Margarita Rogers Nieto
Expediente 394/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Margarita Rogers Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, por el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió el legajo de copias certificadas relativas al juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y el mismo quedó registrado con el número de toca ********************. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por la promovente Margarita Rogers Nieto, por medio del cual presenta recurso de queja en contra del proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. En ese contexto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe sobre la materia de la queja que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado y remitiendo copia certificada del presente sumario constitucional, además, por separado el escrito original de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, en turno, a afecto de que provea lo conducente respecto del recurso que se hace valer. ....De ahí que, conforme al principio de economía procesal y de pronta impartición de justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal resulta innecesario requerir a la promovente para que dentro del término de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad de instancia a fin de que resuelva el recurso que se hace valer conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo; ello en virtud, de que aquéllas no podrían ser diversas a la demanda, así como el acuerdo que desechó la misma. Finalmente, por cuanto a las copias restantes del escrito de cuenta, remítanse al tribunal de alzada para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Margarita Rogers Nieto -promovente en el juicio de amparo en que se actúa-, por medio del cual, desahoga el requerimiento formulado en proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la tesis III.1o.C.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 424, con número de registro 200905, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo permite el desechamiento de plano de la demanda de garantías, sólo en caso de que, examinada ésta, se encuentre algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, la interpretación lógica y racional de tal precepto, conduce a establecer que un motivo de improcedencia tiene esas características cuando se desprende de dicho escrito y no cabe la menor posibilidad de desvirtuarlo en forma alguna. Por tanto, si mediante la aportación de pruebas es factible desvanecer la causa de improcedencia que se deduce de la citada demanda, el Juez de Distrito no debe desechar ésta, sino admitirla y seguir el trámite correspondiente, para brindar al quejoso la oportunidad de ofrecer elementos de convicción tendientes a demostrar la procedencia de su acción constitucional." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esa virtud, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los diversos 17 y 18, todos de la ley invocada. Dichos dispositivos legales estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.) "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo que toca a la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala que el consentimiento expreso implica la conducta que desarrolla el quejoso, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que le cause un agravio o perjuicio presente, lo que implica la manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, al no impugnarse dentro del término que puntualizan los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por regla general de quince días, el amparo se vuelve inadmisible. En la inteligencia de que el lapso referido se computará de la siguiente manera: a) Al día siguiente al en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Conforme a estas disposiciones, el juicio de amparo es improcedente si se promueve después de los quince días siguientes a que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que lo rige, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado: "De las autoridades ordenadoras reclamo la admisión y la resolución definitiva dentro del expediente 493/2019, donde se le declara la validez del testamento y por consiguiente albacea definitiva a JUAN CARLOS CARVAJAL VIDALES y de las autoridades ejecutoras reclamo la notificación de la admisión y la resolución definitiva dentro del expediente 493/2019, donde se le declara la validez del testamento y por consiguiente albacea definitivo a JUAN CARLOS CARVAJAL VIDALES, violándonos nuestras garantías más elementales consagradas en la Carta Magna" Ahora, la parte que demanda el amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, fecha en que fue emplazada al expediente 1548/2019, advirtiéndolo de las copias de traslado de la resolución definitiva dictada en los autos del juicio sucesorio testamentario 493/2019, Sin embargo, para este órgano jurisdiccional constituye un hecho notorio la existencia del juicio de amparo 176/2019-I, promovido por Margarita Rogers Nieto -aquí quejosa- y otra, en contra de las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí y Actuarios Judiciales adscritos al referido juzgado; promovido en contra de la admisión y radicación del juicio sucesorio testamentario 493/2019, así como la audiencia de lectura de testamento y nombramiento de albacea provisional señalada para el diecinueve de mayo de dos mil diecinueve Apoya a lo considerado la jurisprudencia P./J. 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 10, junio de 2018, número de registro 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Del mismos modo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, registro 172215, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Cabe mencionar que la demanda de amparo en comento fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en la que mediante acuerdo de dieciséis de mayo del presente año, se previno a las promoventes para que señalaran -entre otras cosas- las fechas precisas de las notificaciones del auto de radicación del juicio sucesorio testamentario 493/2019 y de la notificación de la audiencia de lectura de testamento y nombramiento de albacea provisional. Luego, al no comparecer a desahogar el requerimiento ahí formulado se tuvo por no presentada su demanda de amparo mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mismo que causó estado el siete de junio del año en curso, ordenándose su archivo definitivo en proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve. En ese contexto, se evidencia que la quejosa tuvo conocimiento desde