Margarita Yanin Camacho Torres

Expediente 293/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
293/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Margarita Yanin Camacho Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, de la razón actuarial que antecede se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita para entregar el oficio 9454, dirigido a la autoridad responsable Banco Nacional de México S.A. de C.V. Integrante de Grupo Financiero Banamex, con residencia en esta ciudad, esto toda vez que fue informada por un ejecutivo de dicha institución bancaria, que no podía recibir el citado oficio debido a que la denominación correcta de la autoridad no contiene la las siglas ''C.V.'' ya que no es una Sociedad de Capital Variable. Por lo anterior, se ordena enviar auto inserto del proveído dictado el diez de mayo del presente año, a la autoridad en su denominación correcta, para que se informe que el presente asunto causó ejecutoria en dicha data. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 293/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la promoción 5958 y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público Adscrito; asimismo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes de admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria da cuenta al juez con los alegatos presentados como por el Agente del Ministerio Público Adscrito. Respecto a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de cuenta y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, Margarita Yanin Camacho Torres, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 293/2022; en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós la admitió; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados pueden tener ejecución, ya que la cuenta bancaria está domiciliada en esta ciudad. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, el acto reclamado por la parte quejosa al Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, es: El bloqueo de la cuenta bancaria 7017000007478782 a nombre de la quejosa. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El apoderado jurídico para pleitos y cobranzas del Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, al rendir su informe justificado negó el acto atribuido por la quejosa. Al respecto, adujo que derivado de una búsqueda interna se encontró que la cuenta 7017000007478782 a nombre de Margarita Yanin Camacho Torres no contaba con restricción ni bloqueo alguno. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara medio de convicción adecuado para desvirtuar tal negativa. En efecto, la quejosa adjuntó a su demanda de amparo las documentales siguientes: Copia del acuerdo emitido el diez de octubre de dos mil diecinueve, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1326/2019-IV, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Copia del contrato de apertura de la cuenta 9907734481 a nombre de la quejosa en Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. Original de la Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria en Tepic, Nayarit el tres de agosto de dos mil veintiuno. Sin embargo, las probanzas identificadas por este juzgado como incisos a) y b) son insuficientes para acreditar la existencia del acto reclamado toda vez que en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de los documentos cuando carecen de certificación, es la de meros indicios, de ahí que no sean susceptibles de producir convicción sobre la veracidad de su contenido por la facilidad con que pueden confeccionarse. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 66, volumen 193-198, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, registro 232210, que a continuación se transcribe: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Además, aunque tuvieran la certificación, con ello no se acreditaría el bloqueo de la cuenta, sino la existencia de una determinación en un incidente de suspensión y el contrato de apertura de la cuenta bancaria. Por otra parte, si bien el "QR" contenido en la constancia de situación fiscal de la quejosa [prueba identificada como "c"], nos remite a una página del SAT de la que se advierte la existencia de dicha constancia, con ella la quejosa tampoco acredita que la cuenta 7017000007478782 a su nombre, haya sido bloqueada por el banco señalado como autoridad responsable. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Margarita Yanin Camacho Torres, respecto del acto y autoridad precisada en el considerando segundo y en términos del considerando tercero de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el apoderado jurídico del Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, con residencia en La Ciudad de México. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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