Margarita Rodríguez tovar

Expediente 914/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
914/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Margarita Rodríguez tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que el ocho de noviembre del año en curso, entre otras cosas, se ordenó el archivo definitivo del presente expediente, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; se ordena la destrucción del cuaderno de antecedentes que se ordenó integrar en proveído de siete de octubre pasado, en el entendido de que deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas dela jurisdicción voluntaria 474/2015 que remitió la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, mediante oficio 2451/2019 de su índice, devuélvanse y solicítesele el acuse de recibo correspondiente de las citadas constancias. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, la presente determinación hágase del conocimiento de la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Celaya, para los efectos legales a los que haya lugar. De igual forma, infórmesele que el veinticuatro de octubre pasado de desechó de plano la demanda de amparo promovida por ************.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la consulta resuelta por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, remite el juicio de amparo ********************de su índice, así como un tomo de pruebas; al respecto, se acuerda: - Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y acúsese recibo a la autoridad oficiante. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Celaya, de no cumplir con lo ordenado en auto de ********************, emitido en la ********************, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. En esa tesitura, como la omisión reclamada emana de la indicada jurisdicción voluntaria que se encuentra en trámite, debe considerarse como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una omisión autónoma del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que se presenta justo dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria, dado que de éste emanó el mandato que se estima incumplido. Lo anterior se afirma, porque de las copias certificadas de la ********************, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, que adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, en lo que interesa: 1. Que el ********************, la a quo ordenó requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guanajuato, a fin de que entregue a la aquí quejosa todas las pensiones que le correspondían a ********************, desde ********************. 2. Mediante proveído de u********************, la juez de instancia ordenó girar oficio recordatorio al mencionado instituto, para que cumpliera con lo anteriormente requerido, y lo apercibió que de no hacerlo le impondría una multa y lo haría del conocimiento del Director General de dicha dependencia. 3. Por auto de ********************, la juez tuvo al Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, informando las gestiones que estaba realizando a fin de cumplir con lo ordenado. Por ello, se estima que omisión reclamada no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento jurisdiccional del que emergió la orden. Además, que de autos se desprende que no se han impuesto, ni gestionado su aplicación, los medios de apremio previstos en el artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que el juez haga cumplir sus determinaciones, ya que la última actuación respecto del requerimiento, es el auto de ********************, en que se tuvo al Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, informando las gestiones que estaba realizando. De ahí que no se advierta que exista en el procedimiento una abierta dilación para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guanajuato, cumpla con lo requerido por el a quo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas se ordena formas un tomo de pruebas para el mejor manejo del expediente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la consulta resuelta por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, remite el juicio de amparo ********************de su índice, así como un tomo de pruebas; al respecto, se acuerda: - Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y acúsese recibo a la autoridad oficiante. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Celaya, de no cumplir con lo ordenado en auto de ********************, emitido en la ********************, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. En esa tesitura, como la omisión reclamada emana de la indicada jurisdicción voluntaria que se encuentra en trámite, debe considerarse como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una omisión autónoma del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que se presenta justo dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria, dado que de éste emanó el mandato que se estima incumplido. Lo anterior se afirma, porque de las copias certificadas de la ********************, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, que adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, en lo que interesa: 1. Que el ********************, la a quo ordenó requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guanajuato, a fin de que entregue a la aquí quejosa todas las pensiones que le correspondían a ********************, desde ********************. 2. Mediante proveído de u********************, la juez de instancia ordenó girar oficio recordatorio al mencionado instituto, para que cumpliera con lo anteriormente requerido, y lo apercibió que de no hacerlo le impondría una multa y lo haría del conocimiento del Director General de dicha dependencia. 3. Por auto de ********************, la juez tuvo al Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, informando las gestiones que estaba realizando a fin de cumplir con lo ordenado. Por ello, se estima que omisión reclamada no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento jurisdiccional del que emergió la orden. Además, que de autos se desprende que no se han impuesto, ni gestionado su aplicación, los medios de apremio previstos en el artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que el juez haga cumplir sus determinaciones, ya que la última actuación respecto del requerimiento, es el auto de ********************, en que se tuvo al Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, informando las gestiones que estaba realizando. De ahí que no se advierta que exista en el procedimiento una abierta dilación para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guanajuato, cumpla con lo requerido por el a quo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas se ordena formas un tomo de pruebas para el mejor manejo del expediente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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