el catorce de mayo de dos mil diecinueve -como así lo señala en su escrito aclaratorio- de la existencia del juicio sucesorio testamentario a bienes de Ofelia Rogers Nieto expediente 493/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí; tan es así, que en esa misma fecha presentó demanda de amparo en contra de actos derivados del mencionado juicio sucesorio ostentándose como tercera extraña a juicio, el cual fue registrado con el número de amparo 176/2019-I del índice de este juzgado federal. Por lo que si en el presente asunto, la referida quejosa combate nuevamente actos derivados del juicio sucesorio en mención, aludiendo que tiene la calidad de tercera extraña, procede computar el plazo de quince días previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo a partir de que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen. Así, si la quejosa tuvo conocimiento del juicio sucesorio 493/2019 el catorce de mayo de dos mil diecinueve, el plazo citado transcurre del quince de mayo al cuatro de junio de dos mil diecinueve, sin contar el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo, uno y dos de junio, todos del año en curso por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, si la presente demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, el dos de octubre de dos mil diecinueve, resulta evidente que la promoción del juicio de amparo es extemporánea. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el que la promovente refiera que cuando promovió el amparo 176/2019-I aún no se dictaba la resolución que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa; puesto que su derecho a ejercer la acción de amparo en su calidad de tercera extraña surgió a partir de que tuvo conocimiento del juicio natural, y no se regenera por cada acto posterior, puesto que no se trata de actos autónomos, y como tal, la aludida calidad solo le confiere una oportunidad para promover el juicio de amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no es parte. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.3o.C.84 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1854, con número de registro 2008869, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA. Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio, respecto del cual se ostenta tercero extraño y que sean de fecha posterior a aquella en que tuvo conocimiento de esa sentencia, por haber promovido incidente de oposición a la ejecución, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo indirecto no debe computarse a partir de la emisión de cada acto tendente a lograr dicha ejecución, sino a partir de que el quejoso tuvo conocimiento de la sentencia, porque en su calidad de tercero extraño a juicio, el derecho a ejercer la acción de amparo surge a partir de ese momento y no se regenera por cada acto posterior que se dicte en la etapa de ejecución, ya que no son actos autónomos, sino sólo una consecuencia directa e inmediata de la primera orden de ejecución, y los terceros extraños, por regla general, solamente tienen una oportunidad para promover amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no son parte, ya que el plazo para promover el amparo inicia a partir de que tienen conocimiento del acto de autoridad que les causa perjuicio". Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, registro 204707, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." También cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, página 235, registro 216152, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Es menester destacar que la parte promovente de amparo no se encuentra dentro de algún caso de excepción al plazo de quince días a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para la presentación de su demanda, en tanto que el acto que reclama no se ubica en alguna de esas hipótesis. En conclusión, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la transcrita fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por lo que se desecha la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA **** LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Margarita Rogers Nieto -promovente en el juicio de amparo en que se actúa-, por medio del cual, desahoga el requerimiento formulado en proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la tesis III.1o.C.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 424, con número de registro 200905, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo permite el desechamiento de plano de la demanda de garantías, sólo en caso de que, examinada ésta, se encuentre algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, la interpretación lógica y racional de tal precepto, conduce a establecer que un motivo de improcedencia tiene esas características cuando se desprende de dicho escrito y no cabe la menor posibilidad de desvirtuarlo en forma alguna. Por tanto, si mediante la aportación de pruebas es factible desvanecer la causa de improcedencia que se deduce de la citada demanda, el Juez de Distrito no debe desechar ésta, sino admitirla y seguir el trámite correspondiente, para brindar al quejoso la oportunidad de ofrecer elementos de convicción tendientes a demostrar la procedencia de su acción constitucional." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esa virtud, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los diversos 17 y 18, todos de la ley invocada. Dichos dispositivos legales estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.) "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo que toca a la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala que el consentimiento expreso implica la conducta que desarrolla el quejoso, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que le cause un agravio o perjuicio presente, lo que implica la manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, al no impugnarse dentro del término que puntualizan los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por regla general de quince días, el amparo se vuelve inadmisible. En la inteligencia de que el lapso referido se computará de la siguiente manera: a) Al día siguiente al en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Conforme a estas disposiciones, el juicio de amparo es improcedente si se promueve después de los quince días siguientes a que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que lo rige, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado: "De las autoridades ordenadoras reclamo la admisión y la resolución definitiva dentro del expediente 