Margarito Rangel Estrada

Expediente 180/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
180/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Margarito Rangel Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el cinco de marzo pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 180/2021. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de marzo de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHADA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el promovente Margarito Rangel Estrada, por propio derecho, contra actos del Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán y otras autoridades, reclama: El acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, emitido dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número DRSP-PAR-447/2013, por medio del cual se le requirió el cumplimiento de la resolución administrativa emitida dentro del mismo. El oficio 2355/2020-SGA, emitido por el Actuario Habilitado a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, por el que se informó que de una revisión minuciosa del sistema informativo de dicho Tribunal, no se encontró registro alguno de juicios administrativos deducidos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades DRSP-PAR-447/2013, sin tomar en cuenta los días inhábiles señalados por el mismo Tribunal. Para una mayor comprensión del presente asunto, resulta necesario realizar una breve narrativa de antecedentes del acto: El quejoso se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, durante el periodo de dieciséis de marzo de dos mil ocho al quince de marzo de dos mil doce. El cuatro de diciembre de dos mil trece, derivado del informe de resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 en el Estado de Michoacán, el entonces Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial, inició contra el aquí quejoso el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número DRSP-PAR-447/2013. El dieciocho de marzo de dos mil quince, se dictó resolución en el mismo, en el que se le impuso la sanción de inhabilitación por el término de un año, derivado de su presunta responsabilidad por una falta administrativa. Inconforme con dicha determinación, promovió recurso de revocación DRSP-REV-33/2015, mismo que fue resuelto el veintidós de enero de dos mil veinte, confirmándose la misma. Al respecto, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que intentó recurrir la resolución antes descrita a través del Juicio Administrativo de Nulidad, pero que en atención a la suspensión de labores del Tribunal de Justicia Administrativa por la pandemia derivada del virus COR-SARS2 (COVID-19), no le fue posible presentarla pues se encontraban suspendidos los términos legales, reanudándose hasta el uno de marzo del año en curso. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la ejecución de la resolución administrativa pronunciada el dieciocho de marzo de dos mil quince, dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número DRSP-PAR-447/2013, pues se advirtió que el quejoso no había intentado en el término legal, ningún procedimiento administrativo en su contra, sin descontar los días inhábiles por suspensión de labores. Resolución que constituye el acto reclamado. En tales condiciones, el uno de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso presentó demanda administrativa en contra del auto de veintidós de enero de dos mil veinte, que resolvió el recurso de revocación DRSP-REV-33/2015, pues consideró que se encontraba dentro del término legal concedido por la ley. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b) a contrario sensu de la propia Ley de Amparo. El artículo 61 de la Ley de Amparo establece causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII se prevé una causa genérica que permite analizar la improcedencia del juicio a la luz de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución, de la propia ley mencionada o por criterio jurisprudencial de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Con dicha fracción, se permite que quien juzga desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la propia norma, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, tanto cuando se trate de las resoluciones definitivas, como en contra de actos en el mismo procedimiento que sean de imposible reparación, entendiendo por esto que afecten materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o impidan en forma actual e inmediata su ejercicio de modo que una interpretación en sentido contrario, implica que el juicio de amparo será improcedente contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo si no tienen esa característica, es decir, una ejecución que sea de imposible reparación, en los términos de la propia disposición. Así, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, conforme a la legislación vigente, está acotada a que la afectación sea de tipo sustantivo, en oposición a formal, lo cual equivale a que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de algún derecho. Luego, con base en los elementos referidos, este juzgado advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente. En efecto en su demanda la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno -notificado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno-, emitido dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número DRSP-PAR-447/2013, por medio del cual se le requirió el cumplimiento de la resolución administrativa emitida dentro del mismo. Así como el oficio 2355/2020-SGA, emitido por el Actuario Habilitado a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, por el que se informó que de una revisión minuciosa del sistema informativo de dicho Tribunal, no se encontró registro alguno de juicios administrativos deducidos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades DRSP-PAR-447/2013, sin tomar en cuenta los días inhábiles señalados por el mismo Tribunal. Ahora, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el quejoso, se advierte que el cuatro de diciembre de dos mil trece, se inició en su contra el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número DRSP-PAR-447/2013, como resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública que se realizó con motivo del periodo que desempeñó el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; procedimiento en el cual, el dieciocho de marzo de dos mil quince, se dictó resolución imponiéndosele la sanción de inhabilitación por el término de un año, derivado de su presunta responsabilidad por una falta administrativa. Inconforme con dicha determinación, promovió recurso de revocación DRSP-REV-33/2015, mismo que fue resuelto el veintidós de enero de dos mil veinte, confirmándose la misma. Asimismo, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que intentó recurrir la resolución antes descrita a través del Juicio Administrativo de Nulidad, pero que en atención a la suspensión de labores del Tribunal de Justicia Administrativa por la pandemia derivada del virus COR-SARS2 (COVID-19), no le fue posible presentarla pues se encontraban suspendidos los términos legales, reanudándose hasta el uno de marzo del año en curso. Finalmente refiere, que al ser notificado del requerimiento del cumplimiento de la resolución administrativa, y en atención a la reanudación de labores del Tribunal de Justicia Administrativa, el día uno de marzo de dos mil veintiuno, presentó demanda administrativa de nulidad en contra de la resolución pronunciada al recurso de revocación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número DRSP-PAR-447/2013, tal como lo acredita con el acuse de recibo correspondiente. De la anterior narración se aprecia que el quejoso tiene conocimiento del procedimiento de ejecución que reclama en esta instancia constitucional, ello es así, pues tuvo conocimiento de la resolución emitida en el procedimiento administrativo, la cual combatió a través del recurso de revocación; por lo que, desde aquel momento se hizo sabedor que en algún momento iniciara en su contra el procedimiento de ejecución. Ahora bien, acude al juicio de amparo a reclamar el inicio de la ejecución de la sanción que se le impuso dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidades en donde compareció e impugnó la resolución que la impuso; por tanto, se justifica que el juicio de amparo biinstancial solo pueda promoverse hasta que se dicte la última resolución que en el procedimiento de ejecución se pronuncie. En ese tenor, al no tratarse de la última resolución definitiva en el procedimiento de ejecución o bien, de un acto de ejecución irreparable que afecte materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado mexicano, como son la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; su demanda de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". En tales condiciones lo procedente es desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, incisos a) y b) a contrario sensu de la propia Ley de Amparo, con apoyo en la fracción XXIII del artículo 61 de la misma ley. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Genoveva Bautista Arias, hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogada. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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