Margarita Marin Herrera
Expediente 242/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Margarita Marin Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 03 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 263 a 284), en una parte se sobreseyó en el juicio y en la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Margarita Marín Herrera, para lo siguiente: "(...) En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección solicitados para que la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, únicamente por lo que se refiere a la hoy quejosa Margarita Marín Herrera: Deje insubsistente el auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictado dentro de la acordata 4/2016 de su índice y ordene la reincorporación de Margarita Marín Herrera al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla para que continúe compurgando la pena impuesta en su contra. Efecto que se hace extensivo a los actos de ejecución de las autoridades de reinserción social señaladas como responsables este juicio de amparo. Lo anterior no impide que, con el debido respeto de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, las autoridades competentes ejerzan sus facultades." (foja 284). Inconforme con dicha sentencia el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, en su carácter de autoridad responsable interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, resolvió: "PRIMERO. Se desecha por notoriamente improcedente, el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, en su carácter de autoridad responsable ejecutora, contra la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto número 242/2016, promovido por la quejosa Margarita Marín Herrera, a través de su representante. SEGUNDO. Se declara firme la sentencia." (fojas 418 a 447 Por auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis se requirió a la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla el cumplimiento de la sentencia de amparo (fojas 449 a 452). Mediante oficio JES7883/2016 de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, la mencionada autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se advierte que llevó a cabo los siguientes efectos de la sentencia amparadora: ".I. Como lo ordena la autoridad federal en su oficio de cuenta se deja insubsistente el auto de 26 veintiséis de enero de 2016, dictado en la acordata número 4/206, se ordena la reincorporación de MARGARITA MARÍN HERRERA, al centro de reinserción social del estado de puebla, para que continúe compurgando la pena impuesta en su contra. II. Efecto que se hace extensivo a los actos de ejecución de las autoridades de reinserción social señaladas como responsables en este juicio de amparo. III. En cumplimiento a lo anterior se ordena girar oficio al director general de centros de reinserción social del estado de puebla, y al director del centro de reinserción social de puebla previa inserción del presente auto. IV. Remítase copia certificada de esta resolución al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal." (foja 467). Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, se le requirió a la mencionada autoridad a fin de que remitiera la constancia correspondiente que acreditara que la quejosa ya había sido trasladada al Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla (fojas 469 a 470). Por oficio 7037 de siete de septiembre de dos mil dieciséis el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla informó, en lo conducente lo siguiente: ".le hago de su conocimiento que la representada en el juicio de garantías MARGARITA MARÍN HERRERA ingresó a este Centro Penitenciario a mi cargo el día 07 de septiembre de 2016 a las 14:30 horas, procedente del similar de Ciudad Serdán, Puebla, tal y como consta en el comunicado de ingreso de esta misma fecha, en atención al oficio número DG/DJ/06992/2016, de fecha 06 de septiembre del año en curso, signado por el Mtro. Alejandro Cruz Maya, Director General de Centros de Reinserción Social en el Estado, deducido del oficio número 7881/2016, de fecha 05 de septiembre de 2016, signado por la abogada Rosa Gisela Barranco, Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, dando cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juico de Amparo, respecto al ámbito que de mi competencia atañe." (foja 475). Y, remitió copia certificada del oficio DG/DJ/06992/2016, de seis de septiembre de dos mil dieciséis y de la hoja de ingreso de MARGARITA MARÍN HERRERA al Centro de Reinserción Social de Puebla (catorce treinta horas del siete de septiembre de dos mil dieciséis) (fojas 477 y 478). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio, y con las cuales resulta incuestionable que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la copia para conocimiento y los oficios signados por el 3. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, 4. Jefa del Departamento de Trabajo Social del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, 5. Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, 6. Director del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla y del Encargado de Despacho de la 8. Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, por medio de los cuales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informan que la aquí quejosa ingresó al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla el siete de septiembre de dos mil dieciséis a las catorce horas treinta minutos, procedente del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, de lo que toma conocimiento la suscrita Juez Federal En consecuencia, con el contenido de los oficios de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, por medio del cual remite copia certificada del oficio 7057/2016 del Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, en el que le informa que la aquí quejosa ingresó centro penitenciario, el siete de septiembre de dos mil dieciséis a las catorce horas treinta minutos, sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de doce de septiembre pasado, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la copia para conocimiento y los oficios signados por el 3. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, 4. Jefa del Departamento de Trabajo Social del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, 5. Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, 6. Director del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla y del Encargado de Despacho de la 8. Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, por medio de los cuales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informan que la aquí quejosa ingresó al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla el siete de septiembre de dos mil dieciséis a las catorce horas treinta minutos, procedente del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, de lo que toma conocimiento la suscrita Juez Federal En consecuencia, con el contenido de los oficios de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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