Marcos Fabián Medina Martínez
Expediente 1030/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcos Fabián Medina Martínez
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil diecinueve. CUMPLE PREVENCION. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Marcos Fabián Medina Martínez, en contra del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, y otra autoridad. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables, el emplazamiento practicado en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 586/2019, del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de garantías, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora, es necesario hacer énfasis que la parte quejosa se duele del emplazamiento que se le practicó dentro del Expediente Ejecutivo Mercantil 586/2019 y como consecuencia todo lo actuado. Por una parte, tales actos reclamados no tienen el carácter de definitivos, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo. Por otra parte, del escrito de demanda se advierte que al quejoso le enviste la figura de demandado; hecho, de cual tuvo conocimiento el mismo, con el citatorio que se dejó en la primera búsqueda en el domicilio particular para requerirlo del pago reclamado por la parte actora, en el juicio de origen, además, con su comparecencia donde solicitó copias de dicho controvertido, por lo que perdió el carácter de persona extraña, ya que por ellos, puede imponerse de los autos y así poder defenderse. Máxime, atendiendo a las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que se le emplazó y no se llevó a cabo embargo de bienes, al igual que la manifestación bajo protesta de decir verdad plasmada en el escrito de cuenta, resulta indudable que no existe sentencia definitiva en el juicio natural, por lo que se encuentra en aptitud de comparecer y hacer valer lo que a sus intereses legales convenga; esto es, someterse a la relación procesal, interponer los recursos y hacer valer las excepciones correspondientes. Sustenta lo expuesto, por las razones jurídicas que expone la jurisprudencia 47/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, libro V, febrero de dos mil doce, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquel tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Por lo que al figurar como demandado en ese procedimiento, estaba obligado a agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación o revocación del acto reclamado, previamente al juicio constitucional. Asimismo, la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido, no es inmediata, sino que está sujeta a que la parte quejosa comparezca a someterse al procedimiento del juicio natural y esté en posibilidad de que la resolución definitiva le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Por tanto, es procedente traer a contexto lo que establece el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio por disposición expresa de su numeral 1063 y 1414, el peticionario de amparo previo a promover el presente juicio de garantías, debió haber combatido oportunamente dicha diligencia (emplazamiento) mediante el incidente de nulidad ahí previsto. Máxime que como se había señalado, el aquí quejoso es parte del juicio natural y a la fecha no se ha emitido la sentencia correspondiente, por tanto, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el principio de definitividad aludido. Como sustento de lo anterior, se cita la Jurisprudencia 40/2001 que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81 del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.". Así mismo, se cita como apoyo la tesis que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en la página 2674 del Tomo XXVI, Julio de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DEL ILEGAL O DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO A JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, NO TIENE ESE CARÁCTER Y, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).". Como sustento a lo anterior, también se invoca por las razones que la conforman, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2430 del Tomo XXII, Octubre de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA." Por ello, la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar dicho medio de impugnación, pues a través del mismo puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve que dice: Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1030/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda promovida por Marcos Fabián Medina Martínez, en contra del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, y otra autoridad, previo a proveer sobre su procedencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: Bajo protesta de decir verdad, manifieste si en el controvertido de origen ya se dictó sentencia definitiva; información que, al ser parte en dicha contienda, incluso al haber comparecido a solicitar copias de los autos, puede brindarla a este órgano jurisdiccional. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo solicitado se tendrá por no presentada la demanda. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por el quejoso o su apoderado, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Se hace saber a la parte promovente de los delitos en que incurre LA PARTE QUEJOSA cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si la parte quejosa incurre en falsedad, la hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala en su libelo constitucional, por así haberlo solicitado expresamente. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1030/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda promovida por Marcos Fabián Medina Martínez, en contra del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, y otra autoridad, previo a proveer sobre su procedencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: Bajo protesta de decir verdad, manifieste si en el controvertido de origen ya se dictó sentencia definitiva; información que, al ser parte en dicha contienda, incluso al haber comparecido a solicitar copias de los autos, puede brindarla a este órgano jurisdiccional. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo solicitado se tendrá por no presentada la demanda. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por el quejoso o su apoderado, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Se hace saber a la parte promovente de los delitos en que incurre LA PARTE QUEJOSA cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si la parte quejosa incurre en falsedad, la hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala en su libelo constitucional, por así haberlo solicitado expresamente. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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