MARGARITA RODRIGUEZ MONICO y Otros.

Expediente 1683/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1683/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • MARGARITA RODRIGUEZ MONICO y Otros.
  • Margarita Monico Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 02 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista la demanda de amparo presentada por Margarita Rodríguez Monico y Margarita Monico Hernández, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1683/2016-I-D. En primer término, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por las promoventes en la presente instancia constitucional, es el acuerdo reparatorio de cinco de octubre de dos mil dieciséis, celebrado dentro del expediente de mecanismos alternativos número 433/2016/TEZ/JA del Centro Estatal de Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el cual las aquí quejosas tuvieron la calidad de intervinientes solicitantes. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)." Con relación a esta causa de improcedencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El artículo y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos consentidos, ya sea de manera expresa o bien, por manifestaciones de la voluntad que entrañen ese consentimiento, este último, según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse como el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. La diferencia entre ambas formas de consentir el acto reclamado son las siguientes: a) En el primer caso, el consentimiento es expreso, cuando se manifiesta ya sea verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos; respecto del cual no hay duda o equivocación, sobre si se consintió o no tal acto reclamado. b) En el segundo, se advierte la existencia del consentimiento en virtud de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Así pues, el consentimiento denota una expresión del quejoso de manera clara e indiscutible de estar de acuerdo con la actuación de la autoridad responsable, e incluso con sus efectos, esto es, que da su anuencia, o ejecuta actos voluntarios que suponen tal consentimiento. La actualización de tal improcedencia, tiene por objeto evitar el examen de la constitucionalidad de un acto o ley, cuando medie su consentimiento por la parte quejosa, ya sea expreso, a través de signos inequívocos, o de manera tácita; es decir, por manifestaciones que hagan suponer tal aceptación del acto reclamado, o bien, de sus consecuencias; ello es así, en atención al principio de certidumbre jurídica, para evitar que se analice un acto o los efectos de la conducta del impetrante de garantías, respecto del cual ha exteriorizado de manera libre y espontánea su conformidad, y del que pretende sustraerse. Así, el consentimiento debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. En la especie, como ya se adelantó, las quejosas reclaman el acuerdo reparatorio de cinco de octubre de dos mil dieciséis, celebrado dentro del expediente de mecanismos alternativos número 433/2016/TEZ/JA del Centro Estatal de Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el cual las aquí quejosas tuvieron la calidad de intervinientes solicitantes y Heriberto Bautista Hermenegildo adquirió la calidad de interviniente requerido, mismo que se llevó a cabo con el fin de solucionar totalmente una controversia de naturaleza penal y el cual fue anexado a la demanda de cuenta. De la citada documental se advierte que el cinco de octubre de dos mil catorce, las quejosas Margarita Rodríguez Monico y Margarita Monico Hernández, en su carácter de intervinientes solicitantes, firmaron (y estamparon sus huellas dactilares) de conformidad el acuerdo reparatorio celebrado en esa fecha, en el cual tanto las peticionarias de amparo, como Heriberto Bautista Hermenegildo (interviniente requerido) convinieron sujetarse a las obligaciones contraídas a través de las cláusulas inserta; por lo que dicho acuerdo quedó perfeccionado con el consentimiento de ambas partes, al externar su voluntad mediante las firma plasmadas al calce del mismo (estampando además sus huellas dactilares). Bajo ese contexto, es claro que la conducta asumida por las quejosas, al celebrar el acuerdo reparatorio del que ahora se duelen, constituye un consentimiento expreso del acto reclamado, el cual implicó su voluntad de optar por una solución alterna a la continuación de una controversia de naturaleza penal. En efecto, de conformidad con el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos reparatorios no son otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias, celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control -según el estadio procedimental del asunto- y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. De ahí que la celebración del referido acuerdo constituya una manifestación de voluntad de las partes que intervienen y entrañe a la vez el consentimiento de las partes de someterse al mismo; lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio y conduce al desechamiento de la demanda, de conformidad con el ordinal 61, fracción XIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la tesis I.4o.P.11 P (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACUERDOS REPARATORIOS. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y AQUÉLLOS SE APRUEBAN CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE ÉSTE, ESA CIRCUNSTANCIA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO DICHOS ACUERDOS SEAN DE CUMPLIMIENTO DIFERIDO. Conforme al artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos reparatorios son el resultado del uso de un mecanismo alternativo de solución de controversias, celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, los cuales, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control -según corresponda- y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. De ahí que su celebración constituye una manifestación de voluntades de los intervinientes de optar por esa salida alterna. Ahora bien, si el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso y dichos acuerdos se aprueban con posterioridad a la emisión de éste, esa circunstancia conlleva el consentimiento del imputado respecto de ese auto, cuando sea precisamente el acto reclamado en el juicio de amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia. Sin que obste a lo anterior, que los referidos acuerdos reparatorios sean de cumplimiento diferido, pues ello no implica que no haya habido un consentimiento al resolver el juicio de amparo en primera instancia o en revisión; aunado a que iría contra la naturaleza de la solución alterna por la que optaron voluntariamente las partes, el permitir que por virtud del juicio de derechos fundamentales, el imputado incumpliera con las obligaciones adquiridas en el acuerdo correspondiente." Sin perjuicio de lo ya expuesto, resulta pertinente precisar que aun cuando resultare procedente el estudio del acuerdo del que se duelen los quejosos, la presentación de la demanda de amparo que se analiza fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; lo que trae la consecuencia que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Es así, pues el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en un acuerdo reparatorio celebrado ante el Centro Estatal de Solución de Conflictos en Materia Penal; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Bajo ese contexto, es dable concluir que a partir del día siguiente a la fecha en que fue celebrado el acuerdo reparatorio reclamado, inicie el cómputo del plazo para la presentación del juicio de amparo en su contra, pues al haber estampado sus firmas al calce del mismo, resulta evidente que desde la fecha de su celebración (cinco de octubre de dos mil dieciséis), las quejosas Margarita Rodríguez Monico y Margarita Monico Hernández tuvieron pleno conocimiento del acto que ahora pretenden combatir. En esas condiciones, el plazo de quince días para promover el amparo trascurrió del seis al veintiséis de octubre, todos del año en curso; descontando los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés, todos de los referidos mes y año, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la instancia se presentó el uno de diciembre de dos mil dieciséis, es claro que su promoción fue inoportuna. Bajo esa perspectiva, resulta evidente que la demanda de garantías que aquí se analiza fue presentada fuera del término de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 íbidem. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo; y, por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista indicado, por así haberlo solicitado expresamente. Toda vez que las quejosas no designaron representante común, con fundamento en el artículo 13 de Ley de Amparo, la suscrita jueza nombra con dicho carácter a Margarita Rodríguez Monico; sin perjuicio de que, en su caso, la parte quejosa lo sustituya. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial

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