Marcos Ivan Torres Cornejo
Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marcos Ivan Torres Cornejo
Actuaciones
- Principal
Firmeza de la resolución. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diecisiete de agosto de la presente anualidad, en el que este juzgado tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, dado que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención ahí formulada, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de que se trata. Háganse las anotaciones de ley en el libro y sistema respectivos.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por *************; en contra de actos del magistrado supernumerario de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otras autoridades. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 534/2021-IV. Prevención. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108 y 114 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Precise qué actos en concreto reclama de las autoridades señaladas como responsables. Dicho requerimiento se formula, en razón de que en el capítulo correspondiente el quejoso se duele de lo siguiente: Del director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Salamanca, Guanajuato reclama el ilegal traslado y la omisión de notificar a la autoridad judicial para que realice la calificativa correspondiente del traslado. Del Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato con sede en Salvatierra y apoyo Cortazar, la ilegal calificativa del citado traslado. Del magistrado supernumerario de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato reclama la resolución de treinta y uno (SIC) de junio de dos mil veintiuno, la cual refiere le fue notificada a mediados de junio de ese año. En ese sentido, es necesario que el promovente del amparo precise qué actos en concreto reclama de cada una de las autoridades. Es así, pues, en primer lugar, combate en esta instancia constitucional la omisión por parte del director del Centro Penitenciario de notificar a la autoridad judicial para que esta califique el traslado; sin embargo, en el punto siguiente, señala como diverso acto reclamado la calificativa por parte del juez de Control. En segundo lugar, reclama la determinación asumida el treinta y uno (SIC) de junio de dos mil veintiuno y refiere que esa resolución le fue notificada a mediados de junio de ese año. Lo anterior pone de manifiesto que en la demanda de cuenta no se precisaron de forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, lo que resulta necesario para fijar la litis en el presente asunto, en términos de lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el promovente deberá cumplir cabalmente con la prevención de que se trata, por lo que tendrá que indicar el acto o actos en concreto que reclama en la presente instancia Señale la fecha exacta en que fue notificado de la resolución que reclama del magistrado supernumerario de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Ello, en atención a que, si bien señala fue a mediados de junio de esta anualidad, lo cierto es que no precisa de forma clara y precisa cuando fue notificado de esa determinación. Cuestiones que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio quejoso, no así por las personas que autoriza, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, Novena É, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, en la medida de lo posible, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para traslado a las partes; en la proporción descrita en el artículo 110 de la ley de la materia, esto es, dos para las autoridades responsables, una para la tercera interesada, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y dos para el incidente de suspensión, en su caso. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Atento a que la parte quejosa señaló los estrados para recibir notificaciones, se ordena que, aun las de carácter personal, se le realicen mediante la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado. Y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que la cédula profesional de dicho autorizado se encuentra registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del mencionado precepto legal a la diversa persona que refiere por no estar en tal supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de realizar notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.
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