Margarita Escandon Gaspar
Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Margarita Escandon Gaspar
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Rodolfo Isaac Monsivais Morquecho, quien se ostenta como apoderado jurídico de Margarita Escandón Gaspar, con copias y anexo que acompaña, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 742/2021-III. Ahora bien, sin necesidad de abordar los antecedentes del acto reclamado, es pertinente precisar que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6°, todos de la Ley de Amparo, debido a que la demanda de amparo, carece de la firma de la parte promovente, a través de la cual se manifieste su voluntad de instar la presente acción constitucional. Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En el caso se tiene que la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades señaladas como responsables de llamar a juicio a la parte demanda dentro del expediente laboral 15/2021/E-5 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; toda vez que el diverso Tribunal Federal, no ha diligenciado el exhorto que le fue girado para tal efecto. Consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercer un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien reciente el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito, ante su ausencia. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo correspondiente a la directamente agraviada, que se traduzca en la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa. Como consecuencia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por el acto de autoridad. Siendo pertinente aclarar que en la especie no resulta procedente requerir a la directamente agraviada para que subsane tal circunstancia, en virtud de que dicho requisito no es de aquellos de los que prevé el artículo 108 de ese ordenamiento legal, que pueda subsanarse a través de un requerimiento, sino como ya se dijo, es la voluntad del que acude ante el órgano de control constitucional a promover en su nombre juicio de amparo; por lo tanto, dicho caso no queda comprendido dentro de las prevenciones subsanables por el primero de los numerales citados. En la inteligencia de que los actos reclamados no encuadran en el caso de excepción contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se autoriza a la parte quejosa, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, así como las notificaciones respectivas por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario "oagc901015". Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, vía electrónica a través del usuario que proporciona, teniendo autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que el presente asunto versa sobre la materia laboral, y el directamente agraviado se reputa como la parte trabajadora.
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