Margarito González García O Abraham Romero Cisca
Expediente 1173/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Margarito González García O Abraham Romero Cisca
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco
- MARGARITO GONZÁLEZ GARCÍA O ABRAHAM ROMERO CISCA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a seis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, se advierte que en autos del presente juicio de amparo así como en el incidente de suspensión que deriva del presente asunto, en proveídos de trece de diciembre pasado y diecisiete de mayo anterior, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, adjuntó diversos discos compactos de audio y video correspondientes a la causa penal 151/2016 de la que derivan los actos reclamados; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el dieciocho de mayo del año en curso, se autorizó la sentencia emitida en este juicio, por tanto, glósese el cuaderno de antecedentes relativo, mismo que se formó en virtud de que el juicio de amparo en que se actúa se encontraba en proyecto de sentencia. Notifíquese.
- Principal
SÍNTESIS. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1173/2016 y sus acumulados 1174/2016 y 1175/2016, todos de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, promovidos el primero (1173/2016) por Margarito González García o Abraham Romero Cisca, el segundo (1174/2016) por Adolfo Ortiz Salgado y el tercero (1175/2016) por Yanilet Téllez Ojendiz. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno, Margarito González García o Abraham Romero Cisca, Adolfo Ortiz Salgado y Yanilet Téllez Ojendiz, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, ciudad. ACTOS RECLAMADOS. "(.) el auto de vinculación a proceso de fecha 16 de noviembre de 2016, previo se desahogaron las audiencias de imputación e inicial en su fase primera respectivas de 16 y 15 de noviembre del año entes mencionado, dictado dentro de la causa penal 151/2016, mediante el cual se le atribuye al quejoso la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de transporte de cannabis sativa y opio, mismo que me fue notificado el día de su emisión." SEGUNDO. Mediante auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación de los juicios de amparo que nos ocupan y se admitió a trámite las demandas de amparos radicadas con los números 1173/2016, 1174/2016 y 1175/2016; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que les compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. La parte quejosa fue notificada del auto de vinculación a proceso el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, por tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 82 fracción I, inciso a) y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del dieciocho de noviembre al nueve de diciembre de dos mil dieciséis, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiuno de noviembre, tres y cuatro de diciembre de la anualidad pasada, por corresponder a sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de ahí que, si la demanda fue presentada el siete de diciembre del citada anualidad, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO.- Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos Margarito González García o Abraham Romero Cisca, Adolfo Ortiz Salgado y Yenilet Téllez Ojendiz, como imputados en la causa penal 151/2016 reclama del Juez responsable el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis emitido en su contra, por su posible participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa L. y opio. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció el acto reclamado; lo que además se corrobora con la copia certificada de la causa penal 151/2016, la cual contiene entre otras la versión escrita de la audiencia de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, así como de las videograbaciones que en disco versátil digital (DVD) allegó el Juez responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales cuáles adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Mediante oficio 2668/2017 presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en funciones de Juez de Control, informó que el dieciséis del mes en curso, dictó sentencia respecto de Adolfo Ortiz Salgado, en el procedimiento abreviado, relativo a la causa penal 151/2016 e informó que decretó el sobreseimiento de la causa penal de referencia, con efectos de sentencia absolutoria respecto de Yanilet Téllez Ojendiz y Margarito González García o Abraham Romero Cisca, adjuntó copia certificada de la mismas, así como copias de los registros de audio y video correspondientes, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. SEXTO. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, consistente en el auto de vinculación a proceso respecto de Adolfo Ortiz Salgado, se estima se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme con la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver en el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil dieciséis, atribuida al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, contra los promoventes del amparo, dentro de la causa penal número 151/2016, y de acuerdo con las documentales remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio es pleno como se precisó en el considerando que antecede, el auto de vinculación en contra de Adolfo Ortiz Salgado, efectivamente, fue dictado en su contra el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por el delito de contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa l. y opio, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en concordancia con los artículos 7 fracción II (delito permanente), 8º (acción, primera parte); 9º párrafo primero (dolo directo) y 13 fracción III (coautores), del Código Penal Federal; y el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia únicamente respecto de Adolfo Ortiz Salgado, emitida en el procedimiento abreviado relativo a la causa penal de la que deriva el presente amparo, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas al auto de vinculación a proceso reclamado, ya que no se puede decidir el fondo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el siete de diciembre de dos mil dieciséis, mientras la sentencia dictada respecto de Adolfo Ortiz Salgado, data del dieciséis de mayo del año en curso. Ahora, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de que la sola emisión de la sentencia implica que la libertad del quejoso Adolfo Ortiz Salgado se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de auto de vinculación a proceso tildado de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada de la sentencia emitida en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXIII.9 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en la página 2377 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, del rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley." Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer el presente asunto, con apoyo en el numeral 61, fracción XVII, en relación con el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del auto de vinculación a proceso reclamado por Adolfo Ortiz Salgado, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en funciones de Juez de Control. SEPTIMO.- Por otra parte, respecto del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra de Yanilet Téllez Ojendiz y Margarito González García o Abraham Romero Cisca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 del ordenamiento en cita y que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa por analogía la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, en el presente asunto mediante oficio 2668/2017 recibido en este Juzgado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, informó que mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, decretó el sobreseimiento de la causa penal, con efectos de sentencia absolutoria respecto de Yanilet Téllez Ojendiz y Margarito González García o Abraham Romero Cisca, en la causa penal número 151/2016, pero reclasificado el delito por el diverso de posesión de narcótico con fines de transporte, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, en relación con el numeral 194, fracción I, del Código Penal, que quedó firme en esa misma data (dieciséis de mayo del año en curso). Luego, al haber reclamado los quejosos en esta vía constitucional el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil dieciséis; y con posterioridad, haberse decretado en su favor el sobreseimiento de la causa penal número 151/2016, instruida en su contra inicialmente por el delito de contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa l. y opio, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código penal Federal, en concordancia con los artículos 7 fracción II (delito permanente), 8º (acción, primera parte); 9º párrafo primero (dolo directo) y 13 fracción III (coautores), del Código Penal Federal; lo que se corrobora con las documentales que remitió al efecto el juez responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que han dejado de existir, reponiendo a los quejosos, en el mismo estado en que se encontraban antes de que se decretara, quedando éstos en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Bajo ese contexto, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 61, fracciones XVII y XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.25/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.- Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 1173/2016 y sus acumulados 1174/2016 y 1175/2016, en términos de lo establecido en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LOS QUEJOSOS MARGARITO GONZÁLEZ GARCÍA O ABRAHAM ROMERO CISCA, ADOLFO ORTIZ SALGADO Y YANILET TÉLLEZ OJENDIZ, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1173/2016 y sus acumulados 1174/2016 y 1175/2016, todos de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, promovidos el primero (1173/2016) por Margarito González García o Abraham Romero Cisca, el segundo (1174/2016) por Adolfo Ortiz Salgado y el tercero (1175/2016) por Yanilet Téllez Ojendiz. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno, Margarito González García o Abraham Romero Cisca, Adolfo Ortiz Salgado y Yanilet Téllez Ojendiz, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, ciudad. ACTOS RECLAMADOS. "(.) el auto de vinculación a proceso de fecha 16 de noviembre de 2016, previo se desahogaron las audiencias de imputación e inicial en su fase primera respectivas de 16 y 15 de noviembre del año entes mencionado, dictado dentro de la causa penal 151/2016, mediante el cual se le atribuye al quejoso la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de transporte de cannabis sativa y opio, mismo que me fue notificado el día de su emisión." SEGUNDO. Mediante auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación de los juicios de amparo que nos ocupan y se admitió a trámite las demandas de amparos radicadas con los números 1173/2016, 1174/2016 y 1175/2016; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que les compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. La parte quejosa fue notificada del auto de vinculación a proceso el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, por tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 82 fracción I, inciso a) y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del dieciocho de noviembre al nueve de diciembre de dos mil dieciséis, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiuno de noviembre, tres y cuatro de diciembre de la anualidad pasada, por corresponder a sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de ahí que, si la demanda fue presentada el siete de diciembre del citada anualidad, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO.- Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos Margarito González García o Abraham Romero Cisca, Adolfo Ortiz Salgado y Yenilet Téllez Ojendiz, como imputados en la causa penal 151/2016 reclama del Juez responsable el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis emitido en su contra, por su posible participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa L. y opio. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció el acto reclamado; lo que además se corrobora con la copia certificada de la causa penal 151/2016, la cual contiene entre otras la versión escrita de la audiencia de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, así como de las videograbaciones que en disco versátil digital (DVD) allegó el Juez responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales cuáles adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Mediante oficio 2668/2017 presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en funciones de Juez de Control, informó que el dieciséis del mes en curso, dictó sentencia respecto de Adolfo Ortiz Salgado, en el procedimiento abreviado, relativo a la causa penal 151/2016 e informó que decretó el sobreseimiento de la causa penal de referencia, con efectos de sentencia absolutoria respecto de Yanilet Téllez Ojendiz y Margarito González García o Abraham Romero Cisca, adjuntó copia certificada de la mismas, así como copias de los registros de audio y video correspondientes, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. SEXTO. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, consistente en el auto de vinculación a proceso respecto de Adolfo Ortiz Salgado, se estima se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme con la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver en el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil dieciséis, atribuida al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, contra los promoventes del amparo, dentro de la causa penal número 151/2016, y de acuerdo con las documentales remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio es pleno como se precisó en el considerando que antecede, el auto de vinculación en contra de Adolfo Ortiz Salgado, efectivamente, fue dictado en su contra el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por el delito de contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa l. y opio, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en concordancia con los artículos 7 fracción II (delito permanente), 8º (acción, primera parte); 9º párrafo primero (dolo directo) y 13 fracción III (coautores), del Código Penal Federal; y el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia únicamente respecto de Adolfo Ortiz Salgado, emitida en el procedimiento abreviado relativo a la causa penal de la que deriva el presente amparo, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas al auto de vinculación a proceso reclamado, ya que no se puede decidir el fondo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el siete de diciembre de dos mil dieciséis, mientras la sentencia dictada respecto de Adolfo Ortiz Salgado, data del dieciséis de mayo del año en curso. Ahora, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de que la sola emisión de la sentencia implica que la libertad del quejoso Adolfo Ortiz Salgado se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de auto de vinculación a proceso tildado de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada de la sentencia emitida en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXIII.9 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en la página 2377 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, del rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley." Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer el presente asunto, con apoyo en el numeral 61, fracción XVII, en relación con el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del auto de vinculación a proceso reclamado por Adolfo Ortiz Salgado, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en funciones de Juez de Control. SEPTIMO.- Por otra parte, respecto del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra de Yanilet Téllez Ojendiz y Margarito González García o Abraham Romero Cisca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 del ordenamiento en cita y que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa por analogía la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, en el presente asunto mediante oficio 2668/2017 recibido en este Juzgado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, informó que mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, decretó el sobreseimiento de la causa penal, con efectos de sentencia absolutoria respecto de Yanilet Téllez Ojendiz y Margarito González García o Abraham Romero Cisca, en la causa penal número 151/2016, pero reclasificado el delito por el diverso de posesión de narcótico con fines de transporte, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, en relación con el numeral 194, fracción I, del Código Penal, que quedó firme en esa misma data (dieciséis de mayo del año en curso). Luego, al haber reclamado los quejosos en esta vía constitucional el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil dieciséis; y con posterioridad, haberse decretado en su favor el sobreseimiento de la causa penal número 151/2016, instruida en su contra inicialmente por el delito de contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa l. y opio, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código penal Federal, en concordancia con los artículos 7 fracción II (delito permanente), 8º (acción, primera parte); 9º párrafo primero (dolo directo) y 13 fracción III (coautores), del Código Penal Federal; lo que se corrobora con las documentales que remitió al efecto el juez responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que han dejado de existir, reponiendo a los quejosos, en el mismo estado en que se encontraban antes de que se decretara, quedando éstos en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Bajo ese contexto, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 61, fracciones XVII y XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.25/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.- Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 1173/2016 y sus acumulados 1174/2016 y 1175/2016, en términos de lo establecido en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.,,,"; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...
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