Margarita Gil San Román

Expediente 224/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
224/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Margarita Gil San Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en sus puntos resolutivos se: PRIMERO. Sobreseyó el juicio de amparo promovido por Margarita Gil San Román, por su propio derecho, en cuanto a los actos reclamados de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y SEGUNDO. Se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Margarita Gil San Román, por su propio derecho; para el efecto de que: el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del municipio de Celaya, en su defecto, la autoridad a la que corresponda cumplir el fallo proctector: 1.- calculara la tarifa más baja que corresponda y; 2.- En la inteligencia de que si el monto a pagar por el impuesto predial fuera inferior al ya liquidado por la parte quejosa, devolviera debidamente actualizada la cantidad excedente. En auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esta ciudad, allegando las constancias con las que adujo cumplir con la ejecutoria de amparo, reservándose proveer lo conducente hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada el veinticinco de mayo del año en curso. Es por lo que el catorce de julio pasado, se declaró que la sentencia antes mencionada había causado ejecutoria, por lo que se levantó la reserva respecto del cumplimiento y se acordó la comunicación oficial con la cual la autoridad responsable adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en la misma data se dio vista a las partes, apercibiéndoles que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esta ciudad, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno; se desprende: Con el oficio DIIC-2006/2023, de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, referente al impuesto predial, en el que se determinó el monto total de las contribuciones a pagar por parte de la parte quejosa, para el impuesto predial del año dos mil veintitrés, ascendía a la cantidad de $27,678.91 (veintisiete mil seiscientos setenta y ocho pesos 91/100 M.N.), a la que se le descontó a favor de la parte quejosa, el pago del primer bimestre del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, realizado el uno de marzo del año en curso, por la cantidad de $5,816.93 (cinco mil ochocientos dieciséis pesos 93/100), por lo tanto, el monto resultante fue por la cantidad de $21,861.97 (veintiún mil ochocientos sesenta y uno pesos 97/100 M.N.), a lo que se le sumó por concepto de recargos la cantidad de $137.37 (ciento treinta y siete pesos 37/100 M.N.), resultando como monto total a pagar la cantidad de $21,998.34 (veintiún mil novecientos noventa y ocho pesos 34/100 M.N.); El monto señalado se pagó el cinco de junio hogaño. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en párrafos que anteceden la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes: En el juicio principal, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y la protección de la justicia federal. En el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera conservable de conformidad con el diverso artículo 17, fracción III, inciso a), por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en sus puntos resolutivos se: PRIMERO. Sobreseyó el juicio de amparo promovido por Margarita Gil San Román, por su propio derecho, en cuanto a los actos reclamados de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y SEGUNDO. Se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Margarita Gil San Román, por su propio derecho; para el efecto de que: el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del municipio de Celaya, en su defecto, la autoridad a la que corresponda cumplir el fallo proctector: 1.- calculara la tarifa más baja que corresponda y; 2.- En la inteligencia de que si el monto a pagar por el impuesto predial fuera inferior al ya liquidado por la parte quejosa, devolviera debidamente actualizada la cantidad excedente. En auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esta ciudad, allegando las constancias con las que adujo cumplir con la ejecutoria de amparo, reservándose proveer lo conducente hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada el veinticinco de mayo del año en curso. Es por lo que el catorce de julio pasado, se declaró que la sentencia antes mencionada había causado ejecutoria, por lo que se levantó la reserva respecto del cumplimiento y se acordó la comunicación oficial con la cual la autoridad responsable adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en la misma data se dio vista a las partes, apercibiéndoles que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esta ciudad, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno; se desprende: Con el oficio DIIC-2006/2023, de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, referente al impuesto predial, en el que se determinó el monto total de las contribuciones a pagar por parte de la parte quejosa, para el impuesto predial del año dos mil veintitrés, ascendía a la cantidad de $27,678.91 (veintisiete mil seiscientos setenta y ocho pesos 91/100 M.N.), a la que se le descontó a favor de la parte quejosa, el pago del primer bimestre del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, realizado el uno de marzo del año en curso, por la cantidad de $5,816.93 (cinco mil ochocientos dieciséis pesos 93/100), por lo tanto, el monto resultante fue por la cantidad de $21,861.97 (veintiún mil ochocientos sesenta y uno pesos 97/100 M.N.), a lo que se le sumó por concepto de recargos la cantidad de $137.37 (ciento treinta y siete pesos 37/100 M.N.), resultando como monto total a pagar la cantidad de $21,998.34 (veintiún mil novecientos noventa y ocho pesos 34/100 M.N.); El monto señalado se pagó el cinco de junio hogaño. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en párrafos que anteceden la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes: En el juicio principal, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y la protección de la justicia federal. En el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera conservable de conformidad con el diverso artículo 17, fracción III, inciso a), por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido por la Delegada del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 7121/2023 con el que se le notificó la sentencia emitida en el presente asunto. Por otra parte, visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días de que disponían las partes para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en la que: a) por una parte se sobreseyó el juicio de amparo en cuanto hace a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; y b) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los artículos 4°, fracción I, inciso a), fracción II, inciso a) y fracción IV, así como el 5°, último párrafo, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato; transcurrió sin que ninguna lo haya hecho; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En otro orden de ideas, se advierte que mediante providencia de catorce de junio pasado, se reservó proveer respecto de las constancias remitidas por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio; y como esto ya aconteció, se levanta la reserva de marras, y se acuerda: Téngase a la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, remitiendo las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra constancia (acuse de recibo) de que la Legislatura del Estado de Guanajuato, haya recibido el oficio 7121/2023 del índice de este Juzgado, que se le envió para notificarle la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, y toda vez que tal información es necesaria para la debida integración del expediente; con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste vía telegráfica, la fecha en que recibió el oficio de mérito o su impedimento legal para hacerlo. Bajo apercibimiento que de no cumplir lo solicitado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con los diversos 237 y 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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