María Aguilar Hernández

Expediente 156/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
156/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • María Aguilar Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito que suscribe ************, en su carácter de apoderado legal de ***************, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, lo que hace en la forma y términos de su ocurso de cuenta. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que **************, en su carácter de apoderado legal de **************, comparece a esta instancia constitucional reclamando: El ilegal emplazamiento practicado en el expediente laboral ************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, así como todo lo actuado en dicho procedimiento incluyendo el laudo y su ejecución, consistente ésta en el remate de un vehículo de motor tipo tracto camión. Bajo ese contexto, en la especie, el suscrito estima que en relación a la quejosa *********** representada por ****************, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Es decir, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del o de los peticionarios del amparo. Lo que interpretado en proposición contraria, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos del accionante constitucional. Por tanto, no basta que la parte quejosa afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses, sino que es preciso, además, que en el juicio constitucional se encuentre demostrado que el acto imputado incida de manera real y objetiva en sus intereses y se demuestre fehacientemente tal situación. En ese sentido, se afirma que en el presente asunto el acto reclamado no causa afectación en la esfera de la quejosa, en razón de que, de la lectura integral de la demanda y del análisis del presente expediente, se aprecia el siguiente estado de hechos: El veinticinco de febrero pasado la poderdante del promovente, recibió una llamada telefónica de una persona que le expresó que tenía que exhibir la factura del vehículo de motor tipo tracto camión, derivado de un juicio laboral tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, motivo por el que, junto con su abogado se presentaron ante dicho tribunal donde se percataron de que "su empresa" tiene un juicio laboral en su contra promovido por **************, en el que fue emplazada dicha persona moral denominada *************** En los conceptos de violación esencialmente se argumenta que el emplazamiento a juicio de la aludida persona moral se realizó de manera ilegal. De lo anterior, se desprendió que los actos reclamados recaen sobre la persona moral Fratsa, S.A. de C.V., por lo que el suscrito determino prevenir para conocer si la promovente acudía a esta instancia judicial por su propio derecho, o bien como representante de la moral *************** En cumplimiento a lo anterior, se trae a contexto el escrito aclaratorio en el que el apoderado de María Aguilar Hernández, precisó: "a) Que mi representada promueve por propio derecho, (.)." Así, de lo antes expuesto se obtiene que el juicio de origen del que se duele la impetrante en esta vía, al sostener que no fue emplazada al mismo, y así como todo lo actuado en dicho procedimiento incluyendo el laudo y su ejecución, al acudir por propio derecho no afecta de ninguna forma su esfera legal, pues como se ha expuesto, se desprende que el emplazamiento y demás actos que se reclaman, recaen sobre la persona moral Fratsa, S.A. de C.V., y por ende, dicho juicio por sí mismo no causa un perjuicio en su contra. Entonces, es posible afirmar que en el presente asunto, el procedimiento de referencia, y como consecuencia del mismo, el dictado del laudo y su ejecución, no afecta en la persona o patrimonio de la justiciable, que de manera concomitante provoque la génesis de esta acción constitucional. En mérito de lo expuesto, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    Vista la constancia levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a ************, apoderado legal de ****************, el proveído de cuatro de marzo pasado, por los motivos que ahí se exponen; en consecuencia, practíquesele la citada notificación así como las subsecuentes aún las de carácter personal, por lista que se fije en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, apoderado legal de **********, carácter que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo con la copia certificada del instrumento notarial catorce mil cuatrocientos noventa y seis, pasado ante la fe del notario público número dos de Chignahuapan, Puebla que adjunta, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje residente en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 156/2019-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones III, IV y V del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción I del artículo 108, así como 110, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda se desprende que el apoderado de ***************, refiere que el acto reclamado lo constituye el ilegal emplazamiento practicado en el expediente laboral ***********, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, así como todo lo actuado en dicho procedimiento incluyendo el laudo y su ejecución, consistente ésta en el remate de un vehículo de motor tipo tracto camión. Por otro lado, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado señala que el veinticinco de febrero pasado la poderdante del promovente, recibió una llamada telefónica de una persona que le expresó que tenía que exhibir la factura del vehículo citado con antelación, derivado de un juicio laboral tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, motivo por el que, junto con su abogado se presentaron ante dicho tribunal donde se percataron de que "su empresa" tiene un juicio laboral en su contra promovido por **********, en el que fue emplazada dicha persona moral denominada ************ De igual forma, en los conceptos de violación esencialmente se argumenta que el emplazamiento a juicio de la aludida persona moral se realizó de manera ilegal. De todo lo anterior se desprende que el emplazamiento y demás actos que se reclaman, recaen sobre la persona moral *****************; empero, ningún documento se adjuntó para acreditar el carácter de representante legal de dicha empresa, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. B) La segunda irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del aludido numeral 108 de la legislación en comento que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte promovente señaló como acto reclamado, entre otros, el emplazamiento practicado en el juicio laboral ********* del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, llamamiento a juicio que, aduce en el capítulo atinente al acto reclamado, se efectuó el diez de febrero de dos mil diecisiete; sin embargo, en el apartado referente a los conceptos de violación indica que esa actuación se realizó el dos de marzo de dos mil diecisiete. Por ende, se estima que de lo expuesto por el promovente no es posible advertir con claridad la fecha correcta en la aduce se llevó a cabo el emplazamiento al juicio laboral 3777/2016, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, ya que por una parte indica que dicha diligencia se llevó a cabo el diez de febrero de dos mil diecisiete y por otra señala que se practicó el dos de marzo de la misma anualidad, lo cual torna obscuro el libelo constitucional, al no poder establecer con precisión los actos en concreto de los que se queja. C) Finamente, la tercera irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 114, en relación con lo estipulado en el 110 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." De la transcripción del artículo anterior, en lo que interesa, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta las copias suficientes para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo al peticionario del amparo la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar y no tuviere que concederse de oficio. En el caso, se advierte que la parte quejosa solo exhibió cinco copias de su demanda de amparo, por lo que se necesita un tanto más para ser distribuido de la siguiente manera: Autoridades responsables (dos copias). Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (una copia). Tercero Interesado (una copia). Incidente de suspensión (dos copias) Conclusivamente, ante las omisiones incurridas por el promovente, lo procedente conforme a la fracciones III, IV y V del numeral 114, en relación con los artículos 108 -fracciones I, IV- y 110, todos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Precise si su representada acude a esta instancia judicial por su propio derecho, o bien como representante legal de la persona moral **************, y de ser así lo acredite con documento fehaciente. Precise la fecha del emplazamiento que manifiesta, ya que por una parte refiere que dicha diligencia se practicó el diez de febrero de dos mil diecisiete y por otra indica que se llevó a cabo el dos de marzo de ese mismo año. Exhiba una copia más de su demanda de amparo, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, excepto el atinente a la copia de la demanda, en cuyo caso únicamente se postergará la apertura del incidente de suspensión, hasta en tanto exhiba la copia faltante, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoria en este expediente, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c-, de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, apoderado legal de **********, carácter que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo con la copia certificada del instrumento notarial catorce mil cuatrocientos noventa y seis, pasado ante la fe del notario público número dos de Chignahuapan, Puebla que adjunta, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje residente en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 156/2019-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones III, IV y V del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción I del artículo 108, así como 110, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda se desprende que el apoderado de ***************, refiere que el acto reclamado lo constituye el ilegal emplazamiento practicado en el expediente laboral ***********, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, así como todo lo actuado en dicho procedimiento incluyendo el laudo y su ejecución, consistente ésta en el remate de un vehículo de motor tipo tracto camión. Por otro lado, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado señala que el veinticinco de febrero pasado la poderdante del promovente, recibió una llamada telefónica de una persona que le expresó que tenía que exhibir la factura del vehículo citado con antelación, derivado de un juicio laboral tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, motivo por el que, junto con su abogado se presentaron ante dicho tribunal donde se percataron de que "su empresa" tiene un juicio laboral en su contra promovido por **********, en el que fue emplazada dicha persona moral denominada ************ De igual forma, en los conceptos de violación esencialmente se argumenta que el emplazamiento a juicio de la aludida persona moral se realizó de manera ilegal. De todo lo anterior se desprende que el emplazamiento y demás actos que se reclaman, recaen sobre la persona moral *****************; empero, ningún documento se adjuntó para acreditar el carácter de representante legal de dicha empresa, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. B) La segunda irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del aludido numeral 108 de la legislación en comento que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte promovente señaló como acto reclamado, entre otros, el emplazamiento practicado en el juicio laboral ********* del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, llamamiento a juicio que, aduce en el capítulo atinente al acto reclamado, se efectuó el diez de febrero de dos mil diecisiete; sin embargo, en el apartado referente a los conceptos de violación indica que esa actuación se realizó el dos de marzo de dos mil diecisiete. Por ende, se estima que de lo expuesto por el promovente no es posible advertir con claridad la fecha correcta en la aduce se llevó a cabo el emplazamiento al juicio laboral 3777/2016, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, ya que por una parte indica que dicha diligencia se llevó a cabo el diez de febrero de dos mil diecisiete y por otra señala que se practicó el dos de marzo de la misma anualidad, lo cual torna obscuro el libelo constitucional, al no poder establecer con precisión los actos en concreto de los que se queja. C) Finamente, la tercera irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 114, en relación con lo estipulado en el 110 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." De la transcripción del artículo anterior, en lo que interesa, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta las copias suficientes para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo al peticionario del amparo la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar y no tuviere que concederse de oficio. En el caso, se advierte que la parte quejosa solo exhibió cinco copias de su demanda de amparo, por lo que se necesita un tanto más para ser distribuido de la siguiente manera: Autoridades responsables (dos copias). Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (una copia). Tercero Interesado (una copia). Incidente de suspensión (dos copias) Conclusivamente, ante las omisiones incurridas por el promovente, lo procedente conforme a la fracciones III, IV y V del numeral 114, en relación con los artículos 108 -fracciones I, IV- y 110, todos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Precise si su representada acude a esta instancia judicial por su propio derecho, o bien como representante legal de la persona moral **************, y de ser así lo acredite con documento fehaciente. Precise la fecha del emplazamiento que manifiesta, ya que por una parte refiere que dicha diligencia se practicó el diez de febrero de dos mil diecisiete y por otra indica que se llevó a cabo el dos de marzo de ese mismo año. Exhiba una copia más de su demanda de amparo, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, excepto el atinente a la copia de la demanda, en cuyo caso únicamente se postergará la apertura del incidente de suspensión, hasta en tanto exhiba la copia faltante, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoria en este expediente, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c-, de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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