Margarita Flores Mejía
Expediente 455/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Margarita Flores Mejía
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de junio de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de mayo del presente año, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho, dado que no precisó si acudía a esta instancia constitucional únicamente por su propio derecho, o si lo hacía también en representación de su sobrino Pedro Yovani Peñarán Flores, ni tampoco exhibió copia certificada del documento con el cual acreditara dicha personalidad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, y se procede a proveer lo conducente únicamente respecto de la demanda presentada por Margarita Flores Mejía, por su propio derecho. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable." "(.)" De la interpretación de dicho precepto, se tiene que la improcedencia del juicio de amparo se surte cuando el acto reclamado se ha realizado en forma total con todos sus efectos; lo que genera que ya no pueda ser reparado mediante la vía constitucional. En efecto, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable a la quejosa, no podría retrotraerse en sus efectos. Ahora, a través de diversas interpretaciones que han realizado los órganos del Poder Judicial de la Federación, han establecido que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. En el primer caso, son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo que hace al segundo supuesto, son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, verbigracia, el arresto administrativo ya ejecutado, en el cual, al haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, haría físicamente imposible reintegrarle la misma, por lo que el juicio de amparo, es improcedente, al constituir un acto consumado de modo irreparable. En ese sentido, se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: La quejosa señaló como acto reclamado: ".los actos de molestia a mi persona en mi propio domicilio.". Ahora bien, de acuerdo a lo narrado por la propia quejosa en su demanda de amparo, se desprende lo siguiente: Que el veinte de mayo de dos mil quince, elementos al parecer de la Policía Ministerial se presentaron a su domicilio ubicado en Hidalgo número 431 del Poblado de urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, en busca de su sobrino Pedro Yovani Flores Peñarán. Que entraron a su domicilio sin autorización y sin mostrar orden alguna, ni oficio de investigación derivado de alguna carpeta o averiguación previa. Por tanto, es evidente que los actos de molestia en su persona y domicilio se han consumado de modo irreparable, en razón de que física y materialmente ya no puede ser restituida al estado en que se encontraba antes de la violación reclamada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley anteriormente citada, dígase a la promovente, que a fin de respetar su intimidad, que al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el primer precepto invocado se omitirán sus datos personales cuando manifieste su oposición de manera expresa, en la inteligencia de que la falta de dicha oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; asimismo, que las referidas restricciones a la difusión de las sentencias emitidas por los Órganos Jurisdiccionales no operan respecto de quién o quienes en términos de la legislación procesal aplicable estén legitimados para solicitar copias de las mencionadas sentencias.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por PEDRO YOVANI PEÑARÁN FLORES y MARGARITA FLORES MEJÍA, mediante el cual, el primero de ellos aduce comparecer a efecto de ratificar y sostener el contenido de la demanda de amparo presentada a su favor por su tía Margarita Flores Mejía; en ese sentido, se acuerda: Primeramente, debe decirse que la prevención contenida en el proveído de veinticinco de mayo del año en curso, fue para el efecto de que la promovente del amparo Margarita Flores Mejía, precisara si acudía a esta instancia constitucional únicamente por su propio derecho o si lo hacía también en representación de PEDRO YOVANI PEÑARÁN FLORES, y, en caso de hacerlo en representación de su sobrino, debía exhibir copia certificada del documento con el que acredite fehacientemente dicha calidad. Por tanto, dados los efectos de la citada prevención, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada, lo anterior es así porque a la promovente del amparo Margarita Flores Mejía, al comparecer tanto por su propio derecho, como a nombre y representación de su sobrino, tenía que acreditar que al momento de la presentación de la demanda tenía la calidad de representante de Pedro Yovani Peñarán Flores con la que se ostentó; por lo que al pretender este último ratificar la demanda y hacerla suya, no hace más que evidenciar que la promovente en realidad no tenía el carácter de su apoderada. En razón de lo anterior, debe decirse que la ratificación de la parte sobre lo actuado en juicio por quien no tiene su representación, no es un medio válido para subsanar la falta de personalidad, pues dicho presupuesto no tiene lugar tratándose de los actos llevados a cabo dentro de un procedimiento judicial, porque en este existe una relación jurídica de carácter público, pues implica el ejercicio de la función estatal de la jurisdicción, donde el incumplimiento de cualquiera de sus presupuestos impide la constitución eficaz de la relación jurídica, y uno de ellos consiste en que la parte esté debidamente representada. Ante esa situación, la falta de presupuesto no puede convalidarse con la mera voluntad de una de las partes con la pretensión de conferir mandato con efectos retroactivos dentro del juicio. Además, se estima que no es posible permitir que el promovente ratifique la demanda y la haga suya, pues de esa forma, se llegaría al extremo de que el requerimiento se desahogara por una persona que no fue la que suscribió el escrito inicial de demanda de amparo, no obstante que el objeto de la presente prevención se hizo consistir en que el suscriptor de la demanda de amparo aclarara los aspectos que por razón de su contenido resultaban irregulares para este juzgador. Estimar lo contrario, implicaría ir en contra del principio de instancia de parte que rige al presente juicio, permitiendo que una persona diversa al individuo que instó el juicio, hiciera suyo el contenido de la demanda inicial, mediante el escrito aclaratorio de la misma. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de veinticinco de mayo pasado. Ahora bien, como se pretendió cumplir con la prevención de que se trata el primer día de los cinco que le fueron otorgados a la promovente Margarita Flores Mejía, hágasele de su conocimiento que le restan cuatro más para dar cumplimiento a lo solicitado, mismo que se computarán a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.
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POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por Margarita Flores Mejía, por su propio derecho y en nombre de su sobrino Pedro Yovani Peñarán Flores, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia de Salvatierra, Guanajuato y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 455/2015-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos, se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y en caso contrario prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que obedece al imperativo 17 constitucional, así como a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal. Respecto a la personalidad en el juicio de amparo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha establecido que: Al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir a la parte quejosa, en términos del artículo 114 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no presentada. Dicho proceder independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Bajo las anteriores consideraciones, si en el caso concreto Margarita Flores Mejía, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal por su propio derecho y en representación de su sobrino Pedro Yovani Penarán Flores; empero, ningún documento adjuntó para acreditar dicho presupuesto, es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. Lo anterior, porque, como se dijo, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda. Además, que aun tratándose de un asunto en materia penal no se ubica en los supuestos de excepción establecidos en los artículos 14 y 15 de la Ley de Amparo, en virtud que Margarita Flores Mejía no asevera que tenga el carácter de defensora de Pedro Yovani Penarán Flores o apoderada legal, sino que únicamente manifiesta que es su sobrino, y el acto reclamado no es de los que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ya que se hacen consistir en las órdenes de detención y aprehensión de que pretenden hacer objeto a su sobrino Pedro Yovani Penarán Flores. Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida, con fundamento en los artículos 108, fracción I, en relación con el 114, fracciones III, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con ocho copias para correr traslado a cada una de las partes: -Precise si acude a esta instancia constitucional únicamente por su propio derecho, o lo hace también en representación de su sobrino Pedro Yovani Penarán Flores; y, en caso, de hacerlo en representación de su sobrino, deberá exhibir copia certificada del documento con el que acredite fehacientemente dicha calidad. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se acordará lo que en derecho proceda únicamente respecto de la demanda que promueve por su propio derecho. Por otra parte, téngase a la quejosa manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yesica López Morales y Miguel Carreño Sámano, por tratarse de un asunto en materia penal; a María Esther García Piña, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por así haberlo señalado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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