Margarita Cornejo Decena
Expediente 558/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Margarita Cornejo Decena
Actuaciones
- Principal
Firmeza de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo hubiese realizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que causó estado esa resolución. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Documentos a disposición. Por otra parte, se dejan a disposición de la quejosa las documentales y discos versátiles digitales que anexó a la demanda de amparo; apercibida que de no comparecer, correrán la misma suerte que el expediente principal, esto es, serán destruidas. En el entendido de que habrá de gestionar una cita para tal fin, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de trece de junio de dos mil veintidós, que establece: "Firmeza de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo hubiese realizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que causó estado esa resolución. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Documentos a disposición. Por otra parte, se dejan a disposición de la quejosa las documentales y discos versátiles digitales que anexó a la demanda de amparo; apercibida que de no comparecer, correrán la misma suerte que el expediente principal, esto es, serán destruidas. En el entendido de que habrá de gestionar una cita para tal fin, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal"
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, que establece: "Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo signada por ***********, en contra de actos de la Jueza de Oralidad Familiar de esta ciudad; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 5, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 558/2022-1. Análisis de la demanda. Del análisis integral de la demanda se advierte la parte quejosa reclama que la autoridad responsable negó la designación de Ricardo Chávez Barbosa, como su mandatario judicial, en audiencia de incidente de incumplimiento de convenio verificada en el expediente F2640/2021. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, por las siguientes razones: De lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo y de las constancias que exhibió relativas al juicio oral ordinario F2640/2021, se observa lo siguiente: El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la aquí quejosa presentó demanda por pérdida de la patria potestad y convivencias del menor de edad de iniciales ASGC, contra Agustín Gaytán Fragoso. El siete de enero de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia preliminar, mediante la cual las partes celebraron convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada y se dio por finalizado el procedimiento. El veintinueve de marzo del año en curso, Agustín Gaytán Fragoso -contraparte de la quejosa en el juicio de origen- promovió incidente de incumplimiento de convenio, para reanudar las convivencias con su menor hijo ASGC. Seguido el procedimiento, la audiencia incidental relativa al incumplimiento de convenio tuvo lugar el nueve de mayo de dos mil veintidós, en la cual aconteció lo siguiente: 1) La hoy quejosa ratificó un mandato judicial otorgado a Ricardo Chávez Barbosa, para que la represente en el juicio natural; 2) La responsable negó tal designación, al argumentar que existía conflicto de intereses, debido a que el nombrado fue ofrecido como testigo en la demanda inicial, es esposo de la actora y el menor de edad se dirige a él como su papá; 3) Suspendió la continuación de la audiencia; 4) Otorgó a la solicitante del amparo un término de tres días para que designe un abogado que la pueda asesorar; y 5) Se señalaron las diez horas con treinta minutos del treinta de mayo del año en curso, para el desahogo de esa audiencia. Esta resolución constituye el acto reclamado. Bajo ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado lo constituye que la autoridad responsable negó la designación de Ricardo Chávez Barbosa, como mandatario judicial de la quejosa, en audiencia de incidente de incumplimiento de convenio verificada en el expediente F2640/2021; el cual, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Al respecto, es necesario aclarar que el acto reclamado fue emitido dentro del contexto de un incidente de ejecución de convenio, promovido por Agustín Gaytán Fragoso, el cual se encuentra en trámite y no se ha dictado sentencia interlocutoria. Estas consideraciones son aplicables, por analogía, a los procedimientos incidentales, puesto que el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. Por tanto, para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, es necesario esperar a que se pronuncie la interlocutoria correspondiente, en contra de esta resolución final, previo agotamiento de los medios ordinarios de defensa, podrá promoverse el juicio de amparo indirecto, en donde podrán impugnarse -vía conceptos de violación- las violaciones procesales ahí acontecidas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IX.1o. J/22 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 163233, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 2859, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior, es válido afirmar que el acto reclamado en esta vía constitucional, no es de aquellos que puedan considerarse como de imposible reparación, en virtud que de ninguna manera afecta inmediata ni directamente derechos humanos de la parte disconforme que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, sino únicamente le producen una afectación de carácter procesal, que de trascender desfavorablemente a la parte quejosa, en la resolución que en su oportunidad se dicte en el incidente de referencia -previo agotamiento del recurso ordinario- es reclamable a través del juicio de amparo indirecto. Máxime que en la audiencia en la que fue emitido el acto impugnado, la autoridad responsable otorgó a la solicitante del amparo un término de tres días para que designe un abogado que la pueda asesorar, por lo que de modo alguno se advierte que se afecte el derecho de defensa de la misma, pues tiene la oportunidad de designar un profesionista que la represente, incluso el asesor de oficio que esté adscrito a ese juzgado de primera instancia. En ese sentido, se estima que el acto reclamado constituye una violación intraprocesal, que no amerita desde luego su análisis en el amparo indirecto, debido a que, lo reclamado no causa perjuicio inmediato y directo de carácter irreparable a la parte solicitante de amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente al reclamarse actos que no son considerados como de imposible reparación al no producir una afectación material y directa a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales, sino que trasgreden derechos de naturaleza formal, procesal o adjetiva respecto de los que no se justifica la intervención inmediata del órgano de control constitucional en la vía indirecta. Es orientadora al respecto, por las consideraciones que ahí se exponen, la tesis aislada XXVII.3o.79 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, con número de registro digital 2010058, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo III, que establece: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA LABORAL. