Margarita Chávez Ramírez
Expediente 345/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Margarita Chávez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por *****************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
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POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio y anexo que remite el Subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de veinticinco de abril del año en curso, allega las constancias que le fueron solicitadas. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que acompaña, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la lectura íntegra a las constancias que remitió la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: a) De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña la parte quejosa, se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama la omisión que a continuación se especifica: La omisión de la responsable (Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua), de notificar el título de concesión vigente, que sería la respuesta a las solicitudes de transmisión de derechos vía sucesoria y prórroga ingresadas el veintinueve de mayo de dos mil nueve y quince de febrero de dos mil diez, bajo los números de solicitudes 1616 y 0263. b) De acuerdo a las constancias remitidas por el Subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta localidad, se desprende que en cumplimiento a las determinaciones de treinta y uno de marzo de dos mil diez y veintitrés de junio de dos mil catorce, en los que se resolvió positiva la autorización de transmisión de derechos total vía sucesoria y prórroga de la vigencia del título de concesión ***********************, para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en respuesta a las solicitudes presentadas por la parte quejosa el veintinueve de mayo de dos mil nueve y quince de febrero de dos mil diez; se emitió el título de concesión 843627 de diez de enero del año en curso; el cual quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, el nueve de febrero de la anualidad que corre; y, el dieciocho de abril siguiente, le fue notificado a la parte quejosa dicha determinación y emisión. Por tanto, es evidente que la omisión tachada de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, que se tradujo en la omisión en dar respuesta a la las solicitudes presentadas el veintinueve de mayo de dos mil nueve y quince de febrero de dos mil diez. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
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Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran las constancias solicitadas al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, motivo por el cual no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha; en tales condiciones, se difiere la misma y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, para su celebración.
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Agréguese en autos el oficio signado por el Subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que ya se cuenta con el título de concesión número 843627, el cual se encuentra en el área de ventanilla de la Subdirección de Administración del Agua pendiente su notificación; que por tal motivo, solicita una prórroga a efecto de realizar la notificación correspondiente; en ese sentido, se acuerda: Tomando en consideración las manifestaciones que emite la responsable, se le concede el plazo de cinco días hábiles, para que remita las constancias a que se refiere el párrafo que antecede y que le fueron solicitadas en providencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós. Asimismo, hágase del conocimiento a dicha autoridad que subsiste el apercibimiento formulado en el referido proveído.
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