Marcos Castro López

Expediente 1291/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1291/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Marcos Castro López
  • Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. 1. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo 1291/2022 promovida por Marcos Castro López, registrándola bajo el número 1332/2022, de su índice. 2. Orden de archivo. En consecuencia, atendiendo a la determinación adoptada por el órgano jurisdiccional de que se trata, se ordena el archivo de este expediente, por lo que deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con los artículos 13, 20, fracción I, inciso a) y 21, inciso j), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de seis meses de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno de antecedentes, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Se remiten constancias al Juez del conocimiento. Por otra parte, téngase por recibido el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como el oficio enviado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento, toda vez que el Juzgado Cuarto de Distrito, aceptó el conocimiento del juicio del que deriva este cuaderno de antecedentes; por tanto, previa copia que se deje en este cuaderno del pedimento y oficio de cuenta, remítanse a dicho órgano judicial a fin de que provea en cuanto a su contenido lo que corresponda; acompañando al último de los comunicados cuatro tomos de pruebas. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

  2. Incidental

    La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, la secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO INFORMES PREVIOS En este momento, la secretaria hace constar que no se recibió el informe previo de la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no obstante estar notificada del oficio 34288/2022, desde el veinticinco de noviembre pasado, como se corrobora con el acuse de recibo respectivo. Se da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad.Ante la falta de informe previo de la autoridad omisa en rendirlo, provéase lo conducente en la resolución correspondiente. Téngase por hecha la relación de las constancias y de los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables. PRUEBASSe hace constar que la parte quejosa ofertó las pruebas que estimó conducentes.Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS Se da cuenta que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el juez procede a emitir la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo Marcos Castro López, por propio derecho, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La orden de cancelación del registro existente en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del comercio en el Estado, de la inscripción de la propiedad a favor del quejoso Marcos Castro López, inscrita bajo el Tomo 16989, registro número 22, del libro de propiedad correspondiente al distrito de Morelia; en la que se hizo constar el contrato de cesión de derechos respecto del lote número 18 de la manzana "M" actualmente con casa habitación, en la calle Nogal número 150, fraccionamiento Jardines del Rincón, de esta ciudad. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado. La cancelación del registro existente respecto a la inscripción de la propiedad, bajo el Tomo 16989, registro número 22, del libro de derechos a favor del suscrito. Director de Catastro del Estado. La cancelación del registro existente respecto del inmueble consistente en lote número 18, manzana "M", actualmente con casa habitación, en la calle Nogal número 150, fraccionamiento Jardines del Rincón, de esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Ahora bien, de autos se desprende que la autoridad responsable Director del Registro Público de Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, con sede en esta capital, fue omisa en rendir su informe previo, pese a que fue debidamente notificada desde el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por lo que en términos del artículo 142 de la Ley de la Materia se presume cierto el acto reclamado. CUARTO. Interés suspensional. Queda acreditado el interés suspensional de la parte quejosa, con la copia cotejada de contrato de donación pura y simple a título gratuito con reserva de usufructo vitalicio, respecto del inmueble marcado con número de lote 18, manzana "M", fraccionamiento Jardines del Rincón, de esta ciudad. QUINTO. Procedencia de la suspensión definitiva. En atención a que se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada, los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos, con su concesiva no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, y de negarse se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Así, al encontrarse colmados los requisitos para la procedencia de la suspensión solicitada por la parte promovente, conviene señalar que el artículo 150 de la Ley de la Materia señala: "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso". Es decir, el numeral transcrito permite advertir que, en los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá de forma tal que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse la resolución formal en él; en consecuencia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran, esto es, para que cese todo acto tendente a afectar en forma temporal o definitiva la posesión que ostenta la parte quejosa respecto del inmueble ubicado en el lote número 18 de la manzana "M" actualmente con casa habitación, en la calle Nogal número 150, fraccionamiento Jardines del Rincón, de esta ciudad. Sin que con dicha concesión impida el curso del juicio, o en su caso, del procedimiento, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal. En el entendido que el otorgamiento de la medida cautelar no tiene por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda, en términos del segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo. Requisitos de efectividad de la medida cautelar. Esta medida cautelar surte sus efectos desde este momento, hasta que la responsable reciba notificación sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal; pero será revocada en su momento, si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: Garantía. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga garantía dentro del plazo de cinco días ante este juzgado, en cualquiera de las formas previstas por la Ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el cual deberá aparecer como depositante el quejoso, de conformidad con los artículos 132 y 190, segundo párrafo de la Ley de Amparo, fijándose la cantidad de $45,736.96 (cuarenta y cinco mil setecientos treinta y seis pesos 96/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios que con tal medida se puedan ocasionar a la tercera interesada en caso de que el juicio fuera resuelto desfavorablemente a los intereses de la parte quejosa, lo que deberá realizar en cualquiera de las formas legales, las cuales pueden ser: Billete de depósito. Que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Créditos, Institución de Banca de Desarrollo, lo anterior siguiendo los requisitos que establecen los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; o Póliza de fianza. En este caso, la institución correspondiente deberá expedirla "ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y a favor de la Tesorería de la Federación", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas y 322 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Conceptos que integran la garantía impuesta. La garantía impuesta en el presente asunto, como ya se dijo, está integrada por la suma de dos conceptos: a) daños y b) perjuicios, ya que, por una parte, se debe resarcir el valor de la moneda, puesto que va perdiendo valor adquisitivo y, por otra, debe restituirse el ingreso lícito que hubiera podido obtener el tercero interesado si hubiese dispuesto de la prestación pecuniaria en cuestión. a) El concepto de daños, debe entenderse como la pérdida o menoscabo que le acarrea al tercero interesado, no disponer desde el momento en que se concede la suspensión y mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde. Dicho concepto, se calcular atendiendo la alteración que sufre el dinero durante el lapso que dure la suspensión decretada en juicio de amparo. Para ello, se acude a los indicadores que publica el Banco de México en materia de inflación, ya que es a través de tal procedimiento que se conoce la variación en la moneda. El indicador que se estima adecuado para calcular dicha alteración es el "Índice Nacional de Precios al Consumidor" (INPC), por medio del cual se mide el fenómeno que se conoce como inflación, lo que refleja de manera sencilla y práctica la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el simple transcurso del tiempo. b) Por su parte, el concepto de los perjuicios puede definirse como la privación de las ganancias lícitas que obtendría el tercero interesado de tener bajo su dominio, durante el tiempo que dure el juicio de amparo, la respectiva prestación pecuniaria, equivalente al rendimiento que en el mismo produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado de dinero. En ese sentido, el indicador que refleja claramente el rendimiento que pudo originar la cantidad que se dejó de percibir, según las condiciones del mercado, es la "Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio" (TIIE), ya que permite conocer el monto que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". Determinado lo anterior, se colige que para calcular la garantía impuesta, incluyendo los conceptos de daños y perjuicios, requerimos de tres variables, a saber: Una cantidad líquida [a que se contrae la ejecución del acto reclamado]; Un indicador que sirva como referente para calcular tanto el menoscabo que acarrea al tercero interesado no contar con la suma que le corresponde [daños] como la pérdida de las ganancias lícitas que de tal suma hubiese obtenido [perjuicio]; y, Tiempo [duración del juicio de amparo]. Tomando en consideración lo expuesto, la cantidad que se obtiene del importe resultante de los daños y perjuicios, se ilustra en la tabla siguiente: Así, como se aprecia, los conceptos de daños y perjuicios se calculan multiplicando sus indicadores respectivos [Índice Nacional de Precios al Consumidor respecto de los daños y Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio por lo que ve a los perjuicios] por la cantidad líquida que se obtiene del acto reclamado, cuyo resultado se divide entre doce meses y éste, a su vez, se multiplica por el plazo estimado para la tramitación del juicio de amparo. Finalmente, una vez obtenidas las cantidades correspondientes a cada uno de los conceptos (daños y perjuicios), estos se suman y dan como resultado el monto de la caución a fijar en el presente asunto, atendiendo cada una de las variables al momento en que se resuelve y dadas las particularidades del caso concreto. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por Marcos Castro López, conforme a los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, primero de diciembre de dos mil veintidós. 1. Se rinde informe previo. Visto lo de cuenta, téngase al el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, rindiendo informe previo, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. 1.1. Domicilio y autorizados. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y designando como delegados a las personas que refiere. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso Marcos Castro López, reclama en esta instancia constitucional: ? Del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La orden de cancelación del registro existente en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del comercio en el Estado, de la inscripción de la propiedad a favor del quejoso Marcos Castro López, inscrita bajo el Tomo 16989, registro número 22, del libro de propiedad correspondiente al distrito de Morelia; en la que se hizo constar el contrato de cesión de derechos respecto del lote número 18 de la manzana "M" actualmente con casa habitación, en la calle Nogal número 150, fraccionamiento Jardines del Rincón, de esta ciudad, emitida dentro del juicio ordinario civil sobre prescripción positiva 1092/2019. ? Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado. La cancelación del registro existente respecto a la inscripción de la propiedad, bajo el Tomo 16989, registro número 22, del libro de derechos a favor del suscrito. ? Director de Catastro del Estado. La cancelación del registro existente respecto del inmueble consistente en lote número 18, manzana "M", actualmente con casa habitación, en la calle Nogal número 150, fraccionamiento Jardines del Rincón, de esta ciudad. Ahora bien, de la certificación de cuenta, se advierte de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia de un antecedente en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistente en el amparo 301/2022, promovido por Gonzalo Mondragón Colín, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, autoridad a la que se le reclamó el ilegal emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 23/03/23 23:10:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.19.0a MAYRA STEPHANY MEDEL HERNANDEZ 1092/2019; juicio que en veinte de octubre de dos mil veintidós, se declaró legalmente cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia P./J.16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 . Ahora bien, el catorce de marzo de dos mil veintidós2 , se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el veintiuno de mayo de dos mil quince. En esa línea, con fundamento en los artículos 45 y 46 del referido acuerdo general, en lo que interesa dicen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: (.) II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin 1 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Libro 55, Tomo I, Página 10, Junio de 2018, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." 2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645500&fecha=14/03/2022 23/03/23 23:10:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.19.0a MAYRA STEPHANY MEDEL HERNANDEZ ??????????????? que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; (...)" La literalidad del primero de tales preceptos lleva al conocimiento que serán dos las formas en que se turnarán los asuntos mediante el sistema computarizado respectivo, a saber: a) Aleatoria; y, b) Relacionada. La primera se llevará a cabo cuando el asunto no cuente con antecedente alguno en el sistema de que se trata; en tanto que el segundo se actualizará cuando el sistema computarizado arroje un antecedente que vincule al asunto con otro registrado anteriormente dentro de una temporalidad de cinco años atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, por lo que se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció del antecedente, sin que sea limitación para ello si se abordó algún análisis de fondo del asunto. Por su parte, el artículo 46, fracciones II, en cita, lleva al conocimiento de que es criterio general de relación, por el cual un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, entre otros, el de que los actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. 23/03/23 23:10:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.19.0a MAYRA STEPHANY MEDEL HERNANDEZ En el entendido de que conforme al párrafo penúltimo del numeral 46 cuando se turne un asunto a un órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que toca conocer el mismo por razón de turno, lo remitirá con sus anexos al juzgado o tribunal que considere debe conocer; quien recibido dicho asunto decidirá si acepta o no su conocimiento. Lo anterior evidentemente con la finalidad de que dicho asunto se resuelva por el mismo órgano jurisdiccional para que se aproveche el conocimiento previo de las constancias del expediente de que se trata y sus antecedentes. Sentado lo anterior, en la especie, se actualizan las hipótesis prevista en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, pues como se advierte de la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, existe el antecedente más reciente 301/2022, en el que se analizaron actos derivados del juicio ordinario civil 1092/2019, del índice de la Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; en el que se dejó sin efectos todo lo actuado dentro del juicio natural y como consecuencia, las cancelaciones de las anotaciones que se efectuaron en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y ante la Dirección de Catastro del Estado, a favor de Amparo Castro Ávalos; y, con data veinte de octubre de dos mil veintidós, se declaró legalmente cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, el quejoso reclama la orden de cancelación del registro existente en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del comercio en el Estado, de la inscripción de la propiedad a favor del quejoso Marcos Castro López, inscrita bajo el Tomo 16989, registro número 22, del libro de propiedad correspondiente al distrito de Morelia; en la que se hizo constar el contrato de cesión de derechos respecto del lote número 18 de la manzana "M" actualmente con casa habitación, en la calle Nogal número 150, fraccionamiento Jardines del Rincón, de esta ciudad; decretada dentro del juicio ordinario civil 1092/2019, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo 301/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. 23/03/23 23:10:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.19.0a MAYRA STEPHANY MEDEL HERNANDEZ ??????????????? En las relatadas condiciones es evidente como se adelantó que el presente juicio de amparo 1291/2022, se encuentra vinculado con el diverso amparo 301/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Por tanto, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que es el órgano que conoció del amparo más reciente contra actos derivados del mismo expediente de origen. Con impresión de la versión electrónica de la demanda y del presente auto fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. 2. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

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