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE ES UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación; concepto que refiere a aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos. En esta virtud, son dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: a) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De ello se colige que la nueva normativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios para que se decidan los derechos en conflicto, al eliminar la posibilidad de que las partes incurran en estrategias dilatorias en aras de un pronunciamiento federal sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando lo cierto es que las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo los derechos en litigio. De ahí que el "incidente de falsedad de firma de la demanda laboral", constituye un acto dentro de juicio que no afecta derecho sustantivo alguno. Lo anterior, porque el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, entendiéndose por éstos los que no pueden ser reparados en sentencia definitiva, pues el desechamiento de una incidencia promovida ante la responsable para demostrar que la firma que calza la demanda no es auténtica, corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite del juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, que de infringirse, la sentencia definitiva que se dicte en favor del agraviado podrá tener como efecto la restitución de éstos; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, podrán reclamarse en amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 171 de la ley de la materia." En tal virtud, al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción V, con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que conforme al numeral 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ************ número *********, fraccionamiento ************* de esta ciudad. Se autoriza para consultar el presente expediente, por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "licdanilflores", matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Instrúyase a la Oficial Judicial "A" de este juzgado, para que habilite el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o dato proporcionado no se encuentra en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Autorizados. De igual modo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Chávez Barbosa y Daniel Flores Chávez, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscritas sus respectivas cédulas profesionales federales en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Señalamiento de correo electrónico. Por otra parte, respecto del correo electrónico que señala, a saber, licdanielflores@hotmail.com, dígasele que se toma nota del mismo para entablar comunicación no procesal en caso de que este Tribunal lo estime necesario. Fórmese tomo de pruebas. Con el legajo de copias certificadas que agregó la quejosa a su demanda de amparo, fórmese un tomo de pruebas, que se llevará por separado de los presentes autos. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Juicio en línea Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19., se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente."
- Principal
Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo signada por ***********, en contra de actos de la Jueza de Oralidad Familiar de esta ciudad; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 5, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 558/2022-1. Análisis de la demanda. Del análisis integral de la demanda se advierte la parte quejosa reclama que la autoridad responsable negó la designación de Ricardo Chávez Barbosa, como su mandatario judicial, en audiencia de incidente de incumplimiento de convenio verificada en el expediente F2640/2021. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, por las siguientes razones: De lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo y de las constancias que exhibió relativas al juicio oral ordinario F2640/2021, se observa lo siguiente: El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la aquí quejosa presentó demanda por pérdida de la patria potestad y convivencias del menor de edad de iniciales ASGC, contra Agustín Gaytán Fragoso. El siete de enero de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia preliminar, mediante la cual las partes celebraron convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada y se dio por finalizado el procedimiento. El veintinueve de marzo del año en curso, Agustín Gaytán Fragoso -contraparte de la quejosa en el juicio de origen- promovió incidente de incumplimiento de convenio, para reanudar las convivencias con su menor hijo ASGC. Seguido el procedimiento, la audiencia incidental relativa al incumplimiento de convenio tuvo lugar el nueve de mayo de dos mil veintidós, en la cual aconteció lo siguiente: 1) La hoy quejosa ratificó un mandato judicial otorgado a Ricardo Chávez Barbosa, para que la represente en el juicio natural; 2) La responsable negó tal designación, al argumentar que existía conflicto de intereses, debido a que el nombrado fue ofrecido como testigo en la demanda inicial, es esposo de la actora y el menor de edad se dirige a él como su papá; 3) Suspendió la continuación de la audiencia; 4) Otorgó a la solicitante del amparo un término de tres días para que designe un abogado que la pueda asesorar; y 5) Se señalaron las diez horas con treinta minutos del treinta de mayo del año en curso, para el desahogo de esa audiencia. Esta resolución constituye el acto reclamado. Bajo ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado lo constituye que la autoridad responsable negó la designación de Ricardo Chávez Barbosa, como mandatario judicial de la quejosa, en audiencia de incidente de incumplimiento de convenio verificada en el expediente F2640/2021; el cual, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Al respecto, es necesario aclarar que el acto reclamado fue emitido dentro del contexto de un incidente