493/2019, donde se le declara la validez del testamento y por consiguiente albacea definitiva a JUAN CARLOS CARVAJAL VIDALES y de las autoridades ejecutoras reclamo la notificación de la admisión y la resolución definitiva dentro del expediente 493/2019, donde se le declara la validez del testamento y por consiguiente albacea definitivo a JUAN CARLOS CARVAJAL VIDALES, violándonos nuestras garantías más elementales consagradas en la Carta Magna" Ahora, la parte que demanda el amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, fecha en que fue emplazada al expediente 1548/2019, advirtiéndolo de las copias de traslado de la resolución definitiva dictada en los autos del juicio sucesorio testamentario 493/2019, Sin embargo, para este órgano jurisdiccional constituye un hecho notorio la existencia del juicio de amparo 176/2019-I, promovido por Margarita Rogers Nieto -aquí quejosa- y otra, en contra de las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí y Actuarios Judiciales adscritos al referido juzgado; promovido en contra de la admisión y radicación del juicio sucesorio testamentario 493/2019, así como la audiencia de lectura de testamento y nombramiento de albacea provisional señalada para el diecinueve de mayo de dos mil diecinueve Apoya a lo considerado la jurisprudencia P./J. 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 10, junio de 2018, número de registro 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Del mismos modo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, registro 172215, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Cabe mencionar que la demanda de amparo en comento fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en la que mediante acuerdo de dieciséis de mayo del presente año, se previno a las promoventes para que señalaran -entre otras cosas- las fechas precisas de las notificaciones del auto de radicación del juicio sucesorio testamentario 493/2019 y de la notificación de la audiencia de lectura de testamento y nombramiento de albacea provisional. Luego, al no comparecer a desahogar el requerimiento ahí formulado se tuvo por no presentada su demanda de amparo mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mismo que causó estado el siete de junio del año en curso, ordenándose su archivo definitivo en proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve. En ese contexto, se evidencia que la quejosa tuvo conocimiento desde el catorce de mayo de dos mil diecinueve -como así lo señala en su escrito aclaratorio- de la existencia del juicio sucesorio testamentario a bienes de Ofelia Rogers Nieto expediente 493/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí; tan es así, que en esa misma fecha presentó demanda de amparo en contra de actos derivados del mencionado juicio sucesorio ostentándose como tercera extraña a juicio, el cual fue registrado con el número de amparo 176/2019-I del índice de este juzgado federal. Por lo que si en el presente asunto, la referida quejosa combate nuevamente actos derivados del juicio sucesorio en mención, aludiendo que tiene la calidad de tercera extraña, procede computar el plazo de quince días previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo a partir de que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen. Así, si la quejosa tuvo conocimiento del juicio sucesorio 493/2019 el catorce de mayo de dos mil diecinueve, el plazo citado transcurre del quince de mayo al cuatro de junio de dos mil diecinueve, sin contar el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo, uno y dos de junio, todos del año en curso por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, si la presente demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, el dos de octubre de dos mil diecinueve, resulta evidente que la promoción del juicio de amparo es extemporánea. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el que la promovente refiera que cuando promovió el amparo 176/2019-I aún no se dictaba la resolución que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa; puesto que su derecho a ejercer la acción de amparo en su calidad de tercera extraña surgió a partir de que tuvo conocimiento del juicio natural, y no se regenera por cada acto posterior, puesto que no se trata de actos autónomos, y como tal, la aludida calidad solo le confiere una oportunidad para promover el juicio de amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no es parte. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.3o.C.84 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1854, con número de registro 2008869, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA. Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio, respecto del cual se ostenta tercero extraño y que sean de fecha posterior a aquella en que tuvo conocimiento de esa sentencia, por haber promovido incidente de oposición a la ejecución, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo indirecto no debe computarse a partir de la emisión de cada acto tendente a lograr dicha ejecución, sino a partir de que el quejoso tuvo conocimiento de la sentencia, porque en su calidad de tercero extraño a juicio, el derecho a ejercer la acción de amparo surge a partir de ese momento y no se regenera por cada acto posterior que se dicte en la etapa de ejecución, ya que no son actos autónomos, sino sólo una consecuencia directa e inmediata de la primera orden de ejecución, y los terceros extraños, por regla general, solamente tienen una oportunidad para promover amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no son parte, ya que el plazo para promover el amparo inicia a partir de que tienen conocimiento del acto de autoridad que les causa perjuicio". Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, registro 204707, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." También cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, página 235, registro 216152, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Es menester destacar que la parte promovente de amparo no se encuentra dentro de algún caso de excepción al plazo de quince días a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para la presentación de su demanda, en tanto que el acto que reclama no se ubica en alguna de esas hipótesis. En conclusión, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la transcrita fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por lo que se desecha la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la promovente.
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