Marcy Yadira Garcia Vasquez
Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Marcy Yadira Garcia Vasquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes por medio del cual acusa recibo del oficio 6311/2023 y anexos remitidos por este juzgado el dos del presente mes y año, e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que este Juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda constitucional, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 276/2023-V, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia planteada por el suscrito y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, al que acompaña 1) la determinación de veintisiete de febrero del año actual, dictada en los autos del exhorto 16/2023-IV, orden 16/2023-IV, del índice de dicho órgano, a través de la cual ordenó llevar a cabo la diligenciación del exhorto 43/2023-V, orden 54/2023-V, girado el veintisiete de febrero mes y año en el juicio de amparo en que se actúa; 2) la constancia relativa a la notificación del oficio dirigido a la autoridad responsable con sede en Aguascalientes, Aguascalientes; 3) así como la razón actuarial levantada por el actuario judicial de su adscripción, realizada a la quejosa Marcy Yadira García Vásquez y/o Mercy Yadira García Bosquez, quien se encuentra alojada en el Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, en especial la certificación que antecede, se advierte: 1. Que el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de plano en el presente asunto y se ordenó girar exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionara a personal de su adscripción para que se constituyera en la Estación Migratoria de Aguascalientes, Aguascalientes, con la finalidad de localizar a la quejosa Marcy Yadira García Vásquez. 2. Que en proveído de veintiocho de febrero siguiente, se recibió el informe de suspensión de plano rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con el cual se dio vista a las partes; asimismo se agregó la razón actuarial de la que se advirtió que al diligenciario adscrito a este juzgado no le fue posible notificar personalmente a la directamente agraviada, el proveído de veintisiete de febrero del presente año, por no encontrarse alojada en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Asimismo, en el aludido proveído se reservó acordar lo conducente hasta en tanto se tuviera respuesta del resultado de las diligencias solicitadas a través del exhorto 43/2023-V, orden 54/2023-V, girado con motivo de la localización de la directamente agraviada; circunstancia que ya fue informada a través del oficio que se agrega, el cual remite el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, por medio del cual se devuelve diligenciado el exhorto de mérito. De lo anterior se observa, particularmente de la diligencia remitida por el citado órgano jurisdiccional, en los autos del exhorto 16/2023, orden 16/2023, de su índice, que la quejosa se encuentran alojada en el Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. De todo lo cual válidamente se colige que los actos reclamados por la parte quejosa de mérito en su escrito de demanda, tuvieron ejecución en Aguascalientes, Aguascalientes. Incompetencia. Por lo antes planteado, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, considera que carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de lo expuesto en los párrafos que anteceden se obtiene que efectivamente los actos reclamados al Titular de la Estación Migratoria en Aguascalientes, Aguascalientes, tuvieron ejecución en aquella localidad (Aguascalientes, Aguascalientes) en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Reynaldo Rodríguez Arvizu a nombre de Marcy Yadira García Vásquez,. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN L DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias de los actos reclamados, requieren ejecución material y ésta se materializó en el lugar en que se encuentra detenida la directamente quejosa (Aguascalientes, Aguascalientes), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado, que en este caso es en el Estado de Aguascalientes, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. Remisión del juicio de amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito; por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos y formación de cuaderno Vista la certificación que antecede, en el sentido de que 1075/2022-I, promovido por Alejandro Omar González Tello, contra actos del Juez Segundo del Ramo Familiar y de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Ciudad de Zacatecas y otras autoridades; se tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cual celebró la audiencia constitucional correspondiente el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictando la sentencia el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró incompetente para conocer del asunto, remitiéndolo a los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el cual por razón de turno tocó del conocimiento en este órgano jurisdiccional y el expediente se encuentra en estudio para proyecto de resolución; por lo que dicho expediente se encuentra en estudio para el dictado de la sentencia respectiva; por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se informa a las partes de Secretario en funciones de Juez de Distrito En virtud de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; como consecuencia, con lo anterior dese vista a las partes, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. Lo anterior, acorde al criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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