de ejecución de convenio, promovido por Agustín Gaytán Fragoso, el cual se encuentra en trámite y no se ha dictado sentencia interlocutoria. Estas consideraciones son aplicables, por analogía, a los procedimientos incidentales, puesto que el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. Por tanto, para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, es necesario esperar a que se pronuncie la interlocutoria correspondiente, en contra de esta resolución final, previo agotamiento de los medios ordinarios de defensa, podrá promoverse el juicio de amparo indirecto, en donde podrán impugnarse -vía conceptos de violación- las violaciones procesales ahí acontecidas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IX.1o. J/22 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 163233, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 2859, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior, es válido afirmar que el acto reclamado en esta vía constitucional, no es de aquellos que puedan considerarse como de imposible reparación, en virtud que de ninguna manera afecta inmediata ni directamente derechos humanos de la parte disconforme que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, sino únicamente le producen una afectación de carácter procesal, que de trascender desfavorablemente a la parte quejosa, en la resolución que en su oportunidad se dicte en el incidente de referencia -previo agotamiento del recurso ordinario- es reclamable a través del juicio de amparo indirecto. Máxime que en la audiencia en la que fue emitido el acto impugnado, la autoridad responsable otorgó a la solicitante del amparo un término de tres días para que designe un abogado que la pueda asesorar, por lo que de modo alguno se advierte que se afecte el derecho de defensa de la misma, pues tiene la oportunidad de designar un profesionista que la represente, incluso el asesor de oficio que esté adscrito a ese juzgado de primera instancia. En ese sentido, se estima que el acto reclamado constituye una violación intraprocesal, que no amerita desde luego su análisis en el amparo indirecto, debido a que, lo reclamado no causa perjuicio inmediato y directo de carácter irreparable a la parte solicitante de amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente al reclamarse actos que no son considerados como de imposible reparación al no producir una afectación material y directa a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales, sino que trasgreden derechos de naturaleza formal, procesal o adjetiva respecto de los que no se justifica la intervención inmediata del órgano de control constitucional en la vía indirecta. Es orientadora al respecto, por las consideraciones que ahí se exponen, la tesis aislada XXVII.3o.79 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, con número de registro digital 2010058, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo III, que establece: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA LABORAL. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE ES UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación; concepto que refiere a aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos. En esta virtud, son dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: a) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De ello se colige que la nueva normativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios para que se decidan los derechos en conflicto, al eliminar la posibilidad de que las partes incurran en estrategias dilatorias en aras de un pronunciamiento federal sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando lo cierto es que las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo los derechos en litigio. De ahí que el "incidente de falsedad de firma de la demanda laboral", constituye un acto dentro de juicio que no afecta derecho sustantivo alguno. Lo anterior, porque el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, entendiéndose por éstos los que no pueden ser reparados en sentencia definitiva, pues el desechamiento de una incidencia promovida ante la responsable para demostrar que la firma que calza la demanda no es auténtica, corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite del juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, que de infringirse, la sentencia definitiva que se dicte en favor del agraviado podrá tener como efecto la restitución de éstos; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, podrán reclamarse en amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 171 de la ley de la materia." En tal virtud, al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción V, con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que conforme al numeral 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ************ número *********, fraccionamiento ************* de esta ciudad. Se autoriza para consultar el presente expediente, por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "licdanilflores", matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Instrúyase a la Oficial Judicial "A" de este juzgado, para que habilite el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o dato proporcionado no se encuentra en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Autorizados. De igual modo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Chávez Barbosa y Daniel Flores Chávez, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscritas sus respectivas cédulas profesionales federales en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Señalamiento de correo electrónico. Por otra parte, respecto del correo electrónico que señala, a saber, licdanielflores@hotmail.com, dígasele que se toma nota del mismo para entablar comunicación no procesal en caso de que este Tribunal lo estime necesario. Fórmese tomo de pruebas. Con el legajo de copias certificadas que agregó la quejosa a su demanda de amparo, fórmese un tomo de pruebas, que se llevará por separado de los presentes autos. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Juicio en línea Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19., se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Marcos Leandro Aguado Serrano521/2020
- Marcos Marcelo Contreras Medina1044/2018
- Marcos Rodríguez Arellano275/2015
- Margarita Aguado García322/2021
- Margarita Ballesteros Barajas1089/2019
- Margarita Cervantes Solís911/2017
- Margarita Flores Soto709/2017
- Margarita García Bautista967/2014
- Margarita González Sixtos1010/2016
- Margarita González Sixtos958/2018
- Margarita Granados Ortiz428/2018
- Margarita Grimaldo Lino1041/2019