Margarita Ballesteros Barajas
Expediente 1089/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Margarita Ballesteros Barajas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por **********; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo formulada por **********, en contra de actos del juez Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, acorde con lo dispuesto por los artículos 1, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmese expediente físico y digital y regístrese en el libro de gobierno con el número 1089/2019-IV. Improcedencia de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierten causales de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Actos reclamados. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se desprende que la promovente reclama de manera destacada lo siguiente: Auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve. El emplazamiento que fue realizado por conducto de su apoderado. Las demás actuaciones emitidas en el sumario. Todos ellos emitidos en el expediente *** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato. Antecedentes de los actos reclamados. Asimismo, de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes: 1. El nueve de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el juicio *** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual ********** demandó de **********, como albacea de la sucesión a bienes de **********, el cumplimiento de contrato de cesión de derechos a título oneroso. 2. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se emplazó a la demandada en el mencionado juicio de origen, por conducto de su apoderado **********. 3. El apoderado en comento presentó incidente de nulidad en contra del emplazamiento, el cual fue desechado; en contra de tal determinación, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, con el número de toca ***, en cuya resolución se confirmó el auto recurrido, en razón de que la demanda en el juicio de origen había sido contestada por el apoderado. 4. El juicio génesis del presente asunto actualmente se encuentra en trámite, lo que se evidencia de la narración de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, proporcionados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, en los que indicó que aún se encuentra pendiente por desahogar la prueba de inspección judicial en su domicilio, para lo cual en auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, la juez responsable autorizó el rompimiento de cerraduras y el uso de cerrajero. Violaciones procesales. En esa medida, habrá de resaltarse que en relación con los actos reclamados descritos en los incisos a), c) y d), del apartado correspondiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En tal virtud, dichos actos no pueden ser estimados como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados descritos no pueden estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulneran ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. De ahí que, los actos reclamados de referencia atañen a cuestiones de trámite, lo que versa sobre un tema de índole formal o adjetivo, y no lesionan derechos sustantivos de la parte quejosa, para llegar a ser calificados como actos de imposible reparación. En ese sentido, las violaciones de que se trata, por regla general, son reclamables en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo , por no ser actos que traigan aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afectan derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Bajo ese contexto, es inconcuso que lo reclamado ante esta potestad federal, descritos en los incisos a), c) y d), del apartado relativo, constituye cuestiones de derecho procesal que no generan afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que con los mismos no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos del promovente, dado que antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia que se dictara a favor de la agraviada podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra de la afectada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa y, en su caso, por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en MATERIA CIVIL de la Décima Época, de rubro y texto: DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida Aunado a lo anterior, debe destacarse que los actos reclamados aludidos constituyen violaciones procesales reclamables en amparo directo, en términos del artículo 172, fracciones I, III y V de la Ley de Amparo Definitividad. Por otra parte, en relación con el acto reclamado consistente en el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente *** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual la autoridad responsable autorizó el rompimiento de cerraduras y el uso de cerrajero, para el desahogo de la prueba de inspección judicial -descrito en el inciso b) del apartado relativo del presente proveído- se evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se estima que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El citado precepto legal establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El principio de definitividad consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la unión. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Como se precisó, el acto reclamado es el proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable autorizó el rompimiento de cerraduras y el uso de cerrajero en el domicilio de la parte quejosa, para desahogar la prueba de inspección judicial. Dicho acto es susceptible de impugnarse por un medio ordinario de defensa, pues el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, prevé un recurso con el cual puede modificarse, revocarse o anularse sus efectos. En efecto, en contra de la citada determinación procede el recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, numeral que establece lo siguiente: Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Como se advierte de lo anterior, el recurso de revocación procede en contra de todos los autos inapelables y para su conocimiento es competente el mismo juez que emitió el proveído recurrido. El trámite de dicho medio de defensa se encuentra previsto en los artículos 233 y 234 del citado ordenamiento legal, los cuales establecen: Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. De los numerales trascritos, en lo que interesa, se evidencia que el recurso de revocación debe interponerse dentro de los tres días siguientes, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado, que deben expresarse los agravios respectivos, con dicho ocurso se dará vista a las partes por el término de tres días y transcurrido dicho plazo, el juez resolverá dentro del tercer día. En tal virtud, las personas tienen a su alcance un medio ordinario de defensa en contra de todos los actos emitidos por un juez, respecto de los cuales no proceda el recurso de apelación, por lo que, previamente a acudir al juicio de amparo, se deberá agotar el recurso de revocación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio. Aunado a que no se actualiza alguna de las excepciones que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento o alguno prohibido por el artículo 22 constitucional, tampoco se trata de un acto que restrinja la libertad en el procedimiento penal ni el amparo es pedido por un tercero extraño a juicio. Finalmente, se estima que la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se observa que el texto legal que prevé el recurso de revocación no es confuso y tampoco permite razonablemente distintas interpretaciones, ni utiliza términos ambiguos o que exista alguna laguna legal que deba ser integrada. De ahí que, al no operar las excepciones de la ley, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado de que se trata. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no interponer los procedentes, contra la resoluciones dictadas en un juicio, hace improcedente el amparo contra las mismas. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis 2. LXIX/2013 (10a.), publicada en julio de dos mil trece, visible en el libro XXII, tomo 1, página 1115, de rubro y texto siguiente: INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. NO LO VULNERA EL ROMPIMIENTO DE CERRADURAS EN LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, REGULADO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 951 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La citada fracción, al establecer que en esa diligencia el actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública para romper las cerraduras del local donde deba entenderse aquélla, no vulnera el principio de inviolabilidad del domicilio contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha figura es una medida de apremio prevista en la Ley Federal del Trabajo, en función de la resistencia a obedecer un mandato jurisdiccional consistente en el cumplimiento de una condena derivada de un laudo, esto es, para el supuesto de que la parte condenada por un laudo arbitral se resista o entorpezca la diligencia de pago o embargo decretada en su contra. Lo anterior responde a que el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales es de orden público y, por tanto, el rompimiento de cerraduras es un medio para lograr el pago de una condena de manera eficaz e inmediata, protegiendo así el derecho de quien gestione a su favor el cumplimiento del laudo condenatorio, a que se le imparta justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional. Conclusión. Por tanto, en el particular al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación; así como un acto diverso en contra del cual procede el recurso de revocación, el cual no se agotó previo a acudir al juicio de amparo; es inconcuso que se actualizan en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia siguientes: la que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia; así como la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal; consecuentemente, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. Atento a que la promovente señaló para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con fundamento en lo previsto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se ordena realizar esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que indica en su escrito tiene facultades para ejercer la profesión de licenciada en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tiene como autorizada en términos restringidos del citado numeral a **********, lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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