Margarito Maldonado Hernández

Expediente 1158/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1158/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2015

Partes del expediente

  • Margarito Maldonado Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE: "Vista la demanda de amparo promovida por Margarito Maldonado Hernández, contra actos del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Atoyac de Álvarez, Guerrero... Ahora, al examinar la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la integración y continuación de la averiguación previa GALE/ATOY/03/0085/2014. Es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6º de la citada ley de la materia. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6o. de su Ley Reglamentaria, en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:" I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, el cual en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Así, el interés jurídico aludido, reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Entonces, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto . Ahora bien, la integración y continuación de la averiguación previa por sí misma no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, pues constituye una facultad que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público, y la sociedad está interesada en que cumpla cabalmente, puesto que por disposición del artículo 21 Constitucional el Ministerio Público debe avocarse a la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, para lo cual tiene que practicar todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos. Al respecto, el artículo citado faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica el allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los inculpados en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada al Ministerio Público, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; por ende, si a dicha institución, por disposición constitucional le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del inculpado, entonces es inconcuso que dentro de dicha facultad se comprende la de investigar, lo que se traduce en practicar diligencias para descubrir algún hecho, en relación con la comisión de un ilícito y del responsable del mismo. De ese modo, se concluye que los actos del Ministerio Público relativos a "la integración de la averiguación previa" no pueden producir agravio personal y directo en contra de la parte quejosa, ni lesiona su interés jurídico, porque los particulares carecen de facultades legales para evitar la investigación de un delito, se reitera, por ser una facultad constitucional del Ministerio Público. Así las cosas, resulta improcedente la solicitud de un particular para que a través del juicio de amparo se analice la integración de la averiguación previa, pues las diligencias ahí practicadas en ningún caso podrán llegar a afectarle si no es que una vez consignada un juez las tome en cuenta para emitir una orden de captura, de ahí que la demanda que se analiza resulta notoriamente improcedente en cuanto al acto reclamado de que se trata (integración de la averiguación previa), virtud a que se insiste, esa sola circunstancia no afecta su interés jurídico. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en su escrito de demanda; por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa en la demanda, en virtud de la naturaleza del juicio... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

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