MARGARITO BELLO SILVERIO y Otros.

Expediente 906/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
906/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • MARGARITO BELLO SILVERIO y Otros.
  • SEVERANIO MARÍN GARCÍA y Otros.
  • SANTO MARÍN CRUZ y Otros.
  • Severanio Marín García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión del acto reclamado, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que, se ordena glosar los mismos al cuaderno principal. Hágase constar lo anterior, tanto en su caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas del juicio agrario 327/2005, remitidas por el Magistrado del Tribunal Unitario, Distrito 41, con residencia en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, constantes de tres tomos, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 906/2018; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Margarito Bello Silverio, Severiano Marín García y Santo Marín Cruz, por su propio derecho, presentaron demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. EJECUTORA: Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. Con residencia en esta ciudad ACTO RECLAMADO: "(.) La orden de despojarnos de nuestras tierras en cumplimiento a una supuesta ejecución de sentencia agraria, que se llevara a cabo el siete de noviembre de la presente anualidad, y que nos causa perjuicio directo así también lesiona nuestros respectivos derechos humanos. Toda vez que en ningún momento hemos tenido conocimiento, de alguna acción agraria promovida en nuestra contra y lo que sin duda alguna nos deja en completo estado de indefensión, en razón de que en el presente caso no fuimos llamados ni vencidos en juicio, por lo que somos TERCEROS EXTRAÑOS A JUICIO, y con ese carácter comparecemos, porque se han violentado en nuestro perjuicio las garantías constitucionales de Audiencia Previa, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal (.)". SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. Los quejosos señalaron como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 906/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de dos diferimientos, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede; asimismo por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se reconoció el carácter de tercero interesado a la Comunidad de los Saucitos, Municipio de Tecoanapa, Guerrero. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama todo lo actuado dentro de un juicio agrario en el que los quejosos se ostentan como terceros extraños naturales, cuya pretendida ejecución material tiene lugar dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez realizado el análisis integral de la demanda en confrontación con las actuaciones del juicio natural, se precisa que Margarito Bello Silverio, Severiano Marín García y Santo Marín Cruz reclaman la orden desposesión de una extensión aproximada de treinta hectáreas y su ejecución, las cuales se encuentran dentro del Núcleo Agrario denominado los Saucitos, Municipio de Tecoanapa, Guerrero, con motivo de la sentencia definitiva dictada el dieciséis de agosto de dos mil siete en el juicio agrario 327/2005. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, así como el Actuario adscrito al mismo, al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les atribuye, el cual quedo precisado en líneas precedentes; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada dado que de las manifestaciones realizadas, se advierte la existencia del juicio agrario 327/2005 de su índice, en el que mediante sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil siete, se condenó al ejido de Tecoanapa, Municipio del mismo nombre, Guerrero, y a los ejidatarios Efrén Analco Guerrero, Eligio Mayo Morales, Albino Ramírez Matilde, Pedro Dorantes Ramírez, Vicente Hernández Mora y Cirenio Campos Dorantes, a la restitución a favor de la comunidad de Los Saucitos, ubicada en el municipio antes citado, de una superficie de 5-50-66.37 hectáreas; lo que además se corrobora con las constancias que integran el aludido juicio agrario (las cuales conforman los tomos I, II y III de pruebas), que en copia certificada allegaron, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, de su Ley Reglamentaria, que en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés jurídico aludido reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, a cuya transgresión por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para ocurrir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Luego, para demostrar la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, se requiere que acredite plenamente el interés jurídico que le asiste para el ejercicio de la acción constitucional, y no inferirse con base en presunciones, ya que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la existencia del derecho que manifiesta se le transgrede con la actuación de las autoridades señaladas como responsables. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, octubre de 1994, página 17, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.