Margarita Sánchez Moctezuma

Expediente 408/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
408/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2019

Partes del expediente

  • Margarita Sánchez Moctezuma

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, enviado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual informa que aceptó la incompetencia planteada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 12965/2016 por el que se le remitieron los autos del juicio de amparo 408/2019-I del índice de este órgano jurisdiccional, en virtud de la incompetencia declinada a su favor; asimismo, informa que requirió a la responsable por diversas constancias, para el efecto de estar en aptitud de pronunciarse respecto a la incompetencia que se le planteó proveer sobre su admisión. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra los actos que reclama de los Magistrados de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 408/2019-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que este órgano de control constitucional, por razón de vía, no es legalmente competente para conocer de la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, primer párrafo, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170, fracción I de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." De los anteriores preceptos se consigna una regla concreta de competencia, en la que excluye del conocimiento del Juez de Distrito a tal clase de resoluciones previstas en los preceptos relacionados, al establecer que pueden reclamarse ante un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el invocado artículo 170 de la Ley de Amparo, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito opera cuando confluyen tres elementos: a) El acto reclamado se trate de una sentencia definitiva o laudo y resoluciones que pongan fin al juicio; b) Éstos sean dictados por tribunales judiciales, agrarios, administrativos o del trabajo; y, c) Se agoten previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Consecuentemente en la especie debe atenderse a los citados requisitos para justificar el presente pronunciamiento de incompetencia; luego, conviene precisar que por sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, debe comprenderse las que dan por terminado o concluido el juicio, o que impiden o paralizan definitivamente la prosecución de éste, independientemente de si se ocupan o no de la cuestión planteada, como acontece en la especie, pues la demandante de amparo reclama, bajo protesta de decir verdad: la resolución, emitida en el toca de apelación civil 383/2019, por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de San Luis Potosí, por la que confirma la sentencia definitiva dictada el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en los autos del juicio extraordinario civil número 684/2017, del índice de Juzgado Primero Civil del Sexto- Distrito Judicial con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí; por lo que resulta incuestionable que en esta vía de amparo indirecto lo que reclama es una sentencia definitiva que decide el juicio en lo principal. En las relatadas consideraciones, quedó plenamente acreditado que la determinación reclamada por la promovente es de las contempladas en el preinserto artículo 170 de la Ley de Amparo, razón por la cual dicho acto en esta vía deviene improcedente y obliga al pronunciamiento de incompetencia, puesto que lo procedente es que la peticionaria de amparo enderece su acción constitucional contra dicho fallo que dice agraviarlo, en la vía directa, promoviendo la demanda respectiva ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con residencia San Luis Potosí, capital, a fin de lograr el pretendido examen constitucional que este juzgado está impedido a realizar, por no ser el acto reclamado objeto o materia de la competencia de este órgano de control constitucional dado que las sentencias definitivas que ponen fin al juicio de que se trata, una vez agotado ulterior recurso ordinario que pueda hacerse valer en su contra, escapan a la materia del estudio de este juzgado de distrito por disposición expresa de la Ley; sin prejuzgar lo que determine la Superioridad. Tiene aplicación la jurisprudencia, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008791, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, considerando que el competente para ello lo es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con residencia San Luis Potosí, capital, por lo que remítasele el expediente relativo al presente juicio de amparo, por conducto de su oficina de correspondencia común, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que una vez que obre lo anterior en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la competencia planteada. Para los efectos relatados fórmese el cuaderno de antecedentes a que haya lugar. Del mismo modo, se autoriza hacer uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner al autorizado de la promovente, siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. En otro contexto, se autoriza únicamente para imponerse de autos a Jorge Álvarez Monsiváis, toda vez que no cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por otra parte, téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada Galeana número 46, interior 26, altos, zona Centro, entre las calles Hidalgo y Juárez, código postal 79000, en esta ciudad. Por otro lado, hágase saber a la promovente que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación del presente auto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese y cúmplase.

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