Margarita Muñoz Delgado

Expediente 2074/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 27 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2074/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
27/07/2016

Partes del expediente

  • Margarita Muñoz Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 25 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 2074/2015, al tenor de los siguientes ANTECEDENTES: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el ocho de diciembre de dos mil quince, recibido ese mismo día en este juzgado, MARGARITA MUÑOZ DELGADO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS. 1. Juez de lo Penal del Municipio de Nombre de Dios, perteneciente al Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Durango. 2. Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta de Nombre de Dios perteneciente al Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Durango. 3. Procurador General de Justicia del Estado de Durango. EJECUTORAS. 4. Director General de la Policía Ministerial del Estado de Durango. 5. Director General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla. ACTOS RECLAMADOS. "De las ordenadoras LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O ORDEN DE REAPREHENSIÓN Y/O ORDEN DE COMPARECENCIA que han girado en mi contra, y de las ejecutoras reclamo la ejecución material que tratan de llevar a cabo por si mismos o por conducto de los agentes judiciales y/o ministeriales a sus órdenes". SEGUNDO. Derechos fundamentales que el quejoso estimó violados. Los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Despacho del juicio de amparo. Mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil quince se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno, solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado (fojas 2 a 5), señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo el ocho de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y en esa misma fecha se resolvió el presente juicio de amparo. (fojas 41 a 56) Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis en la oficialía de partes de éste Órgano Jurisdiccional, MARGARITA MUÑOZ DELGADO, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de ocho de febrero de dos mil dieciséis, (fojas 75 a 79) recurso del cual correspondió conocer por turno al SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, radicándolo como amparo en revisión 128/2016, y mediante resolución de veinte de mayo de dos mil dieciséis determinó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento. (Fojas 140 a 159) Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria emitida por el Tribunal de alzada, éste órgano jurisdiccional dejó sin efectos la audiencia constitucional y la sentencia pronunciada el ocho de febrero del año en curso, dio vista a la quejosa con el sobre devuelto dirigido al DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE DURANGO, tuvo por rendido el informe justificado del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CON JURISDICCIÓN MIXTA DE NOMBRE DE DIOS PERTENECIENTE AL DÉCIMO TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, se tuvo como terceros interesados a los AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO adscritos a los juzgados que la impetrante señaló como responsables, (foja 160 a 161), finalmente fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por MARGARITA MUÑOZ DELGADO, esto en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, precepto que establece, en lo que interesa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda." En efecto, del precepto legal se advierte que para determinar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se debe atender a los supuestos siguientes: A) Aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; B) En caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito, se haya ejecutado en uno y continúe su ejecución en otro, será competente el juez ante el cual se presente la demanda. En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso a), pues del análisis de las constancias se advierte que el acto reclamado tiene ejecución en la Ciudad de Nombre de Dios, Durango, ya que mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil quince el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial en cita, decretó en contra de la aquí quejosa orden de reaprehensión, y para lograr la captura de dicha impetrante giró oficio al Representante Social y al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Durango, para que ordenen a quien corresponda la búsqueda y captura de la aquí agraviada (Fojas 516 a 517), sin que de las constancias remitidas por el A quo se advierta la existencia de algún oficio de colaboración entre las autoridades ministeriales del Estado de Durango y ésta Ciudad de Puebla, con lo cual se pudiera advertir que el acto reclamado en ésta vía constitucional pudiera tener ejecución o bien, se estuviera ejecutando en el lugar donde éste Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 571/2012, sostiene que es Juez competente para conocer del juicio, aquel que tiene jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, entonces es posible sostener que si en la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión en su contra, y asegura, bajo protesta de decir verdad, que a su domicilio se han presentado autoridades judiciales con la finalidad de aprehenderlo, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve, no puede el referido juzgador desconocer su competencia, aun en el supuesto de que el quejoso en su demanda no haya hecho señalamiento de autoridades ejecutoras con residencia en ese sitio, ya que lógicamente, la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que pueda ser ejecutado en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, por