-En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ahora bien, si en el caso los quejosos se ostentan como terceros extraños al juicio agrario 327/2005, tramitado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, calidad que ciertamente les revistes en tanto que de las constancias relativas al citado proceso no figuran como parte procesal, es decir, como actores o demandados, en razón de que dicha instancia fue promovida por la Comunidad de los Saucitos, Municipio de Tecoanapa, Guerrero, en contra del Ejido Tecoanapa del mismo Municipio y Estado, Efrén Analco Guerrero, Eligio Mayo Morales, Albino Ramírez Matilde, Pedro Dorantes Ramírez, Vicente Hernández Mora y Cirenio Campos Dorantes, para que demuestren tener un interés jurídico susceptible de ser protegido en esta instancia constitucional respecto del bien inmueble que defienden, deben demostrar la titularidad del derecho de posesión sobre el mismo, que aducen fue afectado con lo resuelto en dicha contienda natural, con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, que generen en su favor el derecho de posesión ya sea en forma originaria o derivada, contenido en un documento de fecha cierta, de manera que la parte quejosa tenga una base objetiva que fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, esto es la causa generadora de la posesión, ya que la simple tenencia material de la cosa, no puede ser tutelada por el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional, y acreditar además la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto reclamado y su ejecución. Sin embargo, la parte quejosa no allegó documento idóneo alguno de fecha cierta a efecto de acreditar la causa generadora de la posesión de la fracción de terreno que dice afectada, es decir, no exhibió un título en el que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer la fracción de terreno ejidal que en esta vía defienden. Bajo ese contexto, como los quejosos no demostraron con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual poseen la fracción de terreno ejidal que por esta vía defienden, debe concluirse que la orden de desposesión y su ejecución reclamada derivada de lo resuelto en el juicio agrario 327/2005, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que la quejosa acredite su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado le perjudique materialmente, sino que es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detenta fuera del marco de protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número 25/2005, sustentada por la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: "POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES Y COMUNALES. EN LOS CONFLICTOS RELATIVOS, EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE EXAMINAR SU CAUSA GENERADORA, CUANDO LAS PARTES NO TENGAN TÍTULO AGRARIO QUE AMPARE LOS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS EN DISPUTA. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección de los derechos sobre las parcelas ejidales y comunales, entre ellos, la posesión, está condicionada al cumplimiento de los requisitos para poder adquirir la calidad de ejidatario o comunero. Por tanto, tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una parcela ejidal o comunal, en que las partes no acreditan la titularidad formal de los derechos de uso y disfrute respectivos (asignación formal por parte del órgano supremo del núcleo de población o transmisión de derechos debidamente formalizada), el Tribunal Agrario debe examinar la causa generadora de la posesión, es decir, la existencia de título suficiente para dar derecho a poseer, lo cual puede acreditarse únicamente por los sujetos aptos para ser ejidatarios o comuneros. Por ende, no basta que dicho Tribunal decida sobre el mejor derecho a la posesión observando sólo el disfrute fáctico de las parcelas ejidales o comunales en un momento determinado, sino que es preciso acudir al análisis del mejor derecho de posesión atendiendo a su causa generadora, lo cual es acorde con los artículos 14, segundo párrafo y 17, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues así se impide la violación injustificada del derecho de posesión de otros, al mismo tiempo que se cumple con el mandato consistente en que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho." Asimismo, no basta que exista el acto reclamado para que prospere el presente juicio, sino que es menester que el peticionario acredite que afecta su esfera jurídica de derechos subjetivos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/3, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea viola torio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción 1, reglamentada por el artículo 40. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: UNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 906/2018, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por la Juez Mixto de Paz del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 243/2018, enviado para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el inicio del juicio de amparo 906/2018 al tercero interesado Comunidad de los Saucitos, Municipio de Tecoanapa, Guerrero, por conducto del Presidente, Secretario y Tesorero de la citada Comunidad; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y acúsese recibo. En tales condiciones, téngase por notificada del inicio del presente juicio a dicha parte procesal; asimismo, tomando en consideración que de las constancias que se reciben, se advierte que no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, además, ha transcurrido el término de tres días otorgado para ello, por lo tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele por lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el telegrama remitido por la Juez Mixto de Paz del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, mediante el cual informa que el veintinueve de enero pasado, devolvió por la vía postal el despacho 243/2018, el cual le fue enviado para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el inicio del presente juicio al tercero interesado Comunidad de los Saucitos, Municipio de Tecoanapa, Guerrero; por tanto, estese en espera del mismo, a fin de proveer lo correspondiente.

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