Margarita Sánchez Moctezuma

Expediente 400/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
400/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Margarita Sánchez Moctezuma

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por **, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito y anexos de cuenta, signado por Margarita Sánchez Moctezuma, atento a su contenido, se tiene a la ocursante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado federal mediante auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 13 a 16). Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que quien aquí provee tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, número de registro 394703, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Precisado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente de amparo consiste en: El auto de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve, en el que se requiere el cumplimiento voluntario de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, confirmado por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de justicia del Estado de San Luis Potosí, mediante resolución de diecisiete de junio del mismo año; esto es el otorgamiento y firma de escritura del bien inmueble materia de la litis en el juicio natural; con el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado responsable la firmará y otorgará en su rebeldía. En el caso, se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido y que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Ahora bien, como se precisó en párrafos que anteceden, la promovente de amparo reclama de la autoridad responsable el auto en el que se requiere el cumplimiento voluntario de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, misma que fue confirmada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de justicia del Estado de San Luis Potosí, mediante resolución de diecisiete de junio del mismo año; esto es el otorgamiento y firma de escritura del bien inmueble materia de la litis en el juicio natural; con el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado responsable la firmará y otorgará en su rebeldía; sin embargo, no se trata de la última resolución dentro del juicio de origen pues no se está reconociendo el cumplimiento total de lo sentenciado, declarando la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenando el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar, en ese caso, las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que la hubieren dejado sin defensa; aunado a lo anterior, todavía depende de la entrega voluntaria del inmueble por parte de la aquí promovente; por lo que no adquiere definitividad hasta en tanto se ordene la entrega forzosa a favor de la parte contraria en el juicio natural; pues, en el auto reclamado no se decidió sobre su otorgamiento en caso de que no se verificara de manera voluntaria por la aquí quejosa; esto es, el requerimiento contenido en el citado acuerdo aún no constituye un acto definitivo, pues queda la opción de la demandada (aquí quejosa) de cumplirlo o no, y luego ante el incumplimiento decidir sobre su otorgamiento en rebeldía, pues no se advierte que exista un auto que decida en definitiva la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen, en el que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación del inmueble rematado. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, contra el referido acto reclamado por la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo, pues por su naturaleza constituye una resolución intermedia dictada después de concluido el juicio, la cual no es combatible a través del juicio de amparo indirecto, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. No pasa inadvertido para este juzgado federal, el hecho de que la quejosa se ostente como tercera extraña al juicio natural, pues aduce no haber sido emplazada al referido controvertido; sin embargo, de las constancias que anexa se advierte que la controversia judicial que se ventiló ante el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se trató del 684/2019, y que, tal como lo manifestó en el escrito con que desahoga la prevención requerida, si fue emplazada, lo que derivó en los actos que en este juicio busca combatir. Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos que reclama del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, .... se requiere a la promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, aclare su demanda y manifieste: Bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyen el acto reclamado; lo anterior, en virtud de que no se aprecia tal formalidad en su escrito y si bien señaló: "PROTESTO LO NECESARIO....

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