Margarita Magdaleno Cabrera

Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
47/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Margarita Magdaleno Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    912. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. MORELIA, MICHOACÁN. Para el trámite del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, contra la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, remito lo siguiente: a) El juicio de amparo 791/2021; b) El escrito de expresión de agravios en el que obra el sello de recibido de este juzgado; y, c) Un tanto más de dicho escrito. Solicito atentamente acuse el recibo de estilo correspondiente. Sin otro particular, reitero mi más atenta y distinguida consideración. MORELIA, MICHOACÁN, PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ATENTAMENTE: EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. MAESTRO EN AMPARO JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ __FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE_

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por propio derecho Margarita Magdaleno Cabrera, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número I-47/2023-E. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desecharlo de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal. Para evidenciar la actualización de dicha causal, se estima necesario traer a glosa el contenido de las referidas porciones normativas, que en su orden disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece como regla que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; asimismo señala las excepciones a la misma, que son: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Y, en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Al respecto, este juzgador considera que es aplicable el segundo supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque bajo protesta de decir verdad, en los hechos de la demanda, Margarita Magdaleno Cabrera, adujo lo siguiente: "[.] Así las cosas, el día 08 de septiembre de 2022, llegó a mi domicilio una actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de La Piedad, Michoacán, me comentó que realizaría una diligencia judicial contra mí y que no pusiera ninguna excusa y la dejara hacer su trabajo, empezó a llenar unos "papeles" y cabe señalar que esa ministra ejecutora, traía con ella copia de mi credencial del INE, así como certificados de gravámenes de otras propiedades, y ella misma realizó las anotaciones y diligencias que ella quiso, sin preguntarme nada, ni darme la palabra, ni la oportunidad de señalar yo misma los bienes para garantizar la supuesta deuda. AI final de que terminó de llenar esos documentos o diligencia, me pidió firmar la diligencia sin darme oportunidad ni siquiera de leerla, pues si no firmaba según ella, sería peor para mí y vendrían a desalojarme en cualquier momento, de tal manera que hubo un abuso de autoridad por parte de dicha actuaria antes citada". Asimismo, en sus conceptos de violación señaló: "Así mismo, otro agravio del que me quejo, es el abuso de autoridad ejercida por la actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de La Piedad Michoacán, en este apartado me quejo del embargo que se hizo a algunas de nuestras propiedades, señaladas dentro de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha 08 de septiembre de 2022, por la actuaria la Licenciada Ivonne Juárez Mendoza, ministro ejecutor, habida cuenta que, los bienes hipotecados sobran y bastan para cubrir por demás, en todo caso la supuesta deuda, e indebidamente se actuó dolosamente en dicha diligencia en mi contra, abusando de su autoridad y señalando bienes en demasía solo por afectarnos en nuestro patrimonio. Además, la actuaria realizó la diligencia sin darme uso de la palabra ni derecho de señalar bienes y me hizo firmar sin mi consentimiento. Por lo que solicito se destraben del embargo las propiedades que nos embargaron y que no se encuentran señaladas en el contrato hipotecario como bienes en garantía". Aunado a lo anterior, la quejosa adjuntó a su demanda copia simple de la precitada diligencia, de la que se advierte que efectivamente se realizó el ocho de septiembre de dos mil veintidós y se entendió con la quejosa. En esas condiciones, se puede establecer con certeza que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado [orden de requerimiento de pago y/o embargo ordenada por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil, de Morelia, Michoacán, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 345/2022, promovido por Banco del Bajío Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, frente a Margarita Magdaleno Cabrera], en la data en se ejecutó, esto es, el ocho de septiembre de dos mil veintidós, como lo manifestó -bajo protesta de decir verdad- en su escrito de demanda. Por tanto, es dable concluir que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de quince días que establece la ley de la materia, pues como ya se estableció la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado cuando menos desde el ocho de septiembre de dos mil veintidós, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de enero de dos mil veintitrés), habían transcurrido en exceso los quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, tomando en cuenta que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que los términos previstos en el artículo 17 de la misma disposición, se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. Por ende, es evidente que el término con el que contaba la parte quejosa para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, toda vez que los quince días para promover el amparo iniciaron el nueve de septiembre de dos mil veintidós y concluyó el cinco de octubre del mismo año; y, la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, por lo que se entiende que consintió los actos de autoridad reclamados en la vía constitucional. Ello es así, porque cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante juicio de amparo y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así las cosas, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Asimismo, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 4. Deberán tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). 5. Continúen con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19). Se tiene por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el SISE, el auto de veinte de enero de del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.

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