Margarita Garcia Trejo
Expediente 21/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 15 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Margarita Garcia Trejo
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Jonatán Chávez Castillo, quien aduce comparecer como apoderado jurídico de María Sanjuán Ramírez Torres, con copias y anexo que se acompaña; contra un acto que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 21/2021-III. Pues bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, y a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, y con tres copias de su ocurso aclaratorio, por corresponder una para la autoridad señalada como responsable, una para la parte tercero interesada que se señala y un más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Se acredite la personería con que Jonatán Chávez Castillo aduce comparecer, esto es, como apoderado jurídico de la directamente agraviada María Sanjuán Ramírez Torres. Ello, en la medida en que el aludido promovente refirió tener tal carácter reconocido ante la autoridad designada como responsable e instó la acción constitucional bajo esa hipótesis normativa; no obstante, al escrito inicial de demanda únicamente se acompañó el acuse del líbelo por el cual solicitó copias en el juicio laboral de origen; sin que al caso remitirá documento alguno en el que se le reconozca como apoderado jurídico de María Sanjuán Ramírez Torres, precisamente por la mencionada autoridad. Por ende, la presente prevención emerge a efecto de que se establezca la legitimación del aludido promovente para la interposición del presente juicio de derechos humanos, pues no obstante que se ostenta como apoderado jurídico de la directamente agraviada, es menester contar con los documentos idóneos de donde se corrobore dicha circunstancia, acorde a lo reseñado por el artículo 11 de la Ley de Amparo, y así evitar que el amparo se promueva por persona que no está facultada para ello, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, pues se verían sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Al caso, es de invocarse la jurisprudencia 23/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2009, de rubro: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De igual forma, la jurisprudencia 37/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 125, del tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, intitulada: PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. Circunstancia la anterior que deviene en una irregularidad que debe ser subsanada en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional, las partes en el juicio y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo. En apoyo a lo expuesto, cabe citar la tesis P. VII/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, página 325, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. Así como la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, marzo de 2003, intitulada: DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, en el domicilio que para tal efecto señala; sin que sea procedente tener autorizada a persona alguna para tal fin, pues su pretensión es que se les reconozca el carácter de apoderados y, como se ha visto, precisamente dicha circunstancia es la que no se encuentra acreditada.
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