María Alba Barrera López
Expediente 118/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- María Alba Barrera López
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Razón actuarial. Del estado procesal que guardan los autos, específicamente la razón actuarial que antecede se advierte la imposibilidad que tiene de notificar a la quejosa María Alba Barrera López, el proveído de ocho de febrero de la presente anualidad (fojas 34 a 38), en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones a que hace referencia; en mérito a lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquense el aludido proveído, así como las subsecuentes que sean de esa naturaleza, mediante lista de acuerdos que se pública en los estrados de este órgano jurisdiccional; esto, hasta en tanto precise domicilio correcto para recibirlas. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Epoca, pagina 238, Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Por eeste medio se notifica a parte quejosa los siguientes autos: Morelia, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Razón actuarial. Del estado procesal que guardan los autos, específicamente la razón actuarial que antecede se advierte la imposibilidad que tiene de notificar a la quejosa María Alba Barrera López, el proveído de ocho de febrero de la presente anualidad (fojas 34 a 38), en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones a que hace referencia; en mérito a lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquense el aludido proveído, así como las subsecuentes que sean de esa naturaleza, mediante lista de acuerdos que se pública en los estrados de este órgano jurisdiccional; esto, hasta en tanto precise domicilio correcto para recibirlas. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Epoca, pagina 238, Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe. ----------- Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 118/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: la falta de pago y depósito en la cuenta bancaria para transferir el importe respectivo de la pensión por viudez que le fue asignada con el número de resolución 18/107745 de trece de julio de dos mil dieciocho, por la Jefa del departamento de pensiones Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Tlaxcala, correspondiente a los meses de diciembre de dos mil dieciocho, enero y febrero de dos mil diecinueve. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal . Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, contario a lo que expone la quejosa, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación entre el ente asegurador y sus beneficiarios, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable al omitir el pago y depósito en la cuenta bancaria para transferir el importe respectivo de la pensión por viudez que le fue asignada con el número de resolución 18/107745 de trece de julio de dos mil dieciocho, por la Jefa del departamento de Pensiones Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Tlaxcala, correspondiente a los meses de diciembre de dos mil dieciocho, enero y febrero de dos mil diecinueve, se actúa como ente asegurador en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél; por lo tanto, se sitúan en el mismo plano de igualdad. Por lo que se desprende que los actos que contravierte la peticionaria son consecuencia de una relación laboral que mantiene con la responsable. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad responsable en este caso, no se ubican en una posición de supra a subordinación con la quejosa, pues la omisión reclamada es atendiendo a la relación de trabajo que unía al finado trabajador con dicha dependencia. Por ende, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados son consecuencia del nexo laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Por identidad jurídica, ilustra la tesis de Jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, de Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2032, de la voz: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Así como la diversa Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 134/2011, emitida por la Segunda Sala, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, que dice: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Sirve de apoyo por las razones que expone, la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Por tanto, al operar de manera notoria y manifiesta el motivo de improcedencia analizado, se impone desechar la demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el que señala. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indican, ya que no acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que únicamente podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten ejercer la profesión de licenciados en derecho. OFICIOS E INFORMES DUPLICADOS Y ACUSES. Para el caso de que se reciba por segunda ocasión algún oficio o informe que ya obre en el expediente, así como para los acuses de recibo, se ordena desde este momento agregarlos a este cuaderno de amparo sin necesidad de acuerdo expreso; pero se instruye a la secretaria o secretario encargado del expediente para que a más tardar, al día siguiente de la recepción, en términos del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, realice la certificación sobre la llegada de aquellos y los glose a las actuaciones. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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