión, a través de dicho acto, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de los gobernados y, por ende, no puede tenérsele como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, máxime que la posición del aspirante al cargo de rector no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investida la señalada Universidad." Bajo ese contexto, es dable considerar que su actuar no emerge del imperio que corresponde a la universidad, como parte de la administración pública federal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, la educación pública; dicho de otra manera, los actos reclamados no son emitidos en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado; ya que éste sólo tiene consecuencias jurídicas al interior de la propia institución, en la que sus autoridades actúan bajo un grado de discrecionalidad para determinar sus procesos de selección y de calificación de sus elecciones, así como las relativas a expedir su propia normativa interna relacionada con la selección de sus rectores y/o procesos de selección; lo que no emerge del imperio que corresponde a la mencionada casa de estudios como parte de la administración pública estatal en la prestación de un servicio a cargo del Estado. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido constitucional y legalmente para inmiscuirse en la esfera de competencia ejecutiva de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues las actuaciones derivadas de la omisión de expedir su propio reglamento en términos de su Ley Orgánica constituye un acto que tiene consecuencias, únicamente en el interior de la referida institución educativa, que realiza bajo las bases de las disposiciones que la rigen. Apoya lo anterior por analogía, la tesis IV Región 2o. 7 A (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, del tenor siguiente: "UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. LA ELECCIÓN EFECTUADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LOS DOCENTES QUE INTEGRARÁN SUS RESPECTIVOS CONSEJOS UNIVERSITARIO, TÉCNICO UNIVERSITARIO Y DIVISIONAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 918, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR.", estableció, entre otras premisas, que: i. En términos del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como una garantía institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; ii. Dentro de estos principios está el de autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior; iii. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios; y, iv. La garantía institucional de autonomía universitaria impide que algún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación, verbigracia, decidiendo quiénes deben ser designados funcionarios universitarios, amén de que esa determinación constituye un acto ad-intra. Ahora bien, con sujeción a las proposiciones descritas, se concluye que la elección efectuada por la Asamblea General de Profesores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de los docentes que integrarán sus respectivos Consejos Universitario, Técnico Universitario y Divisional, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional, por lo que, al impugnarse mediante esa vía, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que esa deliberación se inserta en el ejercicio de las atribuciones de autogobierno de la mencionada casa de estudios, que en virtud de su autonomía no admite que un órgano estatal la sustituya o suplante, resolviendo quiénes deben ser electos como integrantes de dichos órganos universitarios. Lo anterior es así, porque de los artículos 1, 6, 11, 12, 13 y 44 de la ley orgánica de la citada universidad, así como de los diversos 20, 25, 26 y 27 de su estatuto general, se colige que ésta es un organismo público descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía constitucional, que para el logro de sus fines tiene la facultad de gobernarse a sí misma, mediante la designación de sus respectivas autoridades universitarias, entre las cuales están los referidos cuerpos colegiados; incluso, el primero de éstos es el máximo órgano de discusión y decisión, que tiene por objeto expedir las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organización y funcionamiento académico y administrativo de dicha universidad pública. Luego, la designación de los docentes que fungirán como integrantes de esos órganos colegiados, constituye un acto decisorio ad-intra de la mencionada universidad, pues lo adopta autónomamente, al interior de su asamblea de profesores, en términos de la referida fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y, desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano judicial de amparo disuelva la esfera de competencias ejecutivas universitarias, pues se itera, la designación de sus funcionarios constituye un acto que tiene consecuencias, únicamente, al interior de la referida institución educativa, que emite bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y de calificación de sus elecciones internas". Asimismo, corrobora lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. CXIII/2009, que dice: "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos precedentes que para estimar que se ha realizado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de tal manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cosas, tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano interior. En este orden, el examen de los artículos 1o., 2o., 8o., 9o. y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo permite sostener que la Comisión de Rectoría de dicha Universidad es una de sus autoridades administrativas y, por ende, depositaria de su gobierno, por lo cual en ejercicio de la competencia ejecutiva de esa casa de estudios derivada de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere, posee la atribución de designar al Rector; luego, el mecanismo conforme al cual la Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento de Rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Por lo tanto, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la señalada Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del nombramiento del Rector de la citada Universidad, se llega a la conclusión de que aquella autoridad, a través de tales actos, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, máxime que la posición del aspirante a ese encargo no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido dicho órgano". En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo relacionado con el artículo 1o, fracción I y 5o, fracción II, de la citada ley, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que este órgano jurisdiccional inadvierta que la autoridad responsable hizo valer diversas causas de improcedencia; no obstante, su estudio resulta innecesario en atención a que la anteriormente analizada resultó fundada, por lo que el resultado de las restantes no variaría el sentido de esta sentencia. Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Alfa García Calderón por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. 1. Llegada de autos. Glósense a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria pronunciada el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la queja 182/2022, de la que se advierte en sus puntos resolutivos, lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el presente recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo. Háganse las anotaciones necesarias en el libro de gobierno y destrúyanse las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, en virtud de que no resulta necesario glosarlas dado que son copias integras del expediente original. 2. Reanudación del procedimiento. En razón de que se resolvió el recurso de queja, se ordena levantar la suspensión del procedimiento. En ese tenor, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Se acuerda promoción reservada. Del estado que guardan los autos se advierte que se encuentra reservado el pronunciamiento en torno a las pruebas documentales que ofreció la parte quejosa en su ocurso presentado el veintiséis de mayo del año en curso, registrado con folio 8111; por tanto, al haberse levantado la suspensión del procedimiento se provee al respecto: 3.1. Pruebas documentales - no ha lugar a admitir las pruebas que ofrece. La parte quejosa ofrece como medios de prueba las documentales que en copia certificada solicitó al Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consistentes en: 1. Actuaciones de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a partir de su constitución, a la actualidad; y, 2. Acta de fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, en la cual se acordó la reforma y adición del "Reglamento Propio de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo". Sin embargo, no ha lugar a su admisión, toda vez que el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece que las pruebas que requieran preparación deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; y en el caso, no se ofertó con la oportunidad debida, pues el ocurso se presentó el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y la primer fecha de audiencia constitucional fue fijada para las nueve horas con cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés; de ahí que el ofrecimiento de la prueba es extemporánea, y ante ello, se desecha dicha probanza. 4. No ha lugar a reconocer carácter de terceros interesados. Por otro lado, tomando en consideración la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como terceros interesados a la Comunidad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; empero, no ha lugar a reconocerles ese carácter por no encuadrar en las hipótesis contenidas en el inciso a) de la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo, pues no se evidencia que haya gestionado los actos reclamados o tenga interés en su subsistencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dando fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Se remite expediente al tribunal de alzada. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las parte desahogó el requerimiento formulado en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, es decir, fueron omisas en señalar las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal de alzada que debe resolver el recurso de queja promovido por la parte quejosa. Ahora, como de autos se corrobora que se ha logrado la correcta integración del presente expediente; por tanto, en cumplimiento con lo acordado con motivo del recurso de queja interpuesto, se ordena remitir testimonio autorizado del presente juicio de amparo, el original y copia del escrito de la interposición de la queja al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del recurso. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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