Marco Felipe Medina Ramírez

Expediente 75/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
75/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Marco Felipe Medina Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Marco Felipe Medina Ramírez, contra actos del Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados y de otras autoridades, con tres copias que acompaña, que estima violatorio en su perjuicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 75/2021-VII. Ahora bien, analizada la demanda de garantías de que se trata, se advierte que en el escrito que se presenta como original, en virtud de tener éste los sellos de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, en el Estado de San Luis Potosí y el diverso sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, se advierte que no obra la firma autógrafa del quejoso Marco Felipe Medina Ramírez, sino únicamente su huella dactilar y ninguna firma a su ruego de persona diversa, que patentice la voluntad de la parte quejosa de instar esta instancia federal. Ello es así y al respecto cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento al invocado precepto legal, debe decirse que en la especie se surte una causa notoria que hace improcedente el juicio de garantías de que se trata. En esa medida, se considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º fracción I y 6º de la propia Legislación. Así, de conformidad con los preceptos legales de referencia, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. Por tanto, atendiendo a que del escrito que se presenta como original de demanda, en virtud de que como se dijo, tiene los sellos de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, en el Estado de San Luis Potosí y el diverso sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, se advierte que no obra la firma autógrafa del quejoso Marco Felipe Medina Ramírez, sino únicamente su huella dactilar y ninguna firma a su ruego de persona diversa, por ello, es evidente que no se patentiza la voluntad del quejoso de promover el juicio de garantías de que se trata. Lo anterior se sostiene, pues ambos requisitos, en tratándose de la carencia de la firma autógrafa, esto es, la impresión de la huella dactilar y la firma a ruego de la agraviada, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o en caso de no saberlo hacer, a través de la impresión de la huella digital, con testigo que firme a su ruego; por lo que ante la ausencia de la firma a ruego, no hay forma de determinar con precisión si fue voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el escrito, de signar el ocurso en comento. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º fracción I y 6º de la propia Legislación, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo 113 de la ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de garantías de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión al quejoso, ya que en el caso concreto se reclama una omisión de actuar por parte de la autoridad responsable, por lo que es evidente que está en aptitud de interponer diversa demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Roberto Gómez Maravilla, Ángel de Jesús Ortega, Saúl Vázquez Tovar, Mayra Anel Rincón Arvizu, Andrea Flores Salmerón, Avelicia Bañares Rosete, María de Jesús Anguiano Esteban y Felipe Salvador Álvarez Jaimes, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.

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