Margarita Manzanares García

Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
280/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Margarita Manzanares García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor Civil con sede en esta ciudad y otras autoridades; con apoyo en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 280/2021-IV. De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora bien, del capítulo atinente a los antecedentes de los actos reclamados se advierte que la peticionaria del amparo narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: con fecha 26 de abril del año en curso a las 14:00 horas se presentó personal de **************, en compañía de una persona quien dijo ser actuario del poder judicial de Celaya, Gto, quien me dejo el documento que anexo a la presente y me dijeron que me iban a requerir de pago, porque fui aval de la Sra. ***********, a lo que les dije que NO que Yo No debía nada, que quien debía era la Sra. ************, que Yo no he sido recientemente aval de ella. A lo que dijeron que eso no importa, si, NO, nos permite el acceso a su domicilio vamos a regresar con FUERZA PUBLICA Y CERRAJERO, y se retiraron." (SIC)." Asimismo, de la documental que anexó a su escrito inicial de demanda, consistente en un escrito con membrete que dice: "DESPACHO JURÍDICO BANCO AZTECA", y logotipo de Banco Azteca, se advierte que se hizo saber a la quejosa lo siguiente: CUIDADO!! SU PATRIMONIO ESTÁ EN RIESGO SE INFORMA POSIBLE ACCIÓN JUDICIAL. Ante su falta de pago SE PODRIA EJECUTAR LA DILIGENCIA DE EMBARGO EN SU DOMICILIO, usted tiene como fecha límite 48 horas para solucionar su adeudo. En caso contrario se podría litigar hasta la VALUACION Y VENTA de su patrimonio. Le informamos que, en estos procedimientos de CONSIGNA DE EMBARGO, mediante una orden emitida por un Juez lo primer que sacan los cargadores son: LAVADORAS, TELEVISORES, MODULARES, JUEGO DE SALA, MESAS, ELECTRÓNICA, VARIOS, los cuales legalmente podrían ser depositados en el camión de flete que se encuentre afuera del domicilio. Hemos realizado diversas gestiones de cobro, visitas y llamadas telefónicas. USTED SE NEGÓ a solucionar su adeudo pendiente de pago, de su cuenta en **********¡¡¡OPORTUNDAD FINAL!!! A la fecha su cuenta de Banco Azteca asciende a CAPITAL $27087 pesos MORATORIO $15053 SALDO TOTAL $42140, SE LE EXTIENDE UNA OPORTUNIDAD DE LIQUIDAR SU ADEUDO OFRECIENDO LOS SIGUEINTES BENEFICIOS: PLAN DE PAFOS FIJOS SEMANALES ACORDE A SUS NECESIDADES. EN PAGO DE UNA SOLA EXHIBICION UN ATRACTIVO BENEFICIO DE LIQUIDACION DE INTERESES* TODOS SUS PAGOS DEBEN SER EN SUCURSALES DE *********. *" De lo antes narrado se desprende que la diligencia de requerimiento de pago, emplazamiento, embargo con fuerza pública y cerrajero en su domicilio, que reclama la quejosa es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que la quejosa manifestara que el día veintiséis de abril del año en curso, se presentaran en su domicilio, personal de ************, en compañía de una persona quien dijo ser actuario del poder judicial de Celaya, Guanajuato, y le dejaran un escrito emitido por el despacho jurídico de **********, mediante el cual se le hace saber a la quejosa que ante su falta de pago se podría iniciar una acción judicial y ejecutar la diligencia de embargo, no implica, ni de suyo ni de facto, que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden ejecución en su domicilio, o incluso, que éstas pretendan llevarla a cabo. En otras palabras, dados los antecedentes narrados, así como del anexo presentado por la quejosa no se advierte la ineludible emisión de dicha orden, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que la propia quejosa manifestó que acude a esta instancia constitucional porque el día veintiséis de abril del año en curso, se presentaran en su domicilio, personal de Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple, en compañía de una persona quien dijo ser actuario del poder judicial de Celaya, Guanajuato, y le dejaron un escrito emitido por el despacho jurídico de Banco Azteca, mediante el cual se le hace saber que ante su falta de pago se podría iniciar una acción judicial y ejecutar una diligencia de embargo, sin precisar que exista alguna orden emitida en contra de la solicitante del amparo tendente a embargar bienes su propiedad o ejecutar una sentencia, ni exhibir algún documento oficial emitido por alguna autoridad con facultades para llevar a efecto el acto que se reclama; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. En otro contexto, téngase a la promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, al contar con cédulas profesionales *************, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Ahora bien, se le hace la precisión que el correo electrónico ***********, proporcionado no puede tenérsele como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que dicho supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y el correo al que alude el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente es para establecer contacto en caso de estimarse necesario. En ese sentido, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el presente proveído a la parte quejosa por lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale uno en esta ciudad. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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