ejemplo, su propio domicilio. Sostiene lo anterior la Primera Sala, porque el juzgador de amparo no puede desconocer lo manifestado por el peticionario de amparo y soslayar sus afirmaciones para sin más establecer su incompetencia, ya que tal situación podría tornar nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es hasta la audiencia constitucional que todavía se pueden desvirtuar los informes justificados de las autoridades ejecutoras que niegan el acto reclamado; empero, si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras que hacían competente al Juez de Distrito, niegan el acto a ellas atribuido, sin que el quejoso desvirtúe dicha negativa al celebrarse la audiencia constitucional en su totalidad, y tampoco en autos queda demostrada su existencia; el Tribunal de alzada que en su caso conozca del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el Juez de amparo, al advertir de oficio o a petición de parte la incompetencia sobrevenida del Juez, debe declarar la nulidad de actuaciones únicamente por lo que hace al fallo emitido por éste. Esto, a efecto de ordenar la remisión de los autos al Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, para que sea éste quien dicte la sentencia relativa, toda vez que lo actuado por el Juez de Distrito incompetente es válido hasta la audiencia constitucional, porque hasta ese momento todavía se pueden desvirtuar los informes justificados de las autoridades ejecutoras que niegan el acto reclamado. Cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 571/2012, precisó que el domicilio del quejoso no determina la competencia del Juez de Distrito, pues adoptar una postura contraria, equivaldría a dejar al arbitrio del peticionario la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, por lo que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se hace un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables; competencia que posteriormente puede cambiar. Lo anterior, dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 383, tomo I, agosto de 2013, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En ese sentido, del análisis de la demanda se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable ejecutora en ésta Ciudad de Puebla, lugar donde ejerce su jurisdicción este Juzgado de Distrito, al Director General de la Policía Ministerial del Estado, asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifestó que en su domicilio ubicado en el Estado de Puebla, se han presentado elementos de la Policía Ministerial, tanto del Estado de Durango como de Puebla, con la finalidad de privarla de su libertad. Asimismo, de las constancias que obran en autos y de las copias certificadas del proceso 46/2016 del índice de la Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta y Control del Décimo Tercer Circuito del Distrito Judicial Nombre de Dios, Durango, se advierte que el Director General de la Policía Ministerial del Estado y Procurador General de Justicia del Estado de Durango, negaron la existencia del acto que les atribuye la quejosa, mientras que la citada Juez aceptó su existencia, sin que en la especie del análisis de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado se advierta alguna que haga evidente que el acto reclamado en esta vía constitucional trató de ejecutarse, pueda tener ejecución o bien, se está ejecutando en esta Ciudad de Puebla, lugar en que se ejerce jurisdicción por parte de éste Órgano de Control Constitucional. Por lo que si bien, la impetrante de amparo tiene su domicilio en el Estado de Puebla, ello no implica que al momento de resolver el presente juicio de amparo, la suscrita Encargada del Despacho por vacaciones de la Titular, sea competente para tal efecto, en virtud de que hasta el momento de celebrarse la audiencia constitucional, la aquí quejosa no desvirtuó con medio alguno de prueba la inexistencia de los actos de ejecución atribuidos al Director General de la Policía Ministerial del Estado, de Puebla, con lo cual, pudiera otorgar competencia a éste órgano para estar en aptitud de emitir la sentencia en el presente juicio. Por lo que en el caso, se insiste, al no existir medio de prueba fehaciente o constancia alguna que acredite que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se este ejecutando en el territorio en el cual se ejerce jurisdicción, la suscrita carece de competencia para resolver el presente asunto en términos del artículo 37 de la ley de amparo. Dicho lo anterior y en virtud de que el acto reclamado emanó de una autoridad que tiene su circunscripción en el Estado de Durango, y al no advertirse oficio de colaboración entre los órganos de la Fiscalía General de ambos Estados, es dable concluir que el acto reclamado debe tener ejecución en el Estado de Durango, tan es así que el A quó en treinta y uno de agosto de dos mil quince ordenó girar oficios al Representante Social y al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Durango, para que ordenen a quien corresponda la búsqueda y captura de la aquí agraviada; empero, no se advierte constancia alguna que vincule la ejecución del acto en la jurisdicción de éste juzgado Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, carece de competencia para resolver el presente asunto, por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Este Juzgado Federal carece de competencia para resolver el juicio de amparo 2074/2015. SEGUNDO. Se ordena remitir el presente expediente, así como un anexo del mismo, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, al JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE DURANGO, por conducto de la OFICIALÍA COMÚN DE PARTES A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE DURANGO"

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