Mari Luz Garcia Garcia

Expediente 337/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
337/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Mari Luz Garcia Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con sede en Santiago de Querétaro, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del asunto promovido por Mari Luz García García, registrándolo bajo el número 372/2023. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de veintitrés de marzo del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en auto dictado el veintitrés de marzo del año en curso, y se tiene por presentada la demanda que dio origen al juicio en el que se actúa únicamente por Mari Luz García García, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador, con residencia en Amealco de Bonfil, Queretaro. En la inteligencia que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por la quejosa en representación de los menores Hector Haniel, Luis y Alondra todos de apellidos Jiménez García. Ahora, de la demanda de amparo presentada por Mari Luz García García, se advierte que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Agente del Ministerio Público Investigador, con residencia en Amealco de Bonfil, Querétaro, consiste en pretender privarla de la libertad fuera de procedimiento. INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Por tanto, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad ordenadora -con residencia en Amealco de Bonfil, Querétaro, el pretender privar de la libertad fuera de procedimiento, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquél Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución, lo anterior, en razón de que la autoridad ejecutora señalada por la quejosa, tienen su residencia en la localidad de Amealco, Querétaro. Lo anterior se sostiene en virtud de que en el escrito de demanda de amparo se pone de manifiesto que los actos reclamados por la parte quejosa son: pretender privar de la libertad fuera de procedimiento, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento dictada en contra de la quejosa por la autoridad señalada como responsable ordenadora, así como su ejecución; la cual fue atribuida a una autoridad que se ubica fuera del lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. No se soslaya que la parte quejosa refirió en su escrito de demanda lo siguiente: ". pero es el caso que con fecha 19 diecinueve de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, acudí al domicilio de los menores con la finalidad de ver a los menores, a quienes los observe en un estado de salud DENIGRANTE, en mal estado de salud, ya que los menores presentan la enfermedad denominada TDH, TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD, menores que encontré solos en el domicilio y con ese motivo los traje conmigo para DARLES ATENCION MEDICA, a esta ciudad de Morelia, Michoacán, donde radico y es mi domicilio, el ubicado en calle Combate de Salamanca número 38, colonia Leandro Valle de esta ciudad, (..) Esto es, conforme al planteamiento realizado por la solicitante del amparo, tal acto aparentemente tendría su ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado, por el domicilio que indica; sin embargo, no señaló autoridades responsables que tuvieran residencia o jurisdicción territorial en este Distrito, lo que imposibilitaría a este juzgado conocer del juicio. De ahí que este órgano jurisdiccional dio la oportunidad a la parte quejosa a fin de que aclarara su demanda en el sentido de que hiciera el señalamiento correspondiente de alguna autoridad ejecutora en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, sin que hubiese realizado manifestación alguna. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". Ahora, en el caso que nos ocupa no fue señalada ninguna autoridad responsable ejecutora con residencia en esta circunscripción territorial, y por ello no es posible que el acto reclamado sea cumplimentado materialmente en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito, esto, toda vez que la autoridad responsable tiene su domicilio en la ciudad de Amealco, Querétaro; por lo que deberá conocer de la demanda el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de la autoridad ejecutora -Querétaro, Querétaro-, en virtud de que de existir tal orden, no se podrá cumplimentar lícitamente el mandato que señala como acto reclamado en el ámbito territorial en el que no tiene imperio para ejercer sus funciones. La competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, toda vez que éstos ejercen jurisdicción en la ciudad del mismo nombre, y por las razones siguientes: Dentro de su jurisdicción, radica la autoridad señalada como responsable. La peticionaria de amparo en su demanda no señaló autoridades responsables ejecutoras de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. No es óbice, que la quejosa presentara su demanda en este juzgado, pues, estimarlo de otro modo implicaría, dejar al arbitrio de la peticionaria la elección del Juez de Distrito competente lo que es inadmisible. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Querétaro, en Turno, con residencia Querétaro, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se encuentra imposibilitado para la designación de perito en materia de Ingeniería Civil y Topografía, toda vez que no forma parte de las especialidades que conforman la coordinación a su cargo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, requiérase al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, para que de no existir impedimento legal o material alguno, dentro del término de tres días hábiles contado a partir de su notificación, se sirva proporcionar el nombre de un perito en materia ingeniería civil y topografía que pueda fungir como tal dentro del presente juicio y dictaminar respecto de la prueba pericial ordenada por este órgano jurisdiccional; lo anterior a efecto de hacerle saber el cargo que se le confiere y los términos en que deberá rendir dicho dictamen; o en su defecto, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo, apercibido que de no realizarlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ******************** autorizado de la parte quejosa, por el que manifiesta no le fue posible localizar al perito al perito ********************, a efecto de comparecer ante el personal de este órgano jurisdiccional a aceptar el cargo de perito en ingeniería civil y topografía, por lo que revoca al perito en mención y señala al diverso ingeniero ********************. En virtud de lo anterior, requiérase al perito ******************** por conducto de la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante el personal de este órgano jurisdiccional a aceptar el cargo conferido. Con el apercibimiento de que no cumplir con lo anterior, se tendrá por no ofrecido dicho medio de